La disputa por la UAS que no se resolvió en Gobernación y terminó bajo la sombra del crimen

Por Redacción

El conflicto por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre el entonces gobernador Rubén Rocha Moya (separado actualmente del cargo con licencia «indefinida») y el grupo político encabezado por Héctor Melesio Cuén Ojeda tuvo un último intento de solución institucional el 16 de julio de 2024, cuando ambos bloques se encontraron en la Ciudad de México.

La reunión, celebrada en la Secretaría de Gobernación con la participación de Luisa María Alcalde y del encargado de despacho de la Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga, buscaba destrabar tanto la reforma a la Ley Orgánica de la universidad como los procesos judiciales contra integrantes de su estructura. El propio gobierno estatal informó entonces que los asuntos serían resueltos por las autoridades de Sinaloa.

Nueve días después, Héctor Melesio Cuén fue asesinado en Culiacán, mientras que Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión que el propio narcotraficante difundió posteriormente.

En una carta publicada en agosto de 2024, Zambada sostuvo que había sido convocado a una reunión para intentar resolver precisamente la disputa entre Rocha y Cuén por el control de la UAS; afirmó además que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado. Esa versión contradijo la primera explicación de las autoridades de Sinaloa, que habían señalado un ataque contra Cuén durante un supuesto intento de robo en una gasolinera.

La trascendencia de aquella disputa va más allá del enfrentamiento entre dos grupos políticos. La UAS concentra más de 160 mil estudiantes, alrededor de 20 mil trabajadores activos y jubilados y un presupuesto anual cercano a los 8 mil millones de pesos, de acuerdo con datos citados en la investigación de El Universal.

Después del asesinato de Cuén y de la captura de Zambada, la confrontación universitaria quedó inscrita en un escenario mucho más complejo, mientras la violencia se extendía por Sinaloa, en 2026, además, autoridades estadounidenses formularon acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; se trata de señalamientos judiciales de Estados Unidos, no de una condena.

Lo que permanece es una pregunta de fondo: ¿por qué una disputa política y universitaria que llegó hasta la Secretaría de Gobernación terminó vinculada, días después, con una reunión en la que —según el relato de Zambada— participaron actores del crimen organizado?

La reunión institucional del 16 de julio no logró resolver el conflicto y, nueve días más tarde, Cuén estaba muerto y “El Mayo” había sido sacado de México. La Fiscalía General de la República ha mantenido abiertas investigaciones relacionadas con el caso y con otros hechos vinculados a la influencia del crimen organizado en Sinaloa.

Fuentes consultadas: El Universal, El País, N+ y registros periodísticos sobre la carta de Ismael “El Mayo” Zambada.

Nota: Las afirmaciones atribuidas a Zambada y las acusaciones de autoridades estadounidenses se presentan como tales, sin asumirlas como hechos judicialmente probados.