La oscuridad, amiga de los diputados de Sonora

Por Rigo Gutiérrez E./

Un grupo de hermosillenses, buscan anular por la vía legal, la sesión del Congreso donde fue aprobado el Paquete Fiscal 2014; mientras los sonorenses dormían, se violentaron todo tipo de leyes según se detalla en la demanda

A espaldas de los sonorenses y en lo “oscurito”, diputados locales tejieron un entramado de acuerdos poco claros y particularmente salpicados de irregularidades que, evidencian violaciones a la Ley. Todo esto durante la sesión maratónica del Congreso del Estado, celebrada el 14 de diciembre pasado. Fue la última sesión del año y definitivamente, fundamental para la operación anual de todo el Gobierno de Sonora, y es que en esa discusión que se extendió hasta la madrugada del otro día, aprobaron el Paquete Fiscal 2014.

La anterior es la denuncia patente de un grupo de hermosillenses, llevada hasta el Juez Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, una demanda de amparo contra el mismo Poder Legislativo, donde se solicita la anulación de la referida sesión parlamentaria.

El documento admitido por la autoridad judicial para su seguimiento, consta de 60 hojas donde se expone a profundidad cada uno de los acto violatorios, como leyes mal redactadas y hasta en contra de la Constitución.

“Por primera vez nos hemos unido activistas, empresarios y académicos de diversos perfiles e ideologías para luchar por el interés legítimo, la sesión de la madrugada del 14 de diciembre se llevó a cabo en lo oscurito”, declaró Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana AC, agrupación que encabeza la demanda.

Entre las autoridades responsables, señalan a: el Congreso del Estado de Sonora; el gobernador Guillermo Padrés Elías; el Secretario de Gobierno, Roberto Romero; y también al Director General del Boletín Oficial del Estado, Eduardo Villarreal Ortiz.

¿Qué escondieron a los sonorenses?

La demanda fue recibida el 29 de enero por el Juez de Distrito con el registro de expediente 111/2014. Bajo el argumento de “Inconstitucionalidad de Ley”, reclamando la Ley de ingresos y presupuesto de ingreso del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2014.

Al Congreso ―siempre según establece la demanda colectiva― se le reclama por la ilegal e inconstitucionalidad del proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación y expedición de los decretos 78, 83, 91, 92 (publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Así las cosas, el 11 de diciembre, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso ―órgano interno de difusión del Legislativo― los temas a discutir el día próximo donde consideraba establecer una prórroga de días para seguir con las discusiones del presupuesto, sin que excediera el 31 de diciembre. Y así se aprobó en la sesión al siguiente día. Sin embargo el 13 de diciembre por la tarde se reunió la Comisión Primera y Segunda de Hacienda, hasta casi las doce de la noche. El 14 de diciembre inició sesión el Pleno del Congreso a las 3:20 horas y concluyó a las 6:30, aprobando diversas disposiciones legales, sin publicar previamente el orden del día en la Gaceta Parlamentaria, como se establece en la Ley Orgánica del Congreso. Pero el orden del día de la referida sesión contempló 35 puntos. La mayoría de relevancia como:

La ratificación en el cargo de Raúl Ramírez Ramírez, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la autorización al Ejecutivo para contratar una línea de crédito; el aval del Congreso de Sonora a la reforma en materia Energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto; la Ley de Registro Civil para el Estado; la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público; la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos (por 46 mil 442 millones de pesos); además de la autorización al gobernador Padrés de contratar empréstitos con bancos (para reestructurar deuda del Estado por 12 mil 700 millones de pesos).

Todo lo anterior votado y aprobado en un lapso de tres horas diez minutos, sin publicarse en la Gaceta ni decretos, ni iniciativas, menos informes.

Y es que de acuerdo a lo expuesto por Sonora Ciudadana, la Ley Orgánica del Legislativo en los artículos 123 y 126 obliga a los diputados a tratar en las sesiones, solamente los asuntos previamente aprobados en el Orden del día; además los dictámenes de las Comisiones ―figura donde los diputados formulan proyectos y decretos de Ley― se sujetarán a dos lecturas, aunque también pueden ser dispensados si estos fueron publicados en la Gaceta.

Por otra parte, infringiendo el artículo 134 de la mencionada Ley, acusa la nula discusión de los dictámenes presentados en el Pleno. De esta forma, los diputados decidieron no discutir algo de lo que no tenían conocimiento y procedieron a la votación.

Boletín oficial, fuera de servicio

Para nadie es un secreto la deficiente operación del departamento del Boletín Oficial y Archivo Histórico del Estado ―este semanario en su edición 2106 publicó el desinterés de la autoridad por esta importante área dependiente de la Secretaría de Gobierno― sin embargo en asuntos tan delicados como la publicación de leyes parece encontrarse sumido en un letargo.

Retomando el sentido de la demanda ciudadana, exhiben pruebas a la autoridad judicial de cómo fueron publicándose a cuentagotas los dictámenes emanados de la multicitada maratónica sesión. Aquí algunos ejemplos:

Para el 16 de diciembre, se publicó el decreto relacionado a la autorización al gobernador Padrés para solicitar créditos con instituciones financieras para apoyos a Ayuntamientos (un monto hasta por 230 millones de pesos).

El 19 de diciembre se publicó la Ley Número 100 de Ingresos y Presupuesto de Ingreso 2014, al igual que la Ley de Egresos.

El 23 de diciembre la Ley 96 Orgánica del Consejo Ciudadano de Transporte Público.

Y otras dos disposiciones de leyes más. De ahí en fuera, sostienen, no se ha logrado tener acceso a más información publicada en el Boletín y es que también, desde hace meses al abrir la página web, salta un mensaje indicando que el sitio está fuera de servicio.

Al respecto, en la demanda se argumenta que “…resulta claramente una estrategia jurídica que pretende precisamente que únicamente si procediere un procedimiento constitucional, únicamente invalidará una normatividad aprobada no el proceso en sí, sin embargo, al ser el fondo el problema del proceso legislativo, tendría que invalidarse todo lo resultante del mismo, a razón de no respetar los derechos humanos con dicho proceso…”

De manera general, apuntan que el proceso legislativo violentó claramente el artículo 14 de la Constitución Política en virtud de que el Congreso aprobó sin publicar los decretos y las leyes señalados en la Gaceta Parlamentaria, previamente a la sesión, procediendo a dispensar las lecturas primera y segunda de dichos dictámenes, violentando así el proceso legislativo ya que dicha sesión se advierte no fue legal.

“…la omisión del cumplimiento de los requisitos legales para la sesión provoca la nulidad del procedimiento de creación de ley por no contar con los requisitos mínimos de transparencia e información”, apuntan.

Remate de bienes para las deudas

La enajenación de bienes de los sonorenses para el pago del fondo de pensiones del ISSSTESON, también se cuela en la demanda de amparo, porque la petición del Ejecutivo al Congreso figura dentro del Presupuesto y a su vez por haber sido votado durante la madrugada del 14 de diciembre.

Es así que se le dedica todo un apartado. De entrada citando al Artículo 50 del Decreto aprobado, dice “Los recursos obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio estatal deberán destinarse, invariablemente, para realizar el pago de las cuotas de seguridad social pendientes de liquidar por parte del Ejecutivo estatal con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora…”.

Para los quejosos, lo anterior violenta la Constitución federal, en su artículo 134 que describe el patrimonio del Estado. “Los recursos económicos que disponga la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales; se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…”.

Ante esto refieren, al disponer de bienes para un objetivo diverso a lo que constitucionalmente está destinado, contraviniendo principios de legalidad y seguridad sustentados en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal.

El listado está compuesto por 15 bienes listos para su venta. De Hermosillo: el cerro el Bachoco, Estadio Héctor Espino, edificio de economía en Vado del Río (Blvd. Serna y Comonfort); Casa de Gobierno de Guaymas; La Alameda en Nogales; Estero Morúa en Puerto Peñasco. Entre otros.

Campaña contra “lo oscurito”

A lo largo de la exposición y los sustentos legales, Sonora Ciudadana es insistente en estar frente a un proceso empantanado, totalmente en contra de las garantías de la democracia representativa. Despreocupación en pleno, pero además, una advertencia de la sociedad civil de tener los ojos puestos en el actuar del funcionario público.

Es así que en un acto sin comparación, teniendo esta demanda como punta de lanza, promueven “En lo oscurito no”, donde informarán vía redes sociales sobre los agravios en los que incurrieron diputados al realizar “una sesión a espaldas de los ciudadanos”.

“Al celebrarse esta sesión del pleno en las condiciones en que se llevó a cabo, se violentaron los derechos humanos de los sonorenses al no respetarse el principio de legalidad, debido proceso legislativo y la seguridad jurídica que ordena que todo acto de autoridad sea fundado y motivado”, señaló ante medios Odracir Espinoza Valdez, abogado postulante.

Toda la información referente a estos acuerdos son públicos en el sitio sonoraciudadana.org.mx/enlooscuritono, donde dan por menores e incluso tiene colgado un video de la sesión de esa noche, evidenciando cómo los diputados desconocían lo que aprobaban, pese a insistencia de sus pares como Carlos Navarro del PRD y Abel Murrieta del PRI, rebatiendo.