GeneralNoticias_Recientes

Llueven rechazos a la Reforma Electoral de AMLO

AMLO
AMLO

Organismos empresariales y eclesiásticos ven con preocupación la iniciativa de reforma en materia electoral enviada por el presidente López Obrador al Congreso

Por Redacción

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámaras Industriales (Concamin) y Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), así como otros organismos de la sociedad como la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), han manifestado preocupación por la reforma electoral, pues consideraron que la iniciativa pone en riesgo al Instituto Nacional Electoral (INE).

Debido a que inició el análisis de esta iniciativa en comisiones de la Cámara de Diputados, esta semana surgieron voces de advertencia.

“Con las iniciativas de reforma en materia electoral que se han presentado, tanto constitucionales, como a leyes secundarias, la autonomía de los organismos electorales y su independencia para tomar decisiones en estricto apego a la ley están en riesgo y, con ello, se ve amenazado nuestro derecho a tener elecciones limpias y procesos electorales pacíficos, transparentes y confiables que coloquen a los verdaderos ganadores de elecciones al servicio de los mexicanos”, dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

El sector industrial del país que preside José Abugaber demandó al Poder Legislativo a que haya una discusión seria y apegada a los principios democráticos que nos rigen desde hace años y se abstenga de votar un dictamen que retrocederá a México a tiempos a los que nadie quiere regresar.

“Los mexicanos luchamos durante muchos años por tener un país en el que imperara la democracia; ahora que es así, no podemos minar la autoridad de los órganos electorales que han demostrado ser imparciales”, sentenció.

A través de diferentes posturas, el sector empresarial acotó en la misiva: “No es momento de hacer una reforma electoral. Una reforma de gran calado en la materia debe contar con el consenso de todas las fuerzas políticas; pretender que sólo una parte del espectro ideológico tome las decisiones implica poner en riesgo la imparcialidad del árbitro, que debe ser reconocido, respetado y acatado por todos, y sus decisiones deben quedar firmes una vez que pasen por la revisión del Tribunal Electoral”.

La Canacintra refirió que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advirtió que elegir mediante voto popular a consejeros y magistrados mediante procesos electorales cada seis años podría representar un costo superior a los 8,000 millones de pesos.

“Además de onerosa, socava el profesionalismo de los actores electorales, toda vez que, el politizar a estos cuadros sugiere una latente posibilidad de que quienes ocupen dichas responsabilidades no sean expertos en la materia y en cambio de ello, tengamos actores políticos”, acotó.

Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial expresó su convicción de que “hoy ya contamos con autoridades electorales plenamente confiables en su transparencia, imparcialidad, certeza y eficacia para la celebración de los comicios”.

Episcopado considera que podría haber una regresión

Por su parte la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresaron en un comunicado que dicha reforma “es claramente regresiva”.

“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil —y de los mismas organizaciones políticas—, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, se lee en el posicionamiento. Exhortan al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México.