
Parece cosa de broma, pero la encuesta demuestra que los hogares más ricos incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2020
Por Juan J. Sánchez Meza
Acostumbrados, como estamos, a la discusión de los temas que componen el largo menú de intrascendencias ofrecido desde Palacio Nacional; distraídos con los resultados de la pseudo consulta popular, su indescifrable pregunta y el amplio debate sobre las implicaciones y razones del desaire popular a la misma, poca atención hemos prestado a temas verdaderamente preocupantes, como son los resultados que nos ha arrojado la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), levantada por el INEGI y cuya fuente de información la constituye, precisamente, los residentes de los hogares y no una oficina de gobierno, siempre tentada a distorsionar la información o, por lo menos, a maquillarla convenientemente.
Esta experiencia de medición es importante no solo por el tamaño de la muestra, lo que obliga a realizarla cada dos años, sino porque permite conocer, a niveles de detalle, los medios a través de los cuales ingresan los recursos económicos a los hogares mexicanos y la forma en que éstos se gastan.
Recojo a continuación los hallazgos detectados por Gonzalo Hernández Licona, Director de la red de Pobreza Multidimensional, Oxford, y publicados en el periódico REFORMA este martes 3 de agosto.
Enfocado al destino de los recursos que la administración de López Obrador dirige a través de su política social, el investigador señala que el apoyo monetario de programas sociales y de becas gubernamentales se incrementó en 45% en términos reales entre 2018 y 2020.
Si bien a primera vista ese porcentaje nos revela un incremento más que significativo en los recursos destinados a la política social, el gusto nos dura poco. Cuando se observa lo que recibieron los hogares más pobres —específicamente el 10% más pobre— nos encontramos con que las transferencia gubernamentales cayeron un 32%. Es decir, el presidente López Obrador incrementó el monto de los programas sociales, pero se lo redujo a la población más pobre.
Parece cosa de broma, pero la encuesta demuestra que los hogares más ricos incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2020; el grupo localizado en el nivel inmediatamente inferior al más rico lo incrementó en 148% y el siguiente en 145%.
En resumen, al 30% de las familias más ricas se les incrementó en 129% el apoyo de programas sociales y becas gubernamentales, mientras que para el 20% de las familias más pobres los ingresos simplemente cayeron en forma notable.
Una buena parte de la propaganda con la que se “venden” estos programas del presidente López Obrador, nos habla de la universalización de los programas, como si esto hiciera posible, de manera mágica o automática, que los recursos llegan efectivamente a los más pobres.
Parece demasiado obvio advertir que para que los programas sociales lleguen efectivamente a los más pobres, lo que se requiere es focalizarlos precisamente a los segmentos más desfavorecidos de la población.
Aquí es donde llega a sentirse el peso de una burocracia inepta, improvisada, en cuyas manos se ha puesto nada menos que la grave responsabilidad de conducir los recursos fiscales de los programas sociales, precisamente destinados a las familias más pobres del país.
Como lo señala el mencionado investigador, un adulto mayor que ya tiene una pensión del IMSS no es parte de la población más pobre, pero es más fácil depositarle en su cuenta el apoyo del Programa de Bienestar para Adultos Mayores, mientras que el indio localizado en la Sierra Tarahumara resulta simplemente imposible de detectar para el ojo burócrata.
Así que eso de “primero los pobres” se quedó en un pobre eslogan de campaña.
@JuanJaimeSM50