Nueva Ley de Protección Civil en México

Por Guillermo Moreno

La aprobación de la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en México ha sido un momento significativo en el ámbito legislativo, desencadenando un debate intenso y variado en la sociedad y la clase política del país. Trata de establecer un marco integral para la prevención, preparación, respuesta y reconstrucción ante situaciones de emergencia, refleja la complejidad y los retos que enfrenta México en materia de gestión de riesgos de origen natural y antropogénicos.

Algunos sectores de la sociedad y especialistas en la materia respaldan la nueva ley como un paso importante hacia la promoción de una cultura de prevención, que puede salvar vidas y reducir daños materiales en caso de la materialización de un desastre. La agilización de procesos y la coordinación entre niveles de gobierno se destacan como quimeras significativas.

Sin embargo, existen críticas respecto a la descentralización de responsabilidades hacia estados y municipios sin un respaldo financiero adecuado por parte de la Federación, lo que podría poner en riesgo la solidaridad y subsidiaridad en la gestión del riesgo. Asimismo, se cuestiona el proceso legislativo, sugiriendo deficiencias en su análisis y discusión que generan un debate sobre su efectividad en la gestión integral de riesgos por la eliminación de propuestas innovadoras, sobre todo en la omisión de tomar en cuenta las participaciones ciudadanas en la simulación de parlamento abierto y enfoques fundamentales para abordar los riesgos de manera efectiva.

La desaparición de los Fondos de Desastres Naturales y Prevención de los mismos (FONDEN y FOPREDEN) ha generado inquietudes sobre la vulnerabilidad de la población frente a desastres sin un respaldo adecuado. Aunque se argumenta que esta medida busca evitar la corrupción (que sabemos que sí existe) y mejorar la eficiencia, es necesario asegurar que los recursos destinados sean suficientes y transparentes. Es decir, tan absurdo como eliminar la pobreza matando a los que menos tienen.

Aunque la creación de un fondo con recursos propios por parte de estados y municipios no es propiamente una locura, divide la visión como una medida positiva que garantice una mayor autonomía y capacidad de respuesta ante desastres. Es de reconocer la importancia de la prevención y la preparación es fundamental para fortalecer la resiliencia del país. Se hace necesario la creatividad para el cumplimiento, no todo está perdido, tendrán que ser más proactivas las autoridades locales.

Existen sectores que afirman que la promulgación de la nueva ley representa un avance hacia una política integral de protección civil y gestión del riesgo, coordinando esfuerzos entre niveles de gobierno y promoviendo la transparencia en la gestión de recursos públicos.

La evaluación de políticas bajo principios de derechos humanos son aspectos esenciales que deberían estar presentes en cualquier marco legal relacionado con la gestión del riesgo de desastres, fundamentales para la población durante situaciones de emergencia y, se destaca la importancia de que la nueva ley se fundamente en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre y en los estándares internacionales en materia de gestión del riesgo de desastres.

La aprobación de la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en México marca un avance significativo, pero es esencial comprender que ningún marco legal es estático ni perfecto. Debemos mantener una postura vigilante y abierta al diálogo continuo, reconociendo la importancia del parlamento abierto, que abrió la participación ciudadana, aunque debemos decirlo con todas sus letras, no ha sido la primera vez que se nos escucha, pero tampoco la primera vez que la Ley, ya aprobada, se queda durmiendo el sueño de los justos en el Senado, como sucedió en 2020.

Por ello, como sociedad civil organizada debemos estar en constante revisión y promover mejoras de las políticas de protección civil. Lo que sí, publicándose esta nueva Ley, pues será ya Ley y hay que cumplirla a cabalidad, esperando que la siguiente legislatura sea más receptiva a las propuestas que la sociedad civil aporta y podamos hacer las modificaciones necesarias para hacerla más efectiva posible, porque para salvar vidas humanas, como lo más importante del derecho humano y principal postulado de la protección civil, nadie tiene la verdad absoluta y todas las voces deben de ser bienvenidas.