Paquete de reformas de AMLO: Cimientos de una dictadura

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

ESTE DÍA el Presidente López Obrador hará llegar al Congreso de la Unión el paquete de reformas constitucionales que precederán a la elaboración de una nueva Constitución para México.

De acuerdo a su “Plan C”, espera consumar su propósito convencido de que los resultados de los comicios electorales del 2 de junio le permitan contar con el dominio de las dos terceras partes en la Cámara de los Diputados y –entonces sí- consumar su transformación.

Y es que, evidentemente, dicho paquete de reformas no pasará este semestre –salvo que el PRI se sume a su iniciativa de reformas al sistema de pensiones para que los trabajadores reciban el 100 por ciento de su sueldo al retirarse- porque no cuenta con esa “mayoría calificada” que en tratándose de reformas constitucionales, se hace obligatorio para su aprobación.

López Obrador quiere reformar al Poder Judicial Federal para controlarlo. Está proponiendo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por votación popular para, en su momento, enviar a sus incondicionales y manipular las votaciones.

En este aspecto, el exmorenista senador, Alejandro Rojas Días Durán, envió un mensaje para lanzar la idea de que se estaría de acuerdo con esta iniciativa, siempre y cuando las y los aspirantes a convertirse en ministros de la Corte, sean propuesto por los mejores abogados colegiados del país y las escuelas de Derecho acreditadas internacionalmente.

La opinión de Rojas Díaz Durán será “pateada” porque –en caso de “pasar” la reforma- AMLO jamás admitiría que dicho proceso de selección se saliera de su control y mucho menos que los aspirantes no fueran sus leales.

Habrá qué admitir que hasta ahora, la Corte ha cumplido su misión de mantener un equilibrio de poder defendiendo los criterios de la Constitución. A Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y, recientemente, Lenia Batres –ministras afines al Presidente- solo les importa obedecer las órdenes de palacio. La Ley la han guardado debajo de la cama.

Otra iniciativa es la reforma eléctrica. “Bajada” totalmente por la Corte hace apenas unos cuantos días, López Obrador insistirá en eliminar toda posibilidad de inversión privada en la generación de energía en el país y darle total supremacía al gobierno a través de Comisión Federal de Electricidad. Esta reforma la necesita la “cuatroté” para enfrentar incluso las exigencias que en ese sentido se contemplan en el renovado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, insistirá el Presidente en que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el control del árbitro electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral, el INE.

Y en el tema de las pensiones, se sabe que ningún país en el mundo jubila a sus trabajadores con el cien por ciento del sueldo que devengaba, porque se afectaría a las empresas y a la economía del país. Pero eso es precisamente lo que AMLO quiere: Desaparecer la clase media y aumentar exponencialmente el número de pobres.

Entre otras iniciativas, este paquete de reformas serán enviadas para construir los cimientos de lo que sería la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, si se hace realidad el objetivo de alcanzar el control de las dos terceras partes en la Cámara de los Diputados, ésta se convertirá en una legislatura constituyente.

Y sin ocultamiento alguno, la nueva “Carta Magna” sostendrá como base esencial, el control del Estado sobre el individuo, la empresa y hasta la vida humana.

Entonces sí, lo que jamás hemos vivido en este país a partir de la revolución mexicana y sus postulados en 1910, nos pondría al borde del abismo: La pérdida de nuestra libertad y del esfuerzo con que este país se ha construido.

Evitarlo está en manos de las y los ciudadanos, que al ir a votar el 2 de junio, decidirán el futuro de su patria, de sus hijos y las siguientes generaciones.