Los yaquis que se oponen al Acueducto Independencia denunciaron que el Gobierno de Sonora criminaliza su lucha por el agua y pasa por encima de los usos y costumbres al liberar órdenes de aprehensión por el delito de secuestro.
Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu, dijo que al igual que él, el secretario del pueblo de Vícam, Mario Luna Romero, así como Jerónimo Flores y Mario Jiménez, aparecen en una orden de aprehensión liberada el sábado 14 de junio por el Juzgado Tercero Penal en Hermosillo.
La Procuraduría de Justicia de Sonora los acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas de vehículo de propulsión mecánica.
«El Gobierno del Estado criminalizó un acto interno de la tribu que tiene sus normas internas para imponer la disciplina», dijo Rojo Valencia.
«No se puede criminalizar la lucha legítima de nadie, ni se puede fabricar delito ni inventar expedientes, lo que ha hecho el Gobierno del Estado».
Hace un año, el 8 de junio de 2013, durante el bloqueo carretero en el pueblo de Vícam para exigir el cese de operación del Acueducto Independencia, dos yaquis que colaboran con el Gobierno de Sonora tuvieron un altercado vial.
«Francisco Delgado Romo, en estado de ebriedad, junto con Dionisio Luzanilla Valencia, salieron intempestivamente en un vehículo y por poco atropellan a un niño y a una señora».
A petición del Gobernador tradicional de Vícam, los yaquis detuvieron a ambos hombres, los sometieron y llevaron a la guardia tradicional, sitio de toma de decisiones.
«En un juicio público ante la tropa se acordó darle un castigo ejemplar. Se le dieron ocho toques simbólicos con un chicote, de rodillas ante la cruz y eso lo exhibió a él públicamente y es más doloroso que otros actos de castigo corporal», agregó.
Los hombres denunciaron los hechos y ahora un juez penal los busca para encarcelamiento.
«La Procuraduría recibió un oficio de Amnistía Internacional señalándole que se tiene que respetar la autonomía de los pueblos, no trasgredir el orden interno», reclamó Rojo Valencia.
En su lucha, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental respalda a la etnia Yaqui, lo mismo que la Misión Civil de Observación, que envió una carta a la Secretaría de Gobernación reclamando el actuar del Gobierno sonorense.
Rolando Chacón / EL NORTE
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