La Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, la ley que regula la evaluación de los maestros.
El nuevo ordenamiento tuvo 390 votos a favor, 69 en contra, y 4 abstenciones.
Se realizaron 27 reservas a artículos, mismas que se discutieron en la madrugada.
Con el objetivo de atender reclamos de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el documento final redactado por integrantes del Pacto por México introdujo varias modificaciones al proyecto original enviado por el Gobierno federal.
La aprobada Ley del Servicio Profesional Docente prevé que los maestros, directores y supervisores en activo que reprueben tres evaluaciones anuales seguidas serán sacados de las aulas y readscritos para continuar en otras tareas, o se les ofrecerá incorporarse a programas de retiro.
Los nuevos maestros tendrán su plaza a los seis meses de haber ingresado al servicio, si tienen su expediente limpio.
Asimismo, serán evaluados durante dos años en los que estarán en programas de inducción acompañados de un tutor.
Si no pasan la evaluación serán separados del cargo.
Como parte de las modificaciones incluye una obligación de contratar durante los próximos dos años a egresados de las normales.
La CNTE se oponía a la iniciativa enviada por el Ejecutivo e incluso, cuando el pasado 19 de agosto se aprobó en comisiones, maestros inconformes irrumpieron en la Cámara de Diputados.
Ayer, en un Palacio Legislativo amurallado, se instaló la sesión de Congreso general para iniciar el periodo de sesiones y por la noche los Diputados aprobaron la tercera ley del paquete educativo, ante los reclamos de la CNTE de un «albazo».
En la nueva redacción de la ley también se incluyó una disposición para que el personal docente que sea readscrito o despedido pueda acudir a los tribunales laborales a impugnar la decisión de la Secretaría de Educación Pública.
El ingreso al sistema de servicio docente será mediante concurso público, en el que podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente.
De acuerdo con una modificación incluida por el Pacto en el documento, esta disposición entrará en vigor para la educación básica a los dos años siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Durante ese lapso, las convocatorias para concursos de oposición serán sólo para egresados de las Normales.
Con la nueva legislación, los comisionados sindicales ya no serán pagados por el Gobierno federal ni por los estatales, por lo que deberán ser remunerados por la propia organización gremial.
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