Un fiscal no solo dirige investigaciones: también debe comunicar, dar certeza, explicar con claridad los avances y límites de los casos

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Como ex Fiscal General de Justicia de Sonora y ex Procurador General de Justicia del estado, pero sobre todo como ciudadano, he podido constatar que pocas áreas influyen tanto en la percepción ciudadana de un gobierno como la procuración de justicia. El ciudadano común puede desconocer los pormenores de la política económica, fiscal o administrativa, pero sí percibe con claridad si vive en un entorno de seguridad, si se persiguen los delitos, si campea la impunidad y si la ley se aplica con profesionalismo y sin favoritismos. En ese sentido, la fiscalía de un estado no solo es un órgano constitucionalmente autónomo: es el principal espejo en el que termina reflejándose la eficacia —o la ineficacia— de cualquier administración pública.

La historia reciente de México ofrece lecciones importantes. La renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República no puede entenderse únicamente como la salida de un funcionario, sino como un episodio que reveló fallas profundas en la conducción de la procuración de justicia a nivel federal. En su obra El Fiscal Imperial, J. Jesús Lemus documenta cómo el entonces titular de la FGR habría utilizado la institución, en más de un caso, para gestionar o influir en asuntos de carácter personal, familiar o de interés privado. Dichos episodios, ampliamente discutidos en la opinión pública, deterioraron la credibilidad de la fiscalía federal y, con ello, afectaron directamente la percepción del gobierno en turno.

Es importante subrayar esto: cuando la procuración de justicia falla, no solo se debilita una institución, se debilita la administración pública completa. La ciudadanía difícilmente distingue entre fiscalías “autónomas” y gobiernos “separados orgánicamente”: lo que observa es que la inseguridad aumenta, los casos no avanzan y los conflictos legales parecen resolverse más por influencia que por legalidad. La consecuencia es inmediata: la confianza en el gobierno se erosiona.

Sonora no está exenta de este riesgo. La Fiscalía General de Justicia del Estado es, igual que su contraparte federal, un elemento clave para sostener —o poner en entredicho— la percepción pública de la administración estatal. El ejemplo nacional demuestra que basta un mal manejo desde la fiscalía para empañar por completo el trabajo de una administración estatal, incluso si otras áreas han funcionado de manera correcta.

En este contexto, resulta pertinente recordar lo que expuse en mi libro Hacia una Procuración de Justicia Autónoma en el Estado de Sonora. En el capítulo 4, titulado “Aptitudes y cualidades no previstas en la ley que en mi concepto debe reunir quien aspire a ser titular de la Fiscalía General de Justicia en Sonora”, planteo que la efectividad de un fiscal no depende solo de los requisitos formales que marca la legislación. Hay cualidades que, aun cuando no estén escritas, resultan indispensables para quien encabeza la institución.

En el apartado 4.1, destaco la necesidad de contar con “conocimientos jurídicos sobresalientes y muy en particular orientados al sistema penal acusatorio adversarial.” Esto no es un simple formalismo académico: se trata de que la máxima autoridad de la procuración de justicia comprenda profundamente la lógica del sistema actual, que es oral, adversarial, basado en contradicción y en estándares probatorios rigurosos. Un fiscal sin este dominio técnico está condenado a delegar decisiones clave o, peor aún, a tomar decisiones equivocadas.

En el apartado 4.4, señalo la importancia de una “amplia capacidad para expresarse y generar credibilidad ante la opinión pública y medios de comunicación.” Un fiscal no solo dirige investigaciones: también debe comunicar, dar certeza, explicar con claridad los avances y límites de los casos, y proyectar serenidad institucional. La ciudadanía no confía en quien no comunica; y quien comunica mal, genera incertidumbre. La gente de Sonora es de una sola pieza y sabe reconocer, con absoluta claridad, cualquier doblez en la personalidad, tan característico de algunos forasteros que en ocasiones pretenden “vendernos espejitos”. El tiempo, tarde o temprano, coloca a cada quien en su justa dimensión, y la rendición de cuentas —jurídica, política y social— resulta implacable. 

Finalmente, en el apartado 4.5, resalto la necesidad de “paciencia, serenidad, moderación, buen juicio y prudencia.” Estas cualidades son las que permiten al fiscal actuar sin impulsos políticos o personales, resistir presiones indebidas, mantener la calma en coyunturas mediáticas y tomar decisiones basadas en derecho, no en conveniencias coyunturales. Una fiscalía gobernada por los impulsos se convierte, inevitablemente, en una fuente de conflicto y desprestigio.

Son justamente estas características —humanas, técnicas y de carácter— las que permiten que una fiscalía funcione como debe: con equilibrio, firmeza, objetividad y mesura. Sin ellas, cualquier institución corre el riesgo de desviarse del interés público y convertirse en un foco de desgaste político.

Aquí estimo pertinente hacer un paréntesis para destacar algo que considero fundamental: el Poder Judicial del Estado de Sonora ha venido funcionando adecuadamente. Su desempeño ha permitido que, hasta hoy, la imagen del gobierno estatal no se haya visto afectada de manera grave. En momentos en que otros estados enfrentan crisis judiciales, tensiones internas o escándalos de corrupción, Sonora ha logrado mantener estabilidad y confianza en la impartición de justicia. Esto ha actuado, en buena medida, como un contrapeso saludable ante los retos que enfrenta toda administración.

Sin embargo, estamos entrando al último año y medio de gobierno estatal, que constituye el tramo más delicado de cualquier administración. El cierre de un régimen es siempre el periodo más vulnerable, pues es cuando se evalúan los resultados, se acentúan los pendientes y se consolidan —o se desmoronan— las percepciones públicas. En ese contexto, sería un error ignorar lo ocurrido recientemente a nivel federal.

Por ello, es indispensable que, en el ámbito de la procuración de justicia, se tomen en consideración las lecciones que dejó el caso de la fiscalía nacional. Se trata de actuar con visión y prudencia para evitar que la fiscalía estatal se convierta en el punto débil que marque negativamente el cierre de esta administración.

En otras palabras: lo que menos debe permitir un gobierno en su tramo final es que la procuración de justicia se convierta en la mancha que defina su legado. Ya vimos que a nivel federal el deficiente y, sobre todo, muy cuestionado funcionamiento de la fiscalía terminó por afectar seriamente la imagen del gobierno de la Dra. Claudia Sheimbaum Pardo. Sonora tiene la oportunidad de no repetir esa historia.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.

Correo: mdeocasc@hotmail.com