El debate de frivolidades

Por Jesús Susarrey/

Del voluntarismo al trastrocamiento de los valores democráticos

Con un IEE controlado por los partidos que se niegan a anteponer el interés general al interés partidario, el debate —como se esperaba— mostró una mecánica más enfocada a facilitar a los candidatos punteros el duro trance de exponerse al escrutinio público, que a hacer efectivo el derecho ciudadano a información suficiente y confiable. Evidenció la frivolidad de la política de hoy que estrecha los márgenes de maniobra de los candidatos y desprecia a la ciudadanía. El tema no es los ganadores o perdedores. Es el trastrocamiento de los valores de la democracia.

Lejos quedaron los candidatos de cumplir con el compromiso de exponer y confrontar públicamente sus proyectos políticos para darle contenido a la democracia. Generalidades, lugares comunes y obviedades. No expusieron diagnósticos estratégicos, no deliberaron sobre las causas de las problemáticas públicas y sólo esbozaron algunas propuestas. “Educación de calidad”, “salud total”, “policía de proximidad”, “becas” para casi todos, hospitales, una larga lista de generosas intenciones sin el  “cómo” y sin cálculo del “cuánto”. Nada que no hayan contemplado ya los planes de gobierno anteriores y que siguen pendientes de atención.

El voluntarismo y la frivolidad

Los punteros, Claudia Pavlovich y Javier Gándara, simplemente se negaron a debatir, sin posicionamientos políticos, sólo de frases, se concentraron en cuidarse del adversario. A excepción de la solidez de convicciones que mostró Carlos Navarro, el resto señaló rezagos y las calamidades presentes más para posicionamiento de imagen que para debatir. La retórica no sólo fue insuficiente, tuvo tintes de “voluntarismo”, el que supone que la realidad y las limitaciones que ella impone no importan, que la voluntad del gobernante es suficiente para alcanzar lo prometido. Nada de la ética de la responsabilidad que prescribió Max Weber como parámetro para medir vocación política.

El formato en sí mismo adelantaba el despropósito. Destinar dos minutos para desarrollar dos temas condenaba al electorado al mensaje simplificado, a la frase estridente, a la pobreza de argumentos. La frivolidad fue de origen. No se concedió al debate la importancia que merece, se centró en el interés partidario en vez del interés general. En los candidatos, no en el elector. Poco importó el deber de hacer efectivo el derecho ciudadano de contar con información suficiente para elegir y darle contenido a la democracia debatiendo públicamente el interés colectivo.

El enfoque estratégico de los candidatos sigue contraponiéndose al procedimiento de la democracia electoral. Están más orientados a aprovechar los errores del adversario que en los aciertos de la propuesta. Esta dinámica es la que incentiva las campañas negras que difaman y las negativas que intentan desviar la atención del elector con la sobreexposición de yerros pasados y expedientes personales. Fue la lógica del debate.

No está a discusión, las campañas negras son injustificadas y no es que las negativas también lo sean, toda información sustentada sobre el perfil de candidatos, su trayectoria y propuesta, es útil. El problema es que predomina en los discursos e inhiben el debate público de los intereses sociales justo cuando colectivamente deben deliberarse. Más que elegir gobernantes y políticas públicas, la sensación es que se promueve el cobro de agravios. La victoria por el voto de castigo al adversario, más que por la confianza ciudadana en la propuesta.

No es que deba renunciarse a la rendición de cuentas, es insoslayable en una  democracia liberal, los gobiernos actuales acusaran en distintos grados rechazo en la urnas y lo que prescribe el Estado de derecho es que sea revisada la legalidad de sus actos. El problema es que la descalificación que polariza, que confronta a la sociedad, parece ser el único diálogo posible y anula las ventajas del pluralismo que expone y tutela diversos intereses sociales. Por si fuera poco, la dinámica de las campañas políticas de hoy privilegian el voto clientelar, el acuerdo cupular y hace imprescindible a la mercadotecnia política que busca no convencer sino seducir para garantizar la rentabilidad electoral. Genera consensos deficitarios y bajos niveles de aceptación de los gobernantes por sus deficientes resultados y la percepción de improbidad e incompetencia.

Debate de enunciados no de problemáticas y propuestas

Es por ello que es motivo de reflexión que lo expuesto en el debate no capture la realidad sonorense, que no conecte del todo con la problemática. Poco acento se puso por ejemplo en la manera en que se enfrentarán desafíos futuros como la deuda pública; en el impacto de la reducción del gasto federal y de la expectativa del presupuesto base cero en los temas abordados. La municipalidad, la base de nuestra estructura política, simplemente fue ignorada y el sistema nacional anticorrupción no fue mencionado. La legalidad y transparencia fue abordado como si se tratara de atributo personal y no como dispositivo democrático ineludible.

La gobernabilidad entendida como la capacidad para responder a las demandas de la sociedad, no es posible sin la legitimidad y consensos sociales suficientes. El liderazgo democrático supone la capacidad para el desempeño y la elección de las mejores políticas públicas. Su construcción inicia con la contundencia de la oferta electoral. El reto no es menor y va más allá de vencer o cuidarse de no ser derrotado en un debate.

El equipo de estrategia de los candidatos quizá debería reflexionar sobre el enfoque seguido hasta hoy. Las ideologías definen ¿qué hacer desde el poder? y ¿para quién? mientras que los esquemas programáticos que de ella se derivan señalan el “como” y el “porque”, poco de ello se mostró en el debate. Robustecer la propuesta sin duda incrementa la capacidad para establecer relaciones de confianza con el electorado. Al poder se accede con los votos, pero gobernar no es un tema de popularidad. Es legitimidad, consenso y resultados.

Los señalamientos sobre impericia e improbidad del Gobierno de Guillermo Padrés deberían preocupar, pero eso amerita otro análisis.