El clan Aguirre desafía al Gobierno del Estado

Por Imanol Caneyada /

Después del acto de autoridad perpetrado por el Gobierno del Estado en San José de Moradillas, en el que abrieron el libre acceso a la comisaría perteneciente a La Colorada, en manos hasta ese momento del clan Aguirre, éste, mediante un comando armado, vuelve a cerrar el acceso argumentando que el poblado es de su propiedad

Ese tres de marzo de 2016 todo era fiesta y algarabía entre las 90 familias de San José de Moradillas, comisaría perteneciente al municipio La Colorada.

En un hecho insólito y que pensaron nunca sucedería, la autoridad ministerial del Gobierno del Estado se presentó en el poblado y tumbó las tres puertas que bloqueaban el acceso al mismo, declarando que nadie podía impedir el libre tránsito por los caminos de la República ni de aislar a un pueblo.

Dentro de San José de Moradillas, hasta ese día y desde que cerró la mina de grafito, se había instalado un grupo de gente armada al servicio de Carlos Aguirre, jefe de lo que los pobladores denominan el clan, cacique protegido por el entonces gobierno padrecista y especialmente por el ex procurador Carlos Navarro Sugich.

Carlos Aguirre es hermano de Mario Aguirre, el empresario involucrado en la investigación por los millonarios moches supuestamente pagados a los hermanos Padrés por la confección de los uniformes escolares durante el pasado sexenio.

Jesús Lorenzo Campoy Garcés, integrante de los pobladores que se enfrentaron legalmente al clan Aguirre, narra con brío el momento que ha denominado la toma de San José de Moradillas.

“Tras de un año de litigios, hoy, jueves 3 de marzo de 2016, rescatamos un pueblo enclavado en la sierra sonorense, secuestrado y escondido tras de tres puertas de acero, custodiadas por vigilantes privados armados y disfrazados de militares, pagados por ricos poderosos que tuvieron la osadía de despoblar una región con dinero y amenazas…”

Así inicia el texto que distribuían los pobladores de San José de Moradillas el pasado martes en la entrada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, adonde acudieron para manifestarse porque, en cuanto se retiró la autoridad ministerial de la comisaría, el clan Aguirre volvió tomar el control del poblado, a colocar las puertas que impiden el acceso y a expulsar a los pobladores.

No esperaron ni un día, de inmediato se apoderaron del lugar.

En ese mismo texto, el autor de la crónica cuenta cómo llegaron a San José de Moradillas respaldados por cuatro pick ups de la PGJE y un guardia vestido de militar les salió al paso:

“Soy el sargento Hubel Hernández Pinto, de las fuerzas armadas; estoy a cargo de la brigada que impide el paso por órdenes de don Carlos Aguirre”, consigna el cronista.

De los pick ups de la Procuraduría descendieron dos ministerios públicos, una secretaria de actas, dos comandantes de la policía ministerial y varios agentes, quienes desarmaron al espurio militar.

Las dos primeras puertas que impedían el acceso a la comisaría fueron derribadas fácilmente, continúa el cronista, y los sujetos que las custodiaban desarmados por la autoridad.

En la tercera puerta se encontraron con que “aparte de la puerta metálica, tapaba el camino un yunkle y tres guardias que nos impedían el paso, más la diminuta figura de la Ministerio Público Lic. Alba Reyna Espino Sandoval, con índice de fuego, ordenó mover el yunkle al grito de: ¡Nadie tiene derecho de aislar a un pueblo ni impedir el libre tránsito por los caminos de la República!”.

Después de eso, el relator de los hechos cuenta cómo entraron en procesión por el que fue su poblado y al descubrir los escombros y las ruinas a las que han reducido el lugar, gritaban: “Aquí estaba mi casa… hijos de perra”.

Desafío a la autoridad

El pasado martes 29 de marzo, un nutrido grupo de representantes de las 90 familias a las que un grupo armado les impide el acceso al que fue su pueblo y el pueblo de sus padres y abuelos, se presentó a las puertas de la PGJE para reclamar el hecho de que el clan Aguirre ha vuelto a cerrar los accesos a San José de Moradillas, ha expulsado a sus habitantes con uso de la fuerza bruta y bajo amenazas de muerte y siguen campando a sus anchas, en un abierto desafío a la autoridad del Gobierno del Estado.

A los pocos minutos de manifestarse, dos asesoras jurídicas se hicieron presentes e invitaron a un grupo de representante de los quejosos, incluido su abogado Gerardo Balderrama Orduño, a que pasaran a una oficina de la PGJE para exponer su queja.

Este reportero se coló con ellos.

Ahí, las licenciadas Getzemaní Valles y Bonny Salcido, asesoras jurídicas de la Procuraduría, conminaron a los quejosos a exponer su situación.

Explicaron que habían interpuesto una querella un año atrás contra Carlos Aguirre, que la resolución del juez había sido favorable a su causa, y que éste había ordenado la intervención de la autoridad ministerial para liberar el acceso al poblado.

Que el pasado tres de marzo así había sucedido, pero en cuanto desapareció la autoridad, los Aguirre se habían apoderado de la comisaría una vez más respaldados por un grupo de al menos 15 hombres armados y que los habían expulsado bajo amenazas de muerte, poniendo en riesgo la vida de niños y ancianos.

La respuesta de las asesoras jurídicas ante la exposición de los hechos, siempre de forma muy amable y conciliadora, fue que debían acudir al Sector 2 de la PGJE, en Villa de Seris, a interponer una nueva denuncia por los hechos suscitados para que la autoridad pudiera actuar.

El  abogado de los manifestantes les argumentó que había flagrancia ya que en ese momento un grupo de gente armada impedía el acceso a la población; aún así, insistieron las asesoras jurídicas, debían poner la denuncia.

Les pidieron fotos, videos, todo tipo de pruebas que sirvieran al Ministerio Público para actuar; los quejosos se mostraron más que dispuestos a enseñarles los testimonios gráficos de la destrucción de casas, iglesia y escuela que pudieron constatar durante el poco tiempo que les duró la dicha de regresar a su pueblo.

Uno de los presentes insinuó que ellos eran muchos más que los hombres armados que custodiaban el pueblo y que si querían, podían tomarlo a la fuerza, pero que confiaban en la autoridad y en el camino legal.

La respuesta de las asesoras no varió: por ser nuevos los hechos suscitados, debían acudir al Sector 2 a poner la denuncia para que la autoridad pudiera actuar; les prometieron que una vez puesta la denuncia, lo harían de forma expedita.

También pusieron a disposición de los manifestantes vehículos de la PGJE para trasladarlos a Villa de Seris a poner la denuncia.

Así se hizo.

Ahora falta saber qué tan rápido actuará la PGJE ante lo que es claramente un desafío a la autoridad del Gobierno del Estado por parte de un grupo armado que tiene tomada una comisaría, bajo el argumento sin demostrar que es propiedad privada de la familia Aguirre.