PGR reaprehende al operador de los «moches fiscales» de Padrés
Por Daniel Sánchez Dórame/
HERMOSILLO, 3 de Octubre.- Agentes de la Policía Federal Ministerial re aprehendieron a Francisco Avila Quiroga, ex director General de Auditoría del SAT en Sonora, identificado como el principal operador de los «moches fiscales» durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías, quien beneficio a familiares, políticos del PAN, socios y ex funcionarios con exención de impuestos que causaron un daño patrimonial de mil 705 millones de pesos al erario federal.
En un comunicado de prensa, la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que el ex funcionario fue detenido alrededor de las 17:00 horas (19:00 tiempo de la Ciudad de México) en un domicilio de la colonia 5 de Mayo, donde supuestamente intentó atrincherarse y opuso resistencia al arresto.
Avila Quiroga está siendo procesado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, dentro de la causa penal 61/2016 que lleva el Juzgado Decimosegundo de Distrito con sede en Hermosillo, según la averiguación previa el exDirector de Auditoría Fiscal del SAT benefició al exgobernador de Sonora y sus colaboradores más cercanos con exención de impuestos y auditorías fiscales amañadas que generaron un daño patrimonial al erario público federal por mil 705 millones de pesos.
El pasado 4 de agosto, agentes de la PFM detuvieron por primera vez a Francisco Ávila Quiroga, en atención a una orden girada por el Juez; durante el tiempo que estuvo arrestado, trascendió que el acusado mandó destruir una lujosa mansión que estaba construyendo en un exclusivo fraccionamiento, para entorpecer las investigaciones de la PGR.
Entre las empresas beneficiadas con la exención de impuestos, figura el Rancho Pozo Nuevo de Padrés propiedad de la familia del exgobernador de Sonora, esta sociedad rural adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales. Sólo pagó 119 mil 970 pesos, el resto se les “perdonó”.
En abril de 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que se realizaron las “auditorías a modo”.
CONSECUENCIAS
A consecuencia de esos actos de corrupción, el SAT suspendió la facultad de fiscalización al Gobierno de Sonora a finales del 2015.
El erario estatal en la presente administración dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en incentivos fiscales.