El Bronco financió ilegalmente recolección de firmas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, financió ilegalmente la recolección de firmas con las que obtuvo la candidatura.

Ante la resolución, los magistrados confirmaron la sanción por 739 mil pesos y visitas a la PGR, el SAT y a la Contraloría y Transparencia de Nuevo León para que se investigue al aspirante por triangulación de recursos.

El TEPJF rechazó los argumentos expuestos por el Bronco que buscaban demostrar que no había cometido faltas y que la autoridad electoral también había realizado una indebida valoración respecto a las irregularidades en materia de fiscalización detectadas por el organismo.

Por unanimidad de votos, se indicó que el Instituto Nacional Electoral cuenta con las facultades para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados antes y durante las campañas.

La presidenta magistrada del Tribunal, Janine Otálora Malassis, indicó que la sanción en la sesión pública son las conductas inadecuadas detectadas por la autoridad administrativa del INE.

El tribunal detectó tres tipos de mecanismos de financiamiento prohibido: la disposición de personal administrativo del gobierno estatal de Nuevo León (personas que recolectaron firmas a favor del candidato); aportación de recursos en efectivo de empresas de carácter mercantil mediante transferencias bancarias que simularon donar como simpatizantes y la dispersión de recursos a través de tarjetas de crédito.

Jaime Rodríguez Calderón, no sólo obtuvo firmas irregulares para lograr su registro, también utilizó a 652 servidores públicos de Nuevo León para recabar apoyo ciudadano siendo gobernador del estado; trianguló recursos de origen prohibido por 2.6 millones, simulando aportaciones de ciudadanos cuando el dinero provino de empresas; y empresas pagaron 6.5 millones a sus auxiliares sin que lo reportara en sus gastos. Los tres procedimientos suman un monto involucrado de 13 millones 623 mil 429 pesos.

El consejero electoral, Ciro Murayama, explicó a HuffPost en una entrevista publicada el mes pasado que, no obstante lo anterior, el único recurso legal por el cual podría retirársele la candidatura es rebasar en 5% el tope de gasto de campaña.

«La ley solo tiene una causal para evitar una candidatura por mal uso de recursos en la etapa de aspirante, que es la que sancionamos ahora, y sería el exceso de gasto al tope que fue de 33 millones de pesos y no se acredita que haya gastado más que eso», acota Murayama.

HUFFINGTON POST