Sonora: seguridad con método, no con ocurrencias

La evidencia municipal muestra que existen amplias zonas donde los registros de homicidio doloso y feminicidio se mantienen bajos en el acumulado anual, y eso se traduce en vida comunitaria más estable

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Hay una discusión que, por repetida, termina siendo injusta: cuando se habla de seguridad en Sonora, pareciera que el estado entero cabe en dos coordenadas —Hermosillo y Cajeme— y que todo lo demás es un pie de página. No lo es. Sonora es frontera, sierra, desierto, valle, puerto, pueblos pequeños y ciudades medianas; una geografía inmensa con realidades distintas conformada por 72 municipios. Y si queremos hablar con seriedad de seguridad pública y política criminal —no solo de frases— tenemos que reconocer dos cosas a la vez: que existen focos urbanos que exigen atención intensa y permanente, y que, al mismo tiempo, en la gran mayoría del territorio sonorense se vive una tranquilidad que no se explica por casualidad, sino por institucionalidad y un trabajo serio.

En ese marco, el reconocimiento personal que hoy se merece la Mesa Estatal de Seguridad —y su titular, el gobernador Alfonso Durazo Montaño— no es un aplauso ciego. Es un reconocimiento técnico: cuando un gobierno instala rutinas de coordinación, produce resultados medibles y sostiene una estrategia, la seguridad deja de depender del ánimo del día y se vuelve política pública.

La política criminal moderna no se mide por discursos, sino por capacidades: estado de fuerza, despliegue territorial, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y continuidad. En el año 2025 se han visto señales claras de esa lógica.

Primero, el fortalecimiento municipal. La entrega de 67 patrullas a 21 municipios, reportada por medios nacionales y locales, no es un acto ceremonial: es un mensaje de presencia estatal y de corresponsabilidad con los ayuntamientos, donde se juega buena parte de la prevención situacional y la reacción inmediata.

Segundo, el estado de fuerza. La incorporación de 171 nuevos policías de proximidad, formados en la Universidad de la Seguridad Pública, se inscribe en el corazón de la política criminal: profesionalizar, certificar y sostener el relevo generacional. No hay “mano firme” sin policías capaces y evaluables.

Tercero, la Mesa Estatal de Seguridad como mecanismo, no como fotografía. Cuando una mesa funciona, se nota porque deja números sobre la mesa: aseguramientos, cateos, órdenes de aprehensión, detenciones y decomisos que golpean la economía criminal. En Sonora, en semanas recientes se informaron resultados como el aseguramiento de más de 2.19 millones de dosis de droga y la detención de 202 personas en operativos coordinados (24 al 30 de noviembre), justamente bajo el esquema de coordinación interinstitucional. Aquí vaya mi reconocimiento a la eficacia y resultados del Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Carlos Flores.

Y hay golpes mayores que, por sí solos, dibujan la dimensión del esfuerzo: el aseguramiento de 13,769,300 dosis de narcóticos en Huatabampo, reportado por distintos medios, es una acción que no se logra con improvisación, sino con inteligencia, coordinación y ejecución operativa.

Ese es el punto: la seguridad pública no se construye con ocurrencias ni con pleitos entre instituciones. Se construye con coordinación sostenida, y eso es, en los hechos, lo que hoy representa la Mesa Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador.

Sonora no es sólo Hermosillo y Cajeme: ahora bien: ¿cómo sostener —sin retórica vacía— que existe un Sonora amplio, fuera de los grandes focos urbanos, con niveles de tranquilidad que merecen ser reconocidos? Con evidencia municipal.

Si tomamos el indicador más duro, el que peor tolera maquillaje —homicidio doloso y feminicidio—, la lectura municipal muestra una realidad que rara vez entra a la conversación pública: en el acumulado enero a octubre de 2025, hay municipios con registros bajos (de cero a cinco casos) que, en términos de vida cotidiana, se traducen en entornos de convivencia mucho más estables que la narrativa totalizante de un Sonora violento. Ahí están, por ejemplo, municipios con cero casos en el período: Aconchi, Arivechi, Átil, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Bavispe, Baviácora, Benjamín Hill, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huepac, Huásabas, Mazatán, Naco, Nacozari, Nácori Chico, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Villa Hidalgo y Villa Pesqueira; así mismo con 1 caso en el periodo: Arizpe, Bacanora, Carbó, Cucurpe, La Colorada, Moctezuma, Rayón, Santa Cruz, Sáric, Ures, Yécora, y varios con 2 a 5 casos Agua Prieta, Benito Juárez, Cananea, Ímuris, Magdalena, Puerto Peñasco, Santa Ana y Tubutama.

Al mismo tiempo, también es cierto —y nadie serio debe negarlo— que el fenómeno se concentra con fuerza en ciertos municipios: Cajeme y Hermosillo aparecen con cifras mayores. Esa concentración no significa que “todo Sonora está igual”; significa que la política criminal debe ser, precisamente, focalizada: recursos y operaciones donde el riesgo es más alto, sin descuidar el resto del territorio.

Este dato es crucial para la conversación pública porque evita dos trampas: la de negar el problema donde existe y la de exagerarlo donde no se expresa con la misma intensidad. Un gobierno responsable hace exactamente eso: reconoce los focos rojos y, al mismo tiempo, protege y consolida los municipios donde la seguridad se sostiene con mejores condiciones.

En política criminal, los resultados no se declaran: se miden. En Sonora, distintos reportes periodísticos han recogido datos del Secretariado Ejecutivo sobre una disminución de 20.8% en homicidios de enero a octubre de 2025 respecto del mismo periodo de 2024.

Ese dato —sin convertirlo en triunfalismo— sí es consistente con una narrativa institucional razonable: cuando hay coordinación, fortalecimiento de corporaciones y golpes a mercados criminales, el homicidio tiende a resentirse. No es automático, no es lineal, y mucho menos es irreversible; pero es una señal que debe ponerse

sobre la mesa, porque la discusión pública necesita indicadores, no únicamente percepciones.

Para quienes vemos la seguridad desde el Derecho Penal y la política criminal, la pregunta relevante no es “¿quién grita más fuerte?”, sino “¿qué decisiones cambian incentivos y reducen capacidades delictivas?”.

En ese sentido, la Mesa Estatal de Seguridad puede leerse como un dispositivo de política criminal aplicada en tres niveles:

1. Interdicción y debilitamiento de mercados ilícitos. Aseguramientos multimillonarios de dosis de droga no son “trofeos”: son golpes a la oferta, a la logística y a la liquidez del crimen. Y, sobre todo, son mensaje disuasivo: en Sonora hay coordinación para pegarle al negocio.

2. Presencia territorial municipal. Patrullas en municipios y refuerzo local significan capacidad de reacción, vigilancia y prevención situacional. Esto impacta delitos de oportunidad y reduce espacios de impunidad cotidiana.

3. Profesionalización del estado de fuerza. No hay Estado de derecho sin policías formados. Los 171 nuevos elementos son una inversión en institucionalidad: menos margen para la improvisación y más margen para la legalidad operativa.

Esta tríada —interdicción, territorio y profesionalización— es, en términos técnicos, el corazón de una estrategia seria. Y, cuando se sostiene en el tiempo, es lo que permite decir, con sustento, que Sonora no está condenado a una sola historia de violencia.

El error de siempre es narrar al estado como si fuera un solo municipio. No lo es. La evidencia municipal muestra que existen amplias zonas donde los registros de homicidio doloso y feminicidio se mantienen bajos en el acumulado anual, y eso se traduce en vida comunitaria más estable. Ese Sonora también existe y también merece ser defendido, porque es justamente el que puede ser modelo: comunidades donde la presencia institucional, el tejido social y la intervención oportuna permiten sostener paz pública.

Y ahí está la conexión con el trabajo de la Mesa Estatal de Seguridad: si un gobierno opera sólo para “apagar incendios” en dos ciudades, abandona el resto del territorio. Pero si opera con lógica de Estado —reforzando municipios, articulando coordinación y ejecutando operaciones de alto impacto— entonces puede contener focos, proteger zonas tranquilas y evitar que el contagio delictivo se expanda.

En seguridad pública, el peor error es cantar victoria; el segundo peor, negar avances. Lo que corresponde hoy es un reconocimiento ciudadano a un esquema que está dando señales: coordinación real, fortalecimiento municipal, profesionalización policial y golpes relevantes a las estructuras criminales.

Y el reconocimiento tiene nombre y responsabilidad política: el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en su carácter de titular de la Mesa Estatal de Seguridad, está conduciendo un modelo que entiende algo elemental: Sonora se gobierna completo, no por partes; se protege con método, no con espectáculo; y se defiende con instituciones, no con ocurrencias.

Porque Sonora no es sólo Hermosillo y Cajeme. Sonora también es —y debe seguir siendo— ese conjunto de municipios donde la gente aún puede vivir con tranquilidad, y donde el Estado tiene la obligación de conservar la paz como el bien público más valioso.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.