A seis años de la Reforma: De la conquista feminista a la mordaza ciudadana

Casos absurdos como “Dato Protegido” y el “Caso Emma” son una muestra clara de la distorsión de la violencia política de género, que opera bajo una brutal asimetría de poder

Por Mónica Calles Miramontes

Imagina terminar un largo día de trabajo en donde te anunciaron un nuevo recorte salarial por austeridad; de camino a casa no solo lidias con el tráfico, sino con un par de baches y una calle inundada. Llegas a casa y, más relajado, ves redes sociales donde observas a una política que desvía recursos públicos y promociona su nueva candidatura; así que le reprochas y exiges cuentas.

Dos semanas después, tienes que enfrentar todo el peso del Estado, porque ha iniciado una persecución judicial en tu contra, solo por atreverte a criticar a quien ejerce el poder.

Hoy esta es la realidad de la justicia electoral en México.

Este 13 de abril se cumplen seis años de una reforma histórica que reconoció la violencia y discriminación que afecta la participación política de las mujeres. A partir de entonces, los institutos y tribunales electorales contaron con un marco jurídico para sancionar la violencia política en razón de género.

Lamentablemente, lo que hoy deberíamos festejar como un avance, se ha vuelto la mayor amenaza para la libertad de expresión y para preservar la endeble democracia que queda en México.

Las verdaderas violencias continúan, mientras los instrumentos para abatirlas se están pervirtiendo para convertirse en un escudo de impunidad frente al escrutinio público y en un atajo para censurar a ciudadanos y medios de comunicación.

Casos absurdos como “Dato Protegido” y el “Caso Emma” son una muestra clara de la distorsión de la violencia política de género, que opera bajo una brutal asimetría de poder.

Los tribunales han dejado de lado reglas básicas de un proceso judicial y hoy llaman “vanguardia” a la violación de derechos humanos: revertir la carga probatoria, culpables sin sentencia, escudriñar en la vida privada, suspensión de derechos humanos y el uso de las instituciones para exhibir y humillar a ciudadanos.

En 2025, en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género del INE muestra que casi el 60% de las sanciones se dirigieron contra ciudadanos, medios de comunicación y periodistas, no contra perfiles políticos.

A esto hay que sumar los cientos de procedimientos que cada año se inician contra ciudadanos y periodistas que no llegan a sanción, pero durante meses o años generan una afectación patrimonial y psicológica.

No hace falta sancionar cuando el acoso judicial es suficiente castigo.

El problema no es estadístico, es de fondo. La violencia política de género se está utilizando para censurar a ciudadanos y a la prensa, porque se conjugan tres factores: Autoritarismo de funcionarias públicas y políticas.

Tribunales que obedecen a causas políticas.

Desconocimiento de los estándares sobre libertad de expresión, democracia y violencia política de género.

Los tribunales electorales están para tutelar y garantizar la participación política de las mujeres, pero debemos tener muy claro que esta participación no se ve limitada por un comentario en Facebook o X, aun si este resulta desagradable.

En democracia la libertad de expresión siempre debe ser maximizada y la intervención estatal se justifica en casos excepcionales que realmente lo ameriten. Los debates y críticas deben permitirse, aunque sean severas o hirientes. Los derechos políticos no se limitan por afectar la sensibilidad o el ego de una política.

*Abogada y consultora especialista en materia electoral