Desde hace varios años, la clase política comenzó a apostarle a la industria de los casinos.
Y es que al menos 11 de las 31 empresas registradas ante la Secretaría de Gobernación, y que operan más de la mitad de los establecimientos, tiene entre sus accionistas a personajes ligados con la política.
El más visible es el ex Alcalde de Tijuana y precandidato al Gobierno de Baja California por el PRI, Jorge Hank Rohn, quien en junio de 2011 fuera acusado por la PGR de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.
A través del Grupo Caliente, Hank figura como accionista de seis permisionarias: Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Hipódromo de Agua Caliente, Impulsora Géminis, Libros Foráneos, Operadora Cantabria y Operadora de Apuestas Caliente.
En una de estas empresas, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, también aparece como accionista Armando Bejarano Almada, hijo del ex Gobernador priista de Morelos entre 1976 y 1982, Armando León Bejarano.
Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo del ex regente del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, es accionista de Atracciones y Emociones Vallarta, empresa ligada a la operación del extinto Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas debido a un ataque del narcotráfico.
De acuerdo con documentos de la Segob, el presidente del consejo de administración de esta permisionaria es Rodrigo Madero Covarrubias, familiar del ex Alcalde panista de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga.
La empresa Divertimex es operada por un ex funcionario del Gobierno de Sonora y un ex empleado de la Cámara de Diputados: su director general y principal accionista es Faustino Islas Ponce, quien fue subsecretario de Ganadería durante la Gubernatura del priista Manlio Fabio Beltrones.
Otro accionista es Alejandro Cansino León quien, según registros, laboró hace años en el Departamento de Enlace Legislativo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara baja.
En Promociones e Inversiones de Guerrero figura Carlos Riva Palacio Magaña, hijo de Carlos Riva Palacio, ex secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Otro empresario de casinos es Francisco Escofet Artigas, hermano del ex subsecretario de Energía y ex titular de la Comisión Federal de Electricidad a principios de la década de los 80, Alberto Escofet. Según los registros de la Segob, es accionista de Espectáculos Deportivos de Cancún.
Más personajes de la vida política del País han sido vinculados con la industria del juego, aunque no figuran en los registros públicos de la Segob; por ejemplo, Sergio Jacinto Gil García, ex director de Comercio de Monterrey.
A este hombre se le vincula con el «Casino Red» de Monterrey, lugar donde Jonás Larrazabal, hermano del ex Alcalde Fernando Larrazabal, fue videograbado en 2011 recibiendo fajos de dinero, producto de un supuesto chantaje para que el municipio dejara operar a la casa de juego.
Más recientemente, la abogada Talía Vázquez, ex esposa de Juan Iván Peña Néder, acusó al senador Roberto Gil Zuarth y al coordinador de los diputados, Luis Alberto Villarreal, de participar en una red de tráfico de influencias para gestionar y operar casinos. Los legisladores lo han rechazado.
Dejan Secretaría para ser empresarios
Varios ex funcionarios han brincado de la Secretaría de Gobernación a la industria del juego. El caso más sonado es el de Juan Iván Peña Néder, ex coordinador de asesores del ex subsecretario Abraham González, en tiempos de Francisco Ramírez Acuña.
El abogado, quien lideraba una sociedad secreta de corte filofascista y antisemita, partidaria de la supremacía aria, operaba un casino en Michoacán y era socio de otro en Salamanca, Guanajuato.
Actualmente, el ex funcionario está preso en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, por el presunto delito de violación.
Otro es Roberto Correa Méndez, ex titular de la Dirección de Juegos y Sorteos, señalado como operador de los casinos Fortuna y socio de Peña Néder.
La Secretaría de Gobernación lo denunció ante la Procuraduría General de la República por emitir criterios de excepción regulatoria a 2 de las 4 operadoras del Casino Royale de Monterrey, Nuevo León.
En la lista también figura Miguel Ángel Ochoa, ex director de la Unidad de Enlace Federal de la Segob, quien ahora funge como presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas.
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