‘Aquí no hay más lugar para migrantes’

Madres con sus bebés en brazos, familias con niños pequeños, niños solos, deambularon en autobuses por California, ante la imposibilidad del Gobierno federal de EU de manejar las protestas de decenas de personas que no les dejaron llegar a su destino.

Murrieta, un pueblo de California ubicado a unos 140 kilómetros de Tijuana, fue testigo de la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos.

El Gobierno federal envió inmigrantes indocumentados para ser procesados en las oficinas locales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, según sus siglas en inglés), pero ante la protesta de más de 200 personas -algunas con cárteles que decían «Detengan la inmigración ilegal»- y el reclamo del Alcalde, Adam Long, tuvo que llevarlos a otro lado.

«Querían enviar 500 personas cada tres días para procesarlos, y saben que no tenemos capacidad para hacerlo», se quejó Long a REFORMA.

«Este es un problema federal que está siendo llevado a nuestra oficina local, y nos oponemos», agregó.

Murrieta es un síntoma. El Gobierno federal ha quedado desbordado para procesar las deportaciones de las personas que llegan desde Centroamérica huyendo de la narcoviolencia y en busca de una mejor vida, y el resultado ha sido autobuses y aviones que van de una ciudad a otra, intentando repartir la carga entre las oficinas locales de la Secretaría de Seguridad Interior (DHS, según sus siglas en inglés).

«La pregunta es, si éstas son familias jóvenes, madres y padres con niños pequeños, ¿dónde van a ir? Aquí no hay alojamiento. Ese es el tipo de preocupación de nuestra comunidad», explicó Long.

El Alcalde dijo que no tiene comunicación directa con el Gobierno federal, y que ha hecho gestiones a través de congresistas de California y los agentes fronterizos locales.

La oficina local de Murrieta puede procesar a 25 personas en un turno de 8 horas. El Gobierno federal quería enviar 500 personas cada tres días, sin decir cuándo dejaría de hacerlo.

Long dijo que luego de ser recibidos por manifestantes, los autobuses del Gobierno federal se dirigieron a San Ysidro, un distrito en la ciudad de San Diego.

Juan Silva, un soldador de 27 años, dijo que pensaba que los autobuses transportaban narcotraficantes. Pero luego supo que llevaban familias migrantes.

«No creo que la gente en esa ciudad (por Murrieta) deba estar en contra de los niños pequeños. No estamos hablando de los violadores. Estamos hablando de seres humanos. ¿Cómo se sentirían si se trataba de sus hijos?», dijo Silva, según consignó la filial de Los Ángeles de la cadena Fox News

Long dijo que no está en contra de la inmigración.

«El quid de la cuestión es que hay personas que están tratando de salir de una zona menos deseable para venir aquí. Mi familia vino de otro país, la familia de mi mujer vino de otro país. Nadie está en contra de la gente que viene aquí. El problema es que el procedimiento está roto», afirmó.

REFORMA