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Cámaras corporales de Contraloría costaron 5.5 mdp

El Contralor Guillermo Noriega, el año pasado presentó el programa anti-corrupción que considera el uso de la cámara móvil en inspectores.
El Contralor Guillermo Noriega, el año pasado presentó el programa anti-corrupción que considera el uso de la cámara móvil en inspectores.

La Contraloría de Sonora compró, por adjudicación directa, 200 cámaras de vigilancia móviles y una plataforma de video vigilancia a la empresa Sera Soluciones Integrales de Nuevo León

Por Gerardo Moreno Valenzuela

La Secretaría de la Contraloría General del Estado, a cargo de Guillermo Noriega Esparza, decidió implementar un programa de video vigilancia móvil en todos los inspectores del Gobierno de Sonora, en el cual se gastaron casi 5.5 millones de pesos, incluyendo 200 cámaras, equipamiento, estaciones de descarga y software, compradas sin licitación a una empresa de Monterrey, Nuevo León.

Según el contrato número 06-1060001200-AD-2022-20, esta compra se realizó el ocho de agosto del 2022, mediante un proceso de Adjudicación Directa con la empresa “Sera Soluciones Integrales SA de CV”. Y el contrato fue firmado el día 23 de agosto.

Esta empresa fue creada el 18 de julio del 2014 en Monterrey, Nuevo León, y su representante legal registrado es el ciudadano Javier Huerta Hernández.

El contrato fue por “el servicio integral de la plataforma de video vigilancia móvil en apoyo a visitas de inspección del Gobierno del Estado”, que incluye entrega de equipos y licencias de sistemas operativos, implementación de la plataforma.

En total son 200 cámaras móviles, 10 monitores, 10 computadoras de escritorio, ocho discos duros, 25 estaciones de descarga de información, un servidor, todo el software y la instalación y configuración del mismo.

El costo del contrato total fue de 4 millones 729 millones de pesos más 756 mil pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, un total de 5 millones 486 mil pesos. Pagados en tres fases distintas:

“Primera Plana” tiene copia del Contrato donde se especifica la calendarización de la entrega de recursos a “Sera Soluciones”.

La primera fase que incluye la entrega de las 200 cámaras de tipo corporal marca Hikvisión DS-MCW406/128 GB, un servidor de datos, ocho discos duros SATA de 8 TB, el soporte por tres años, la licencia de Windows server y 10 equipos de cómputo; por un monto total de 2 millones 552 mil pesos (IVA Incluido).

La segunda fase consta de la instalación de hardware del servidor y su configuración para usarlo de manera inmediata, el software multiusuario de administración y reguardo de la información, instalación y capacitación, tanto del sistema como de las cámaras; por un costo de 2 millones 5 mil pesos.

Y la tercera es el suministro de 25 estaciones de descarga, que incluye instalación y configuración, por un costo de 928 mil pesos.

Todo el contenido del contrato debería estar totalmente concluido para el día 15 de noviembre del 2022. Según la cláusula Quinta, que marca la vigencia.

¿Quién las usa?

Con información obtenida a través de la Ley de Transparencia, se detalló que la Contraloría adquirió un total de 200 cámaras de video vigilancia móvil, con la empresa “Sera Soluciones Integrales”, por un precio unitario de 6 mil 600 pesos más IVA.

Estas serían utilizadas por el personal que realiza inspecciones de las distintas dependencias del Estado, y fueron distribuidas en:

Funcionarios de 11 dependencias tienen cámaras corporales.  

Un total de 65 para la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coesprison), 33 para la Secretaría de Seguridad Pública, aunque la respuesta marca que aún están pendientes de entrega; y 21 para la Coordinación Ejecutiva de Movilidad y Transporte.

Por otro lado, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, la Coordinación de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) de la Secretaría de Hacienda, la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y la Secretaría de Agricultura (Sagarhpa), se les entregaron 14 cámaras de video vigilancia móviles a cada una.

También se entregaron 12 cámaras para la Secretaría del Trabajo, 6 para la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes), 4 para la Coordinación Estatal de Protección Civil, y 3 para la Secretaría de Turismo, quien también está pendiente por recibirlas.