Dan ‘reversa’ al cobro inconstitucional de Registro Público

Por Gerardo Moreno/

En el proyecto del Paquete Fiscal 2014, el Gobierno del Estado modificó el artículo 321 de la Ley de Hacienda, para fijar “cuotas uniformes” por cada servicio que soliciten

El gobierno de Sonora modificará para el próximo año el cobro del impuesto sobre “Registro de Documentos”, un gravamen catalogado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que realizaban desde las ventanillas de la Dirección General de Servicios Registrales.

En la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2014, presentado por el Ejecutivo del Estado al Congreso, se pueden observar estas reformas.

Primera Plana, en su edición 2187, evidenció cómo el Gobierno cobraba impuestos que no eran equitativos ni proporcionales, de acuerdo al resolutivo 6/2013 enviado por la SCJN, donde señaló como una “acción inconstitucional” el cobro que realizaba Servicios Registrales a través del Instituto de Catastral y Registral del Estado (ICRES), en la aplicación del artículo 321 numeral I de la Ley de Hacienda vigente desde el 31 de diciembre del 2012.

En dicha ley se gravaba de manera indiscriminada la inscripción de documentos que contienen diversas operaciones comerciales al Registro Público, pues cobraba el impuesto en base al monto que indicaba el documento o la transacción a registrar en base a “una tasa de 5 al millar” y no por el costo real del servicio, contradiciendo así al artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal donde se pondera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

La acción de inconstitucionalidad la promovió la Procuraduría General de la República a través de la dirección general especializada en el estudio de leyes complementarias y fue aprobada por unanimidad de votos en sesión de la SCJN del 28 de octubre de este año.

Ahora en el Paquete Fiscal del 2014, se incluye una iniciativa de “Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales del Gobierno del Estado”, en ella, además del Código Fiscal y la Ley de Alcoholes, se intenta reformar la Ley de Hacienda, donde entre otras cosas se modificaría el mencionado artículo 321, para fijar cuotas uniformes para todos los ciudadanos por cada servicio que soliciten del ICRES.

Sin aceptar que fue por la SCJN

Por otra parte en la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 2014 para el Estado de Sonora, en el apartado de “Medidas de políticas de Ingresos para el 2014” de su parte expositiva explica que como medidas para fortalecer la equidad y la certeza jurídica al contribuyente: “El paquete fiscal puesto a consideración incluye también una profunda reforma en materia de tarifas de los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, tendientes a garantizar los principios de equidad e igualdad consignados en la Constitución”.

Y agrega que de materializarse esta reforma se cobraría los diversos servicios en materia registral a través de cuotas fijas iguales para todos los ciudadanos, sin elementos que provoquen variaciones en el cobro de un mismo servicio y con ellos retomarían el principio de “los Derechos que se cobren son una contraprestación para contribuir a la Hacienda Pública exclusivamente por el costo derivado de la prestación del servicio”.

Lo anterior es exactamente lo que el resolutivo 6/2013 de la SCJN demandaba al Estado y al Congreso local, pero en el paquete fiscal no lo menciona en ninguna línea.

Tendrá 40 millones menos

Ya en la explicación del Presupuesto de Ingresos para el 2014, el documento señala que estos cambios en las cuotas de los registros de documentos vendría a tener una notable reducción en los recursos captados por los servicios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, pasando de 52.8%  en el 2013 a 25.4% para el 2014. Lo que representa “un sacrificio fiscal cercano a 40 millones de pesos”.

Sin embargo explican que este decremento sería absorbido principalmente por los recursos que obtendrán por el “Canje de Placas de Circulación” para el próximo año, donde calculan captar 492.8 millones de pesos.

Con todo lo anterior en la Ley de ingresos del 2014, en su Artículo Primero, numeral cuatro, punto 11 dice que el Estado recaudará por concepto de Servicios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio más de 110.17 millones de pesos.

Ley de Hacienda reformada

En cuanto a la Reforma al artículo 321 de la Ley de Hacienda, en la iniciativa se pretende quitar los párrafos donde se contemplaba para el precio del servicio el monto de la operación o la cantidad pactada escrita en el documento y en vez de eso, fija cuotas únicas para todos lo que vayan a hacer la misma operación.

Para justificar las tarifas por servicio de registro de documentos la iniciativa explica, que esta actividad no es cosa sencilla y que requiere un análisis. Señala que el trabajo registral se lleva en cuatro fases: análisis o calificación, registro, emisión de sello de inscripción y expedición de certificación. Y que cada una de estas vertientes conlleva un costo que estiman es de 104.7 millones de pesos anuales, pues en Sonora se prestan más de 209 mil servicios registrales al año.

Por lo anterior el articulo 321 numeral I que se propone queda: “Por el análisis, calificación de todo documento público o privado susceptible a ser inscrito en el Registro público, conforme a las normar que rijan al caso concreto”. Los montos propuestos en 11 incisos van desde 500 pesos por el documento donde se constituya sociedad o asociación de carácter colectivo (inciso h) hasta por 2,500 pesos por el documento donde se grave, limite, modifique la propiedad de un bien inmueble o de cualquier derecho real emitido por la autoridad competente (inciso d). Además de cobros adicionales cuando se trate de documentos que contengan más de un inmueble.