Decepcionante lentitud en Caso ABC

 Por Lourdes Encinas Moreno/

La PGR deberá pronunciarse nuevamente sobre altos ex funcionarios, ahora valorará pruebas presentadas por madres de familia; en días recientes liberaron de cargos a una tercera ex coordinadora zonal del IMSS y se prepara un nuevo peritaje

Se cumplen 56 meses del incendio de la Guardería ABC con novedades dentro del proceso judicial, al confirmarse que la Procuraduría General de la República (PGR) debe volver a pronunciarse sobre tres altos ex funcionarios y el anuncio de la liberación de cargos a otra ex coordinadora zonal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El pasado 28 de enero, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa confirmó la decisión del Juzgado Primero de Distrito de revocar el dictamen de no ejercicio de acción penal emitido por PGR en junio de 2012, a favor del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ex secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán y el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.

Sobre ese dictamen, madres del grupo Manos Unidas Por Nuestros Niños, que agrupa a familias de víctimas del incendio del 5 junio de 2009, presentaron un recurso de inconformidad que fue resuelto a su favor por el juez Raúl Martínez Martínez, en septiembre del año pasado, y que ahora confirma el Colegiado concediéndoles el amparo número 334/2013, que fue notificado a las partes el viernes 31 de enero.

Esto significa que la PGR debe volver a tomar la decisión de consignarlos o no, pero ahora valorando los elementos de prueba que presentaron las madres de familia y que no se tomaron en cuenta la primera vez.

En el caso de Bours Castelo, los elementos aportados incluyen una declaración como testigo del ex secretario de Gobierno, Roberto Ruibal Astiazarán, quien admitió que tuvo conocimiento de las dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Hacienda, que no cumplían con la constitución de unidades y programas internos de protección civil, a pesar que de manera reiterada y mediante oficios se los hacía saber el ex titular de la Unidad Estatal, Willebaldo Alatriste Candiani.

Los quejosos señalan que la fiscalía no valoró que el ex gobernador, siendo la máxima autoridad del Sistema de Protección Civil, incurrió en omisiones para hacer cumplir la legislación correspondiente y en dotar de los recursos materiales y financieros para que la Unidad Estatal cumpliera adecuadamente sus funciones.

Sobre Vargas Gaytán, que no se valoraron las omisiones de protección civil que permitieron que la bodega contigua a la guardería, y donde inició el incendio, operará en precarias condiciones y que se permitiera su uso para un fin distinto al estipulado en el contrato de arrendamiento, lo que fue determinante para la propagación del fuego.

Los elementos contra Molina Horcasitas, incluyen una declaración ministerial del ex delegado estatal del IMSS, Arturo Leyva Lizárraga, en la que dijo que la renovación del contrato de la guardería en diciembre de 2006, obedeció a una instrucción suya, aun cuando ya se le habían observado irregularidades en su operación.

El amparo resuelto por el tribunal colegiado deja fuera a Daniel Karam Toumeh, sobre quien Manos Unidas no se inconformó porque, según explicó su abogado Gabriel Alvarado Serrano, tenía tres meses como director del IMSS cuando ocurrió el incendio y no participó en ninguno de los procesos de firma de contrato con la guardería.

No hay plazo perentorio para que la PGR emita su nueva decisión, por lo pronto ni Bours Castelo, ni Vargas Gaytán ni Molinar Horcasitas pueden considerarse completamente fuera del proceso.

Liberación de cargos a otra ex coordinadora

Mientras tanto, Irma Crescencia Díaz Gómez, una de las tres ex coordinadoras de zona del Seguro Social sujetas a proceso, fue liberada de los cargos de homicidio y lesiones culposas, según informó la agrupación, a través de un comunicado en el que anuncian que apelarán esta decisión del juez Martínez Martínez.

“El grupo Manos Unidas por Nuestros Niños (…) expresa su indignación por la decisión del Juez Primero de Distrito en el Estado de dejar en plena libertad a la C. IRMA CRESCENCIA DIAZ GOMEZ, al declarar procedente en la causa penal número 126/2009 un Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, situación sumamente cuestionable pues de manera abrupta y sin que se llegue a la sentencia definitiva, se determina que esta persona al igual que las otras coordinadoras de zona de guarderías del IMSS no tiene ninguna responsabilidad por la muerte y lesiones de nuestros hijos” (sic), manifiestan.

El incidente de desvanecimiento de datos es el mismo que favoreció a Delia Irene Botello Amante, quien hasta el primero de enero era la única presa por el caso, y que a su vez se sustenta en una amparo concedido a Yadira Barreras, cuyo fundamento radica en que a ellas, como coordinadoras zonales, no les correspondía la observancia de la Ley de Protección Civil, como el juez había considerado al dictarles formal prisión.

Hasta el momento, Díaz Gómez, quien desde el año pasado se encuentra en libertad bajo fianza, no ha confirmado ni emitido una declaración al respecto.

Preparan nuevo peritaje

Otra de las novedades que no agradó a los padres de las víctimas, fue la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de nombrar a Renato Sales Heredia como nuevo zar antisecuestros del país, dejando inconclusa la nueva investigación que realiza PGR sobre la hipótesis de que el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda fue provocado para destruir información financiera de la anterior administración estatal.

Es que como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Sales Heredia estaba al frente de esa investigación y su cambio de puesto implica otro retraso en el caso, como pasó cuando se removió a Alfonso Castillo para nombrarlo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En lo que se define a un nuevo responsable, personal de la delegación estatal de PGR inició con el resguardo de lo que quedó de la bodega y de la guardería, y se está pidiendo a medios de comunicación que faciliten copia del material gráfico captado el día del incendio, todo como preparación al nuevo peritaje que habrá de realizar una firma inglesa, de la que no se ha revelado nombre.