Demandas del Ejido Villa de Seris, de trascendencia internacional: Tribunal Agrario

Por Imanol Caneyada/

El magistrado Manuel Loya Valverde recomienda la conciliación entre las partes, pues de asistir la razón a los ejidatarios, la sentencia impactaría en las empresas transnacionales instaladas en el vado del Río con graves consecuencias políticas y económicas.

Aunque el asunto aún no ha cobrado la trascendencia que tiene, debido a la agitada agenda política en Sonora, para el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 28, Manuel Loya Valverde, la serie de demandas interpuestas por el Ejido Villa de Seris contra las empresas instaladas en el vado del río y el Gobierno del Estado podrían tener un impacto internacional que dañaría la credibilidad del gobierno sonorense.

La advertencia de Loya Valverde  en el marco de la entrevista que concedió a “Primera Plana”, va en el sentido de que, en el supuesto caso de que le asistiera la razón a los ejidatarios, la sentencia perjudicaría a transnacionales como Waltmart, Toyota, Chevrolet o cadenas hoteleras entre muchas otras, pues los terrenos que creyeron comprar legítimamente no les pertenecerían.

Además, inmediatamente después, podría venirse una cascada de denuncias contra el Gobierno del Estado por fraude.

Por ello, el magistrado recomienda a las partes la conciliación y la mediación, pues más allá del fondo del asunto, es necesario tener en cuenta el impacto social que tendría un fallo favorable a los demandantes.

En el número de “Primera Plana” del 8 de febrero se publicó sobre la serie de demandas contra una veintena de razones sociales instaladas en el vado del Río y el Gobierno del Estado que el Ejido Villa de Seris ha promovido, con el argumento de que esas tierras les pertenecen y nunca, en todos estos años, el Gobierno del Estado las expropió conforme a derecho ni les indemnizaron.

Al respecto, el secretario de acuerdos del tribunal, Rafael Verdugo López, comenta que los ejidatarios tienen derecho a plantear la demanda, pero tienen la obligación de probar su dicho ante el tribunal.

De igual forma, el tribunal está obligado a darles la oportunidad a los demandados de defenderse.

Por el momento, el tribunal se encuentra analizando la serie de documentos y pruebas que una y otra parte han ido presentando en las sucesivas audiencias que desde el año pasado se llevan a cabo.

Las principales pruebas del ejido Villa de Seris son las dos resoluciones presidenciales, la de 1937 y la de 1946, en las que se otorgan a los ejidatarios 6,781 hectáreas, y el plano definitivo aprobado por el entonces H. Cuerpo Consultivo Agrario el 30 de abril de 1951, en el que se incluye la superficie mencionada.

Por su parte, las empresas demandas tienen en su poder títulos de propiedad otorgados por los diferentes fideicomisos que el Gobierno del Estado ha creado durante dos décadas para impulsar el desarrollo de esa zona de Hermosillo, léase Hermosillo siglo XXI, Impulsor y Progreso.

En cuanto al Gobierno del Estado, argumenta que las tierras vendidas a esta serie de razones sociales, previamente fueron expropiadas de forma legal.

El magistrado Loya Valverde es muy claro al asentar que aún no pueden decir a quién asiste la razón, mientras que su secretario de acuerdos advierte que los juicios, debido a su naturaleza y a la cantidad de actores involucrados, tendrán una considerable duración.

Una vez que el tribunal estudie todos los documentos, estará en posición de emitir una resolución.

En caso de que el Gobierno del Estado, interviene el magistrado, pruebe que las expropiaciones se hicieron conforme a derecho, no habría mayores consecuencias; pero de no ser así, las resoluciones presidenciales tendrían vigencia, y entonces sí, el caso tendría complicaciones que trascenderían a los involucrados y que impactarían en la credibilidad de Sonora cara a los inversionistas extranjeros.

Es por eso que tanto Manuel Loya como Rafael Verdugo son conscientes de lo delicado del asunto, en el cual tienen que velar por el bien público y social, además de los intereses de las partes.

De ahí la recomendación que el magistrado hace de que es preferible que las partes lleguen a una conciliación, antes de continuar con un juicio que podría, además, convertirse en una serie de denuncias por fraude de parte de las empresas que compraron los terrenos de buena fe.

Independientemente del fallo que emita en su momento el tribunal, puntualiza el magistrado, las partes involucradas pueden apelar el fallo ante la última instancia, el Tribunal Superior Agrario y, en último caso, promover un juicio de amparo.