DE PRIMERA MANO

Columna de Ruiz Quirrín: El Isssteson, en los límites del “barril sin fondo”

¿Pagará Juan Pueblo corrupción e ineficiencias?

Definitivo: Los delegados federales, no desaparecen

LA PRIMERA VEZ que se habló de la posibilidad de subastar bienes del dominio público para levantar al agonizante Isssteson, fue durante el sexenio de Guillermo Padrés.

Y sí, se habló entonces de vender el estadio de béisbol “Héctor Espino” y las casas de gobierno de Guaymas y Álamos.

Bajo la premisa de que “los bienes son para remediar los males”, saltó esa “brillante idea”, lo que incluía desde luego una revisión de tipo jurídico, porque como los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, podría requerirse necesariamente una desincorporación por parte del Congreso del Estado para su posterior enajenación.

Aparte de solventar la duda anterior, el dilema al que habría qué hacer frente en lo sucesivo era si el dinero recaudado por esas ventas, garantizaría llenar el profundo barril de un organismo como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, a un paso de la quiebra luego de sexenios y más sexenios en que se dispuso de sus finanzas de forma abultada y sin prever una solución a largo plazo ante el lógico crecimiento del número de jubilados y pensionados.

Fue durante el sexenio del Gobernador Luis Encinas Johnson (1961-1967) que se expidió un decreto que creó el Isssteson, como un organismo garante de la salud y prestaciones económicas para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

Los servidores públicos harían sus aportaciones, vía nómina y la Tesorería estatal (hoy Secretaría de Hacienda) proporcionaría el recurso necesario para completar el subsidio que garantizaría la existencia y operaciones del organismo.

Al paso de los años y ante el orgullo nacional en que se convirtió esta institución, modelo nacional porque sus atenciones superaban hasta la atención de la salud de hospitales privados, accedió a recibir a otras instituciones ligadas financieramente a la administración estatal. Se le dio entonces la bienvenida, por ejemplo, a los funcionarios, empleados administrativos y académicos de la Universidad de Sonora.

La historia de espléndidos resultados y gran prestigio del Isssteson empezó a cambiar –para mal- desde la década de los años noventa.

Para esto, se combinaron varios factores. Primero, el Fondo de Pensiones comenzó a requerir cada vez más recursos ante el aumento del número de jubilados y pensionados. De un 30 por ciento del presupuesto anual del Instituto dedicado al pago de pensiones antes del año 2,000, pasó a absorber la mitad –cuando menos- del total de recursos, con aumentos considerables en los últimos 15 años.

Al mismo tiempo, los titulares del Isssteson se impusieron a informar sobre un déficit creciente, sin ofrecer un proyecto para soportar la creciente carga financiera. En el año 2006, el Gobernador Eduardo Bours promovió una reforma a la Ley que creó al organismo, contemplando aumento en la edad activa de los burócratas en relación a sus jubilaciones y pensiones.

Aparecieron entonces abogados que asesoraron a prejubilados a llevar a cabo juicios para alcanzar cantidades mayores a las cotizadas en sus años de trabajo. El 99 por ciento de esos juicios fueron ganados por los trabajadores, aumentando geométricamente las cantidades a pagar por parte del Instituto a un nutrido grupo de exempleados de gobierno.

Organismos como la Universidad de Sonora, actuaron a su conveniencia al advertir que las cuotas de su personal al Isssteson debían descontarse y transferirse directamente desde la Secretaría de Hacienda. Desde luego, vía oficio, la dirección administrativa de la Alma Mater debía autorizar dicho descuento, pero también alguien permitió que tal procedimiento se obviara y empezó a generarse un vicio que hasta la fecha, prevalece.

Al mismo tiempo, cientos de funcionarios de la UniSon comenzaron a disfrutar del beneficio de un seguro de gastos médicos, a pesar de contar con los servicios del Isssteson. Las administraciones estatales no han querido ver ese exceso, simplemente por no pagar la factura de protestas sindicales y otras exigencias que podrían ser caldo de cultivo para la agitación.

Asimismo, se acumuló el descontrol interno en el Instituto. Muchos médicos adheridos por consulta externa desde sus consultorios, tomaron la decisión de renunciar porque no recibían el pago correspondiente.

Habrá qué añadir también que inició la mala práctica del personal del Hospital “Ignacio Chávez”, que en la primera oportunidad daban seguimiento a derechohabientes pero en consulta privada y, además, muchos de los medicamentos que expedía gratuitamente el nosocomio terminaban en los consultorios particulares.

Todo ello, sumada la incapacidad administrativa de algunos directores, la corrupción y el considerable aumento en las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, pusieron al borde de la quiebra al Isssteson.

En la hora que vivimos hoy, resulta más que evidente que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano desea sostener y revitalizar al organismo, consciente del compromiso histórico y el gran beneficio que representa para 168 mil derechohabientes.

Ha habido en sesiones sobre el tema, la puesta sobre la mesa de opiniones que incluyen la posible desaparición del Isssteson, acercando criterios tales como que su existencia ha sido y es un privilegio sólo para burócratas, en tanto la inmensa población restante se ajusta a los servicios y prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pero tal criterio no ha tenido eco. También han existido versiones de que parecido a lo que sucedió en Baja California, podría también anunciarse en Sonora la quiebra del organismo. Tampoco ha tenido éxito.

Lo que sí se hace necesario para rescatar y salvar al Instituto, es una intervención quirúrgica de altos vuelos, que evite en el futuro otros intentos de tratar de llenar un barril sin fondo.

Porque también existe una realidad. “Los bienes son para solucionar los males”, pero disponer de inmuebles construidos con nuestros impuestos para pagar ineficiencia y corrupción, sería algo además de injusto, impráctico, porque al utilizarse el dinero para pagar pasivos, se está haciendo más grande el hoyo y permitiendo que el barril se desfonde.

En estos momentos, el Isssteson tiene a un titular –Pedro Ángel Contreras– experto en finanzas y sin mayores aspiraciones políticas. Se hace necesaria una reforma integral a la Ley que creó a este Instituto y aplicar rigurosamente los procedimientos de obligaciones por parte de organismos que han actuado en base a privilegios.

En Tribunales el Instituto logró que la Suprema Corte de Justicia estableciera una jurisprudencia (fuente del Derecho con carácter de obligatoriedad) para evitar que en lo sucesivo el pago de jubilaciones y pensiones no rebase los límites de las cotizaciones de los trabajadores registradas en su foja de servicios. Esto ayuda, pero es apostarle a un futuro que podría llegar tarde.

Es ahora, o llegará el día en que la subasta de todos los inmuebles del Estado no será suficiente para subsidiar abusos y excesos de una incapacidad solapadora de todos los excesos posibles.

Y ahora se habla de vender los estadios de Obregón y Hermosillo. ¿Mañana podría ser la Casa de Gobierno, la flotilla de automóviles oficiales y todo el terreno disponible en el mapa de control del Estado de la Coordinación de Bienes y Concesiones?

Nuevos delegados federales

BUENO, aquello de que desaparecían los delegados federales a partir de la llegada de López Obrador a la Presidencia fue puro cuento… Como ha trascendido, en otros estados –Jalisco, por ejemplo- este escenario se ha significado por la confrontación, pero en Sonora la Gobernadora del Estado no sólo ha ofrecido su mano amiga, sino que les ha otorgado un lugar en la mesa de las reuniones conjuntas de trabajo… Los nombres que hasta ahora han trascendido como nuevos titulares de las delegaciones en el Estado, son consecuencia de las buenas relaciones personales de los interesados… Alfonso Durazo Montaño ha tenido la oportunidad de opinar en un par de casos y Marcelo Ebrard en otros dos… En este último, habrá qué reconocer que la sanluisina Petra Santos ha mantenido desde hace tiempo una buena amistad con el actual secretario de relaciones exteriores… Y precisamente por esa relación personal, es que Petra fue “palomeada” como nueva representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y, de paso, esta dama logró una recomendación especial para su amigo, Benjamín Hurtado Aguirre, para hacerlo delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora… Desde luego, en la nómina existe una gran diferencia entre las representaciones de la SEDATU y SRE en el Estado… El titular de ésta última, es quien menos recibe del sueldo al mes… Son 35 mil pesos… Bueno, ni compararse con los 118 mil pesos de la delegación de la Secretaría de Educación Pública… La designación que más comentarios ha despertado, es la de Guillermo Noriega Esparza en relevo de Miguel Jiménez Llamas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien dicho sea de paso llevó a cabo una eficaz labor, dejando la administración en orden y con un control que permitió manejar números negros y una atención especial personalizada… Avalado desde la ciudad de México por su imagen personal de representante de la sociedad civil, “Memo” ocupará esta gran responsabilidad sin haber tenido antes la más mínima experiencia con un cargo ejecutivo en el servicio público… El gran reto para Noriega es responder a la confianza que en él están depositando y demostrarse a sí mismo que puede salir adelante a pesar de haber asegurado en su momento no aspirar a involucrarse en el gobierno… El IMSS es un tema muy sensible y “Memo” sabrá responder.

Ah… Este FONADIN

INVESTIGACIONES de “Proceso”, dieron a conocer los siguientes datos acerca del organismo de donde surgen los recursos para dar mantenimiento a las carreteras del país… Exacto, el fondo de donde saldrán los recursos para terminar con la reconstrucción de la carretera de cuatro carriles en Sonora:

¿Sabes que es el FONADIN? Es el Fondo Nacional de Infraestructura, el lugar a donde va a parar el dinero que gana el gobierno con las casetas de cobro de todo el país y que supuestamente sirve para financiar el mantenimiento de carreteras y puentes federales… Fue creado por Felipe Calderón nombrando inmediatamente a su compadre y amigo Benito Nemé como responsable de gestionar (¿desviar?) el dinero como director de CAPUFE… El dinero del FONADIN se maneja como un fideicomiso totalmente opaco al cual ni siquiera la ASF tiene acceso, con reglas de operación hechas por ellos mismos sin el aval de ninguna institución financiera o de gobierno… Durante el sexenio de EPN, el FONADIN tuvo varios movimientos de cientos de MDP a proyectos que nada tienen que ver con carreteras o puentes, por ejemplo, aportó $150 MDP a fondos de inversión de empresas como OHL (una de las favoritas de EPN) y BK Partners (de la que el Rey de España es socio), esta última usó el dinero para adquirir desarrollos turísticos, como el hotel de lujo MayaKobá (el favorito del gabinete de EPN), el vendedor fue casualmente OHL, es decir, EPN financió a ambas partes usando dinero del FONADIN y no sólo eso, la cosa todavía se pone mejor cuando se descubre que el dinero se movió a través de paraísos fiscales en la isla de Malta… Otra movida que se ha hecho pública es la de 350 MDP que el FONADIN aportó discrecionalmente a un organismo privado llamado «fondo de infraestructura institucional» y, ¿a que no adivinan quien es el dueño? nada menos que la ratita milennial, Marcos Gerard, nieto de Carlos Salinas de Gortari… Este organismo privado participó con grupo HIGA (la otra empresa favorita de EPN) en la construcción del hospital HRAE Zumpango (que nunca se terminó) y la carretera Toluca-Naucalpan por la cual cobraron 2,700 MDP y que debió ser terminada en el 2015 pero al día de hoy sigue a medias.

Y así es como el FONADIN ha repartido miles de MDP a priistas de todas las épocas y sus familias, desde expresidentes, ex gobernadores, ex secretarios, miembros del grupo Atlacomulco, etc. Ahora con el cambio de gobierno, nos vamos enterando que no sólo se robaron el dinero, sino que además el FONADIN está en números rojos y la deuda que arrastra es de aproximadamente $250 MIL MDP que como siempre, terminaremos pagando nosotros. Y por si fuera poco, entre las cuentas del dinero entregado por CAPUFE y las del recibido por FONADIN, hay 1,000 MDP de diferencia que nadie sabe dónde están.

Hasta ahí parte de la información proporcionada por el Semanario “Proceso”… Decidimos traerlo a la mesa, porque nos preocupa el hecho de que entren en el estatus de “inseguridad” los recursos para terminar la reconstrucción de la carretera de cuatro carriles y aquella versión de que “el dinero está seguro y no depende de ningún presupuesto federal”, finalmente se desvanezca.