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Advierten sobre Ley Minera: Será un golpe para Sonora

Mineros y empresarios consideran que de aprobarse la iniciativa que mandó López Obrador al Congreso de la Unión sería un golpe para la industria; piden a los diputados análisis y diálogo   

Por Gerardo Moreno y Rigo Gutiérrez

La iniciativa de Ley Minera promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora en terreno del Congreso de la Unión, ha despertado preocupación en el sector empresarial y en especial el relacionado con la industria minera, porque advierten traería afectaciones económicas para el país.

El pasado 24 de marzo enviaron la propuesta de reforma a la Cámara de Diputados. Considera cambios en las Leyes Mineras; Ley de Aguas Nacionales; Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Una iniciativa que, de acuerdo a la parte expositiva tiene como objetivo recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos. Además busca regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones. Sin embargo surgieron voces de alerta que piden a los diputados escuchar a los mineros.

Va contra la Constitución y tratados internacionales: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado donde demandan a los diputados que las reformas en materia minera, así como las leyes en materia administrativa, sean ampliamente discutidas y analizadas, tomando en cuenta al sector empresarial, pues son iniciativas vinculadas directamente al desarrollo del país y la certeza de la inversión.

Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

El organismo que aglutina la mayor cantidad de empresas del país alertaron que estas dos iniciativas contienen ciertas normas contrarias a lo dispuesto en la Constitución y también van contra lo que se acordó en el Tratado de Libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TMEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos. Además, esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, en perjuicio del país”.

El comunicado marca que la posición del CCE se sustenta en análisis jurídicos y técnicos de especialistas de sus organismos, así como la experiencia que tienen en los temas de la extracción minera e infraestructura.

“Confiamos en la apertura de la presente Legislatura para analizar de manera integral ambas iniciativas, con base en el buen clima democrático y con el fin de abonar a la transparencia en materia económica y construir juntos las mejoras legales que fortalezcan y den certeza a las pequeñas y medianas empresas, en favor del desarrollo y la confianza en México”, concluye.

José Jaime Gutiérrez Núñez, Presidente de la Cámara Minera de México.

Afectará inversiones y empleos

Una situación similar manifestó la Cámara Minera de México (Camimex), quienes a través de un comunicado manifestaron que esta propuesta afectaría a un sector que invierte más de 4 mil millones de dólares al año y que genera más de 406 mil empleos directos en todo el país.

Estos cambios propuestos representan importantes impactos y consecuencias no sólo para la industria minera y demás relacionadas, sino también para la economía nacional y el bienestar social del país.

“…la Camimex está analizando su contenido y el alcance de los cambios legales propuestos, en tanto que notoriamente implican fuertes repercusiones para el desarrollo del sector minero y de otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas”.

Añadió que las empresas mineras afiliadas a la Camimex iniciaron un análisis riguroso de dichas propuestas, con la certeza de que serán motivo de una discusión legislativa amplia, incluyente e informada, en la que tendrán cabida todos los actores involucrados.

Pone en riesgo la actividad minera del país

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) opinó que las reformas a la Ley Minera propuestas podrían generar impactos negativos a la actividad minera nacional, y hasta poner en riesgo la subsistencia y continuidad de esta industria.

Aseguró que las razones para esta alarma son porque “La iniciativa pretende modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones.

“Lo que podría generar salida de capital a gran escala y decrecimiento de la industria minera que ofrece empleo directo a más de 406 mil personas y genera más de 2.5 millones de empleos indirectos”.

Además, los cambios implicaría un impacto severo a la forma habitual en que se desarrolla la industria y un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras nacionales y extranjeras invirtieron en México, afectando planes y operaciones actuales, provocando una contracción de las inversiones proyectadas.

“La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que agrupa a los de profesionistas en Ciencias de la Tierra, manifiesta la necesidad de revisar y comentar los cambios propuestos, a fin de que la regulación reconozca la realidad de la industria, y con ello sea posible generar bienestar para todos”.

Sonora sería severamente afectado

El presidente del Distrito Sonora de la AIMMGM, Ramón Luna Espinoza, también opinó sobre este tema y advirtió que de aprobarse esta iniciativa como viene propuesta será un duro golpe para la industria y para el estado de Sonora, que es el Corazón minero de México.

Señaló que es una propuesta de ley que le pega muy duro a más de 140 mil familias sonorenses que sus ingresos dependen de esta actividad, así como más de mil contratistas.

Recordó que la actividad minera paga un 7.5% del impuesto especial que se le impuso en 2013, con el cual antes se constituía un Fondo Minero para compensar con obras el impacto que pudiera generar en las comunidades y hoy no se sabe con exactitud a dónde va a parar ese recurso, pero las empresas mineras lo siguen aportando y equivale a poco más de 8 mil millones de pesos anuales.

Señaló que existe mucha desinformación respecto a la actividad minera, pues se ha socializado que es una industria contaminante o poco sustentable y que consume mucha agua. Pero la realidad es que es la industria que más remedia.

A propósito del uso del agua explicó que según datos oficiales de la Conagua, la agricultura que se lleva el 76% del agua disponible, 14% es para consumo público y 5 % para la industria y de eso, solo el 0.35% se va a la minería, de la cual se recicla el 57%”.

Ramón Luna,Distrito Sonora de la AIMMGM. 

Gobierno se daría “un balazo en el pie”

Especialistas como el ingeniero Víctor del Castillo, con más de 30 años en el ramo, asegura que la propuesta planteada por el Ejecutivo carece de conocimiento de la actividad minera.

Y es que señala que de entrada, para la elaboración de la iniciativa no se consideró la opinión de los mineros, e incluso hasta el momento ningún diputado federal ha tenido acercamiento con sectores mineros para escucharlos

Expuso que las principales amenazas que detectan con esta reforma es que de entrada se acepta una satanización de la actividad minera, puesto que se parte del hecho de que la minería está violando derechos humanos, lo cual sostiene que es erróneo.

Recuerda que Sonora tiene una tradición ligada a la minería desde muchos años (incluso en el escudo del estado está representado con un pico y una pala), pero contrario a lo que ocurre en otros países, no existe una apreciación sobre la actividad, de parte de la sociedad.

Uno de los aspectos que más preocupa de esta iniciativa es la referente a la reducción del tiempo de concesión, que se reduce de 50 a 15 años, el cual resultaría insuficientes. De acuerdo a lo que comenta el ingeniero Del Castillo en ocasiones sólo en la exploración les lleva hasta 14 años.

“Imagina que en la mina de Cananea lleguen y te digan te vamos a dar 15 años ¿y toda la infraestructura que construiste? Repito, es que son personas que son personas que no tienen conocimiento de la minería y las bondades de la minería”.

Explicó que con esta reforma “el Gobierno se está dando un disparo en el pie porque con estas iniciativas va haber mucha incertidumbre, al haber incertidumbre nadie va invertir, al no invertir no va haber empleos, al no haber empleos no habrá impuestos que lleguen al fisco federal. Aparte de perder empleos, pierdes remesas. Esto va generar un hueco económico grande y un problema social”. Agregó que con este panorama inversionistas podrían voltear a otro lado.   

Víctor Del Castillo Alarcón, ingeniero con más de 30 años de experiencia en la minería.
Víctor Del Castillo Alarcón, ingeniero con más de 30 años de experiencia en la minería.

¿Qué quieren cambiar?

-Modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público, se otorguen concesiones.

-En los concursos se deben asegurar las mejores condiciones económicas para el Estado y garantizar la realización de acciones para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.

-Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual.

-Se precisan y adicionan como causales de cancelación de las concesiones mineras la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.

-Serán consideradas delitos las conductas consistentes en la extracción ilegal de minerales o sustancias; la enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados.

-También sería delito el menoscabo de la seguridad física de trabajadores por omisión del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento, así como el traslado ilegal fuera del territorio nacional de productos mineros y metalúrgicos.

-Se plantea la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, de modo que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares.