¿Es cierto que importa la inseguridad?

Solo la trabazón de esta larga cadena delictiva que se beneficia del contrabando de vehículos extranjeros, permite encontrar una explicación que nos aclara la inaudita y corrupta tolerancia de funcionarios federales, estatales y municipales 

Por Juan J. Sánchez Meza

Normalmente, el ingreso y la circulación ilegales de vehículos automotores en México es vista desde la perspectiva de su negativo impacto económico. De acuerdo con datos del INEGI, existen en el país un total de 48 millones de vehículos legales y 19 millones de ilegales y Deloitte México ha estimado que esa cantidad representa la pérdida de 13 años de ventas de autos nuevos, sin perjuicio del impacto en cascada a la economía del país, pues la disminución en la ventas de vehículos significa que disminuya la recaudación, se corte la cadena de suministro que provee de autopartes para la fabricación de vehículos nuevos, disminuya la inversión, se generen menos empleos, etc., etc.

Por otro lado, en el mes de noviembre de 2019, el Senado de la República eliminó el Artículo 15 Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2020 que contemplaba la legalización de los llamados autos chocolates.

Al mismo tiempo, existen archivadas docenas de iniciativas y propuestas para resolver esta irregularidad.

Algunas hipótesis que pudieran explicar la indiferencia oficial ante este problema, serían los intereses de contrabandistas de aquel y este lado de la frontera, la influencia y protección política de que gozan los líderes de las organizaciones delictivas de “empadronamiento” de vehículos ilegales, el uso político electoral de los millones de individuos favorecidos por la protección oficial y agregue lo que quiera.

Todavía guardo en la memoria el indignado comentario de un doliente compañero priista que, frente a la derrota electoral de nuestro candidato a la presidencia de la

República en el año 2000, aseguraba que hubiera sido suficiente para lograr el triunfo electoral que el presidente Zedillo hubiera aceptado legalizar los millones de vehículos ingresados a México de contrabando, cuyos propietarios -calculaba mi compañero- hubieran agradecido el gesto con su voto.

Hablábamos, entonces, de varios millones de vehículos introducidos de contrabando, pero al mismo tiempo atestiguábamos una incidencia delictiva notablemente menor a la de hoy, lo que a mi juicio hace doblemente irresponsable la conducta oficial, pues a nadie escapa que la ilegal posesión de un vehículo es una inmejorable condición para facilitar la comisión impune de delitos de todo tipo.

¿Podemos creerles a los gobiernos que se dicen preocupados por la inseguridad y la violencia que genera la introducción ilegal de armas a México y que, al mismo tiempo, no son capaces de impedir el contrabando de un bien tan notablemente visible como lo es un vehículo automotor?

El Código Fiscal de la Federación contempla el delito de contrabando, cuya comisión se presume cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación que acredite su legal estancia en el país.

En este caso debe hacerse notar que no solo es penalmente responsable quien haya introducido ilegalmente el vehículo al país, sino quien lo venda, quien lo compre o quien, bajo cualquiera otra circunstancia, lo tenga en su poder.

Por si ello fuera poco, el Código Fiscal de la Federación identifica como penalmente responsables, además, a quienes, en su carácter de funcionarios o empleados públicos de la Federación, de los Estados, de la ciudad de México o de Municipios, autoricen la internación de algún vehículo, faciliten documentos o placas para su circulación, otorguen matrícula o abanderamiento, o de cualquier manera ayuden o fomenten la introducción de vehículos de contrabando al país.

Solo la trabazón de esta larga cadena delictiva que se beneficia del contrabando de vehículos extranjeros, permite encontrar una explicación que nos aclara la inaudita y corrupta tolerancia de funcionarios federales, estatales y municipales hacia este delito que atenta contra la economía del país, contra la seguridad pública e, incluso, contra el medio ambiente.

Con estos ejemplos, ¿piensa usted, amable lector, que a las autoridades realmente les preocupa el problema de la inseguridad?