Exigen $850 millones a minera por daños

Luego de recuperar sus tierras que durante 16 años fueron explotadas por la mina Dipolos para extraer oro y realizar exploraciones en 3 mil 200 hectáreas, ahora los ejidatarios de El Bajío demandan de la firma Fresnillo PLC, subsidiaria de Penmont, el pago de 850 millones de pesos por los daños a sus terrenos.

Sin embargo, la minera solo ofrece cumplir con los compromisos firmados en 2002, de rehabilitar dos salones en la escuela primaria, construir un centro de salud, luminarias y un tinaco, que suman un monto de 4.3 millones de pesos.

Jesús Javier Thomas González, ejidatario y representante legal del ejido, indicó que un perito valuador calculó en 100 millones de dólares los daños provocados por la mina a las tierras ejidales.

Ante la negativa de la minera a querer negociar con ellos, ahora únicamente piden que cumplan con la orden del Tribunal Agrario y paguen por los daños.

«No hay mucho que puedan hacer los de la mina, salvo pagarle al ejido que ahora pide 850 millones de pesos por los daños al patrimonio ejidal», dijo Thomas González.

La cifra se calculó con base en los daños irreversibles ocasionados a 3 mil 205 hectáreas, que no podrán ser usadas para actividad alguna en el futuro, así como daños parciales a 13 mil hectáreas que pueden recuperarse mediante rehabilitación a mediano plazo.

«Estamos pidiendo el pago de perjuicios, que viene siendo lo que no se te permitió hacer con tu tierra en todos estos años, y que es muy subjetivo, pues nadie puede probar qué habría o cuánto habría producido en este tiempo, pero lo que sí se puede probar es que la tierra es tuya y se te impidió trabajarla», explicó el representante legal.

Desde el 2002, los 74 ejidatarios de El Bajío pretendían que la minera les pagara renta por extraer oro de sus propiedades en Caborca, pero ante la negativa en el 2007 tramitaron un juicio agrario que finalmente ganaron en el 2011, y cuya sentencia se ejecutó a finales de agosto de este año.

La minera tuvo que desalojar a los trabajadores del tajo, oficinas, montañas de material y una planta de fundición.

«Al día de hoy, la minera nos comunicó que no le interesa negociar y solo estaría dispuesta a construir dos aulas para la escuela primaria, un centro de salud, un nuevo tinaco para el sistema de agua potable y una cancha de basquetbol e instalar seis postes de concreto para energía eléctrica, lo que según ellos tiene un valor de 4 millones 300 mil pesos, lo que no satisface para nada lo que nosotros exigimos», dijo.

«Esta cantidad (850 millones de pesos) es la que consideramos adecuada por los daños y perjuicios al día de hoy; en caso de que la minera decida continuar explotando nuestras tierras tendríamos que hacer convenios en condiciones justas para el ejidatario y dentro de los parámetros que la ley establece para este tipo de acuerdos, lo que le daría certidumbre legal a la minera y al ejido, evitando conflictos como el que hoy nos ocupa».

Por Rolando Chacón/REFORMA