García Luna y la ruta de los millones: el dinero del erario que México busca recuperar

Por Mafe González 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este viernes un nuevo corte sobre el seguimiento financiero y legal de la trama vinculada con Genaro García Luna, en un caso que durante años ha llevado al Gobierno de México a rastrear recursos públicos enviados al extranjero mediante una red de empresas y operaciones financieras.

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó que entre 2008 y 2018 el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) celebró contratos por 403 millones 937 mil 741 dólares con empresas vinculadas al esquema investigado. La UIF sostiene que se trató de operaciones relacionadas con una presunta simulación de servicios y desvío de recursos públicos.

El seguimiento financiero derivó en denuncias ante la Fiscalía General de la República y posteriormente en una demanda civil presentada en Florida para recuperar activos. La investigación involucró la coordinación de la UIF con la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de cooperación jurídica con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

El caso civil contra la red de los Weinberg llegó en 2026 a una sentencia definitiva en Florida por aproximadamente 578.5 millones de dólares. La recuperación de recursos ya ha comenzado: el Gobierno mexicano había informado previamente sobre bienes y dinero entregados a México como resultado del litigio.

“La familia Weinberg tuvo un papel relevante en la estructura al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna, se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios con un sobreprecio en estas cumplía tres funciones de manera simultánea, simulaban los sobornos como un pago de comercio regular ordinario comercial, simulaban a materialidad de los contratos y maximizaban el volumen de recursos públicos que podían extraerse, luego los mandaban de disparsarse a otras jurisdicciones como Miami Florida en Estados Unidos entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna»

La dimensión del expediente también se refleja en la judicialización: en 2023 se emitieron órdenes de aprehensión contra 61 personas y se concretaron 17 detenciones relevantes, de acuerdo con el recuento presentado por la UIF.

El caso García Luna forma parte de una investigación financiera mucho más amplia, donde la UIF reportó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, bloqueó 24 mil 622 cuentas relacionadas con personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada; 7 mil 681 correspondieron a integrantes de organizaciones criminales. En total fueron bloqueados 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos.

Además, 2 mil 395 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas: 18 en 2024, 730 en 2025 y mil 647 durante 2026.

La propia UIF ha documentado que el entramado relacionado con García Luna utilizó empresas y transferencias internacionales para mover recursos obtenidos de contratos públicos. En octubre de 2024, la dependencia informó que los contratos vinculados al grupo empresarial encabezado por los Weinberg superaban los 727 millones de dólares, además de recursos en pesos.

Más allá de las cifras, el caso representa uno de los mayores esfuerzos del Estado mexicano para recuperar en tribunales extranjeros recursos que, según las investigaciones oficiales, fueron extraídos del erario y trasladados fuera del país.