Derechos humanos en los filtros anti alcohol

Entre medio del desencuentro entre la CEDH Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo, la ciudadanía, que por el momento no cuenta con la protección de personal del organismo de los derechos humanos en los filtros anti alcohol.

Por Edgardo Carrillo López

La participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora en los filtros anti alcohol, no sólo es necesaria sino que está obligada por ley, aunque varios ombudsman han optado por tener la menor presencia posible en los retenes que cada fin de semana monta la policía municipal de Hermosillo, según se desprende de los informes de labores del organismo. Incluso en las dos presidencias más recientes de la CEDH, han ocurrido al menos dos distanciamientos que se volvieron mediáticos por el tono de confrontación en que se dieron.

Apenas el pasado 19 de agosto el actual presidente de la Comisión, Cervando Flores Castelo, al informar sobre sus primeros tres meses en funciones y hablando de lo que considera algunas injusticias laborales con los empleados de la Comisión, en entrevista con el periodista Juan Carlos Zúñiga reconoció implícitamente que ya no asistirían a los retenes, cuando usó el tiempo pasado para decir “teníamos al personal atendiendo los filtros anti alcohol”.

A partir de unos comentarios en redes sociales sobre la importancia de la presencia de la CEDH, ésta emitió un comunicado argumentando que “ha decidido no continuar participando de manera presencial en los filtros anti alcohol del municipio de Hermosillo, debido a que ha identificado irregularidades en su funcionamiento, incumplimientos normativos y la falta de condiciones de seguridad necesarias para que su personal pueda desarrollar libremente sus funciones de observación y vigilancia”.

No conforme, al día siguiente Flores Castelo enrareció más el asunto, cuando en entrevista con el periodista Luis Alberto Medina, informó que se retiraban de los filtros por “eventos graves que implicaron a particulares, que pusieron en riesgo la seguridad de nuestro personal”.

Obviamente el periodista le cuestionó cuál fue ese evento “tan grave como para haberse retirado ustedes”, a lo cual no brindó mayor sustento. Ahí se desvirtuó el objetivo de aquella entrevista, justificar el porqué se retiraban de los filtros, lo cual pasó a segundo término e inició un nuevo desencuentro entre la CEDH y el gobierno municipal de Antonio Astiazarán, más aún cuando el ombudsman aderezó que “los filtros anti alcohol se han caracterizado por tener una función recaudatoria, al menos en los últimos tiempos”.

Pareciera que el motivo de fondo en el retiro de la CEDH de los filtros es más bien una cuestión administrativa y de justicia laboral, pues Flores Castelo también ha sido enfático en señalar que los empleados de la Comisión debían cumplir excesivos horarios, de madrugada y en fin de semana, para estar presentes en los citados filtros de alcoholimetría.

No es de dudar que algunos policías municipales manifiesten desagrado hacia la presencia de visitadores de la CEDH en los filtros, sin embargo también es de pensarse que eso mismo obliga a que la Comisión tenga presencia en ellos, pues si supuestamente los agentes se atreven a actitudes hostiles hacia funcionarios dotados de fe pública y con capacidad para la defensa legal, ¿qué no podrían hacer contra un ciudadano cualquiera?

Ya desde antes

Pero la ausencia de la CEDH en los filtros no es nueva. El 2 de agosto del 2022, el periódico El Imparcial publicó una nota evidenciando que no había presencia de defensores de derechos humanos en los operativos de alcoholimetría. El hecho coincidía con el enfrentamiento que sostuvieron el entonces ombudsman, Luis Fernando Rentería Barragán, y el alcalde hermosillense por el caso de pensionados del ayuntamiento, por el que incluso Antonio Astiazarán debió comparecer ante el Congreso del Estado a instancias de Rentería.

El no validar con su presencia los retenes de la policía parecía, pues, una reacción secundaria de la Comisión, o bien en verdad se daba una actitud hostil de parte de los municipales hacia personal de la CEDH debido al conflicto político.

Sin embargo, luego de aquella nota y de un comentario en igual sentido en la columna principal de El Imparcial, la CEDH aclaró en un comunicado que no se habían retirado de los filtros, y en un boletín posterior anunció que estarían presentes en ellos desde el jueves 11 de agosto de aquel 2022. A partir de ahí, entre 2023 y 2025, personal de la Comisión vigiló 434 operativos anti alcohol de la Policía Municipal de Hermosillo, según se da cuenta en los respectivos informes anuales.

Los filtros y los otros ombudsman

En los informes de 2018 a 2021, correspondientes a la presidencia de Pedro González Avilez, se menciona someramente –sólo en dos de ellos– que la Comisión participó “en programas de ‘alcoholimia’ (sic) que implementan autoridades municipales”, pero sin dar cuenta de cifra alguna.

Igual ocurre en los informes de los ombudsman Raúl Ramírez Ramírez (2010 – 2017), y en los de Jorge Sáenz Félix (2005 – 2009): menciones de participación en los filtros, pero sin datos ni indicadores.

Obligación legal

Si bien los filtros anti alcohol constituyen un acto de molestia para los ciudadanos, el sentir generalizado es que son necesarios para prevenir accidentes a veces fatales a causa de conductores alcoholizados. Al respecto el alcalde Astiazarán afirma que «comparando con el año pasado, tenemos un 15 por ciento menos de accidentes por conducción punible, y esto no es producto de la casualidad, esto es producto de la responsabilidad de las y los ciudadanos, pero también del trabajo de prevención que hemos venido haciendo».

Es lugar común decir que algunos agentes policiacos cometen abusos en los retenes, lo que por sí mismo hace imperiosa la presencia de observadores que vigilen que los filtros anti alcohol operen conforme a los protocolos de derechos humanos.

De ahí, precisamente, que la Ley estatal de Tránsito establezca como un requisito para que los ayuntamientos puedan implementar operativos de alcoholemia, el “contar con la presencia por lo menos de… personal autorizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos” (fracción V del artículo 213 Bis).

En correlación, la ley que crea la CEDH en Sonora señala como una atribución del organismo el “participar en los operativos que realicen las instituciones o dependencias de seguridad pública y procuración de justicia, con el objetivo de tutelar el respeto a los derechos humanos de la población y legitimar la actuación de éstas” (fracción XVIII del artículo 7).

Se entiende, entonces, que el ayuntamiento de Hermosillo necesita el aval de la CEDH en sus filtros; de ahí la insistencia del alcalde Astiazarán en que han invitado a la Comisión a estar presente en tales operativos anti alcohol.

En cuanto a la CEDH, puede argüirse que su ley constitutiva le faculta a estar en los filtros, aunque no le obliga expresamente. Ahí ya todo entraría al terreno del sentido ético del deber.

Por lo pronto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora y su presidente, Cervando Flores Castelo, se sostienen en la decisión de no participar en los filtros “mientras persistan las irregularidades e incumplimientos identificados y no se garanticen las condiciones de seguridad, autonomía e independencia necesarias para el ejercicio de sus funciones”, en tanto que el Ayuntamiento de Hermosillo y el alcalde Astiazarán aseguran que continúan viendo “de qué manera nos podemos coordinar mejor”.

Entre medio, la ciudadanía, a la que, por cierto, la CEDH Sonora invita a participar en un sondeo (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUajV1z1EcsYrKc_lXF-FB2BQW9Bvp74T7T1rWCdLiNOIX8Q/viewform) sobre las “experiencias, opiniones y propuestas respecto a los filtros de alcoholimetría”, el cual al parecer –si se utiliza mediáticamente– terminará por ahondar el desencuentro con las autoridades de Hermosillo.

Además del papel que la Comisión debe cumplir en los filtros anti alcohol, algunas de las preguntas de dicho sondeo versan sobre el trato recibido de parte de los agentes policiacos, el grado de seguridad o intimidación que la gente siente en los retenes, la confiabilidad de los operativos, la necesidad de supervisión externa, si los filtros generan condiciones para la corrupción y la extorsión, y hasta si se considera que los filtros deben mantenerse.