Juez da la razón a los habitantes del Río Sonora

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Tuvieron que pasar casi 9 años, infinidad de litigios y presentación de pruebas, para que un Juez por fin otorgue la razón completa a los habitantes del Río Sonora y obligue que se cumpla un plan de remediación al impacto a la salud y medio ambiente provocado por el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México.

Fue el Juez Decimotercero de Distrito, Antonio Mora Diez, quien el 21 de abril concedió una suspensión definitiva, en términos amplios y protectores, a favor de los ciudadanos del Río Sonora, obligando acciones urgentes y estratégicas.

Todo empezó el 06 de agosto del 2014 cuando ocurrió el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre de la presa de jales de la mina de Cananea, afectando a más de 22 mil personas de los 8 pueblos del Río Sonora.

Desde ahí han sido un camino de simulación, desprecio y negligencia, obligando a una batalla legal y social de los Comités de Cuenca del Río Sonora, donde por años han solicitado un reconocimiento del daño y una remediación integral; que parecía con el Plan de Justicia Para Cananea, por fin llegaría, pero no ha sido así.

Se tuvo que demostrar con pruebas de laboratorio, que sí hay contaminación, pues se detectaron niveles peligrosos de metales pesados en sangre y orina de los ciudadanos, incluidos niños; contaminación en suelo, aire y agua por encima de las normas; y un daño económico superior a los 10 mil millones de pesos, y aun así no hay plan.

Por eso, que un Juez otorgue una suspensión definitiva es todo un logró, porque ordena a Profepa, Semanarnat, Conagua y Cofepris que adopten medidas de prevención y control para preservar el medio ambiente.

Que informen sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de contaminación y lleven a cabo un monitoreo sistemático de los niveles de metales pesados en suelos y superficies, haciendo énfasis en casas y escuelas.

Que se elabore un plan de control de emisiones con el fin de evitar más contaminación del agua, suelo y aire, un plan de manejo de residuos peligrosos y un plan de contingencia ambiental.

Que las secretarías de salud federal, la de salud y de educación y cultura de Sonora, se coordinen para brindar los servicios de salud integrales y de seguridad escolar en las comunidades afectadas.

Y que todas las autoridades responsables den información oportuna respecto a las medidas ambientales llevadas a cabo, las posibles consecuencias a la salud de las personas y la forma en que podrán evitarse en el futuro. Dando oportunidad a los afectados de manifestar sus preocupaciones y sugerencias.

Como se ve el fallo es amplio y específico; ahora falta ver si el Gobierno de Sonora y de la Federación lo cumplen o se hacen ‘weyes’, como en los últimos ocho años, la única diferencia es que ahora estarían cayendo en desacato.

Así lo veo yo, ¿cómo lo ven ustedes?