Juzgan insuficiente elevar edad laboral

La propuesta del Ejecutivo federal de elevar la edad mínima para trabajar, de 14 a 15 años, es insuficiente si se quiere abatir el fenómeno de niños que laboran y que llegan a ser explotados, consideraron organizaciones civiles.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional y la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) llevaría a México a estar a la par de otros países de Latinoamérica, sin embargo, es apenas el principio de una larga lista de pendientes a subsanar.

«Esta no es la salida, hay una serie de cosas que se tienen que hacer pero primero hay que tener la ley de tu lado. Hay que quitar muchos prejuicios porque se piensa que el trabajo doméstico está bien que es como una forma de aprendizaje para ser un adulto, para progresar.

«Pero también estamos hablando de trabajos nocivos, de niños trabajando en condiciones inadecuadas, le estamos robando a los niños su niñez», indicó Isabel Crowley, Representante de UNICEF México.

Para la activista internacional lo primero que debe hacerse es elaborar una base de datos confiable del fenómeno pues los datos del Inegi, que contabilizan a más de 3 millones de infantes bajo esta condición, son acotados.

«El problema es que Inegi dice que hay tres millones de niños, pero no cuenta a los niños que están trabajando en casa o los niños de migrantes que están trabajando, primero tenemos que tener los datos para saber exactamente el impacto que vamos a tener en las áreas.

«Se tienen que firmar todos los convenios de la OIT porque eso nos da todas las herramientas para empezar a trabajar a todos los niveles de manera alineada, además tienes que tener un monitoreo justo de cómo vamos a salir de una fase a otra», explicó.

En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) consideró que ninguna de las medidas del Ejecutivo funcionará si no existe un verdadero cambio en el diseño de la política pública que permita una sólida articulación intergubernamental e interinstitucional y un mayor impulso a la economía del País.

«Existe una relación directamente proporcional entre la disminución del ingreso económico de las familias y el aumento del trabajo infantil, esta situación se acentúa en las pequeñas comunidades con menor desarrollo social.

«Es necesario diferenciar la actividad económica de la infancia y la adolescencia para ofrecer respuestas diferenciadas que respeten los derechos humanos y ofrezcan alternativas de inclusión social, sin una cuidadosa aproximación al fenómeno se corre el riesgo de criminalizar a las familias pobres que se ven obligadas a contar con el ingreso económico de sus hijas e hijos para sobrevivir», expresó la REDIM.

Asimismo urgió a solventar los vacíos legales en la protección integral de niños vinculados a la producción económica de los países y a la creación de un sistema nacional en la materia.

La Red destacó que el trabajo infantil no es perjudicial en sí mismo cuando existe una relación laboral entre el empleador y el adolescente, hay un producto o servicio, un horario establecido y un lugar de trabajo distinto al ámbito familiar.

En ocasiones también son actividades económicas las que realizan los niños en comunidades rurales como parte de la transmisión de tradiciones culturales.

Pero cuando el trabajo no cumple con estos supuestos, advierte la organización, es explotación y por tanto un delito que debe ser perseguido y sancionado.

REFORMA