De acuerdo con el comunicado, difundido y enviado a nuestra Redacción por el colectivo, el joven presentaba un estado de salud delicado y habría solicitado atención médica desde tiempo atrás, sin que, según la organización, recibiera una respuesta oportuna.
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Muere joven de 32 años bajo custodia; colectivo exige investigar presunta falta de atención médica

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Por Redacción 

Un hombre de 32 años, identificado con las iniciales RYRJ, murió este domingo 4 de octubre mientras se encontraba privado de la libertad, hecho que fue denunciado por el Colectivo Manos Unidas por la Libertad y la Justicia Sonora A.C., que exige esclarecer si recibió atención médica oportuna.

De acuerdo con el comunicado, difundido y enviado a nuestra Redacción por el colectivo, el joven presentaba un estado de salud delicado y habría solicitado atención médica desde tiempo atrás, sin que, según la organización, recibiera una respuesta oportuna.

La agrupación señaló que el sábado 3 de octubre finalmente fue atendido y trasladado para recibir atención hospitalaria, pero murió la mañana siguiente debido a complicaciones de salud que, sostienen, pudieron haberse evitado con una intervención médica a tiempo.

“Murió por la falta de atención médica, por la falta de medicamentos y por la indiferencia”, afirmó el colectivo, al exigir una investigación para determinar qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

Manos Unidas por la Libertad y la Justicia Sonora A.C. también demandó que se garantice el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y anunció que acompañará legal y humanamente a la madre del joven.

Hasta ahora, el comunicado difundido por el colectivo constituye la principal información pública sobre el caso. No se ha localizado una confirmación oficial que precise el centro penitenciario donde se encontraba RYRJ, su diagnóstico, la causa médica asentada en el certificado de defunción o si alguna autoridad inició una investigación por estos hechos.

La denuncia hasta el momento no se ha incorporado una versión oficial de las autoridades penitenciarias o de la Fiscalía estatal.