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Ordenan reponer a Elba Esther Gordillo proceso por defraudación

Un tribunal federal canceló la formal prisión dictada a Elba Esther Gordillo por una defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos y ordenó volver a determinar si debe continuar este juicio, tras estimar que sus pruebas de descargo no fueron tomadas en cuenta.

El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, a cargo de la magistrada Graciela Santés Magaña, instruyó reponer el procedimiento a la exlideresa sindical en esta acusación y aceptar diversas pruebas a su favor, como son un dictamen pericial en materia contable y la petición de interrogar a cinco funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo, confirmó el resolutivo judicial y dijo que el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire ya giró citatorios a diversos servidores públicos para que comparezcan en el plazo de término constitucional de 72 horas para que ratifiquen la querella y los dictámenes que presentaron contra la maestra.

Indicó que los funcionarios requeridos son Édgar Bonilla del Ángel, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dos peritos de la SHCP y dos de la PGR.

De acuerdo con Del Toro, ayer a las 20:00 horas, los cuatro peritos estaban citados a declarar en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito del Reclusorio Sur, sin embargo, le informaron que los dos de Hacienda empezaron ayer sus vacaciones y los de la PGR estaban comisionados en Guadalajara.

«Hoy están requeridos a las 11:00 horas y el juez pidió a la Procuraduría Fiscal que de ser posible sean interrogados en sus domicilios, con tal de que se lleve a cabo la diligencia; al mismo tiempo, yo tengo que entregar a las 10:00 horas un dictamen contable de la maestra en el que vamos a acreditar que no existe defraudación fiscal», comentó.

El abogado sostuvo que esta defraudación fiscal grave por 2 millones 199 mil pesos corresponde a los ingresos reportados por la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2008, contrastados con sus gastos de tarjeta de crédito que el fisco supone como no declarados.

En su opinión, la imputación es infundada, ya que la autoridad fiscal no puede presumir ingresos de los contribuyentes sin que exista una auditoría fiscal, como ocurrió en el caso de Gordillo, quien se encuentra en el penal femenil de Tepepan, donde también se le sigue un juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos.

REFORMA

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