Un grupo bipartidista de ocho senadores introdujo el proyecto de ley para refundar el sistema migratorio de Estados Unidos, que desató la alegría entre los activistas, pero que aún debe superar un tortuoso camino y fantasmas de derrotas pasadas.
El texto, que ya recibió un espaldarazo del Presidente Barack Obama, supondría, de ser aprobado, la más ambiciosa reforma migratoria en Estados Unidos de las últimas tres décadas, incluyendo la posibilidad de legalizar a los 11.5 millones de indocumentados en el país, la mayoría de ellos hispanos.
La «Ley de seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización migratoria», un extenso documento de 844 páginas, fue presentada esta madrugada por el llamado Grupo de los 8, integrado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, anunciaron los propios autores.
«Nuestro sistema migratorio está en pedazos, y el ‘statu quo’ de tener a 11 millones de indocumentados viviendo bajo una administración de facto se perpetuará si no hacemos algo para resolver este problema», dijo uno de los senadores, el republicano Marco Rubio, en un comunicado.
Rubio, un conservador de familia cubana, es considerado clave para convencer a sectores del opositor Partido Republicano que se resisten a una «amnistía» para los indocumentados.
El proyecto de reforma establece un complejo abanico de medidas de seguridad para reforzar la frontera con México, supedita la legalización a que se alcancen ciertos estándares de seguridad y refunda el sistema de visas para que vayan en función de los intereses económicos del país.
La seguridad en la frontera con México ha sido el gran argumento de senadores y Gobernadores republicanos de los estados sureños para paralizar la reforma integral desde su último y sonado fracaso en 2007.
El Presidente Obama, quien recibió ayer en la Casa Blanca a dos de los senadores, dijo que el proyecto es esencialmente consistente con los principios que ha defendido repetidamente.
«Estamos confiados en que una reforma migratoria que incluya un camino claro y directo hacia la ciudadanía se conseguirá este año», indicó Kica Matos, portavoz de una coalición de grupos que apoyan la reforma, llamada FIRM en inglés.
«Estamos más cerca que nunca de una solución», estimó por su parte el jefe del grupo de legisladores hispanos del Congreso, el demócrata Rubén Hinojosa.
Pero ya han comenzado a surgir críticas de legisladores republicanos al texto, que será estudiado a fondo en varias audiencias en el Senado, comenzando el viernes. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aún debe ofrecer su versión de la ley.
Cambios en el derecho a residencia y ciudadanía
La creación del estatuto de «inmigrante registrado provisional» vendrá acompañado de un complejo abanico de medidas de seguridad en la frontera con México, incluida la ampliación de la barrera y la obligación para el gobierno federal de capturar al 90% de los indocumentados que intentan cruzar en las zonas de alto riesgo.
El Secretario de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) deberá demostrar que las medidas de seguridad están funcionando.
Además, el gobierno se compromete a implementar «un sistema obligatorio de verificación de empleo», hasta ahora voluntario, para el que dan cinco años de plazo a los empresarios, y se crea una inédita tarjeta de trabajador extranjero con datos biométricos.
Una vez comprobados la seguridad y los controles dentro del país, los indocumentados que demuestren que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el RPI.
Tras diez años esos indocumentados con residencia provisional podrán optar a la «tarjeta verde» de residente definitivo. Tres años más tarde, pueden ser naturalizados.
Los jóvenes que llegaron al país de forma involuntaria, conocidos como «dreamers», podrán ser regularizados más rápido, en cinco años.
Los indocumentados que deseen la legalización no podrán tener historial delictivo, deberán pasar exámenes de civismo e inglés, pagar una multa y pagar impuestos.
El documento detalla luego la refundación del sistema de inmigración, y propone que 40% de las visas se destine a personas de alta cualificación.
Para ello se aumenta el número de visas HB-1, para graduados universitarios, de 65.000 a 110.000 anualmente.
Se crea también una visa «W» para trabajadores no especializados que empezaría con un mínimo de 20.000 trabajadores al año.
El proyecto será debatido en sendas audiencias el viernes y el lunes, y el Grupo de los 8 quiere que sea votado en junio, según adelantó Schumer. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, prepara aún su propio proyecto.
AFP
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