Resiliencia universitaria: cuando la historia se repite… y nadie aprende de ello

Por el bien de la educación superior

Por Guillermo Moreno Ríos

Han pasado los años. 2014, 2023, 2024, 2026… y el fondo del problema sigue siendo el mismo: cambiamos nombres, cambiamos circunstancias, pero no cambiamos conductas, pongo esas fechas, porque han sido fechas de las cuales hemos manifestado desde INCIDE este sentir de manera documentada en diversos medios de difusión.

Desde mi época universitaria en 1986, he visto pasar secretarios de educación que han sido rectores o académicos premium; funcionarios universitarios de alto nivel que llegan a ser funcionarios estatales también de alto nivel o vicerectore(a)s que asumen posteriormente el cargo máximo o ex líderes sindicales que se convierten en funcionarios universitarios y… todo sigue igual.

Cada ciclo de conflicto universitario se presenta como único, como inevitable, como justificado desde alguna trinchera. Sin embargo, visto con perspectiva, deja de ser un hecho aislado y se convierte en un patrón. Y todo patrón revela algo más profundo: una falla estructural de responsabilidad compartida.

No escribo desde la improvisación. Escribo como egresado, como maestro universitario, como padre de familia y como presidente de un organismo que convive todos los días con el sector productivo. Escribo desde la experiencia de haber visto generaciones enteras enfrentar la misma incertidumbre… y a la sociedad reaccionar exactamente igual: tarde, dividida o peor aún, en silencio.

Aquí nadie puede asumirse ajeno

 Los sindicatos ejercen un derecho legítimo: la huelga. Eso es incuestionable. Pero también es incuestionable que todo derecho encuentra su límite cuando impacta de manera directa y sostenida en otros derechos fundamentales. Y en este caso, el derecho humano a la educación de miles de jóvenes queda suspendido, condicionado o, en el peor de los casos, vulnerado. El problema no es el derecho. El problema es el uso del derecho. Cuando la presión legítima se convierte en afectación generalizada, cuando el mecanismo supera al propósito, y cuando la herramienta termina dañando a terceros que no son parte del conflicto, entonces ya no estamos frente a un equilibrio… sino frente a una distorsión.

Pero sería cómodo detenernos ahí

 El gobierno tampoco puede evadir su responsabilidad. La falta de prevención, la ausencia de soluciones estructurales y la tendencia a administrar los conflictos en lugar de resolverlos, nos ha llevado a normalizar lo inaceptable. No es un tema de reacción, es un tema de conducción.

Y el poder legislativo, llamado a construir marcos normativos que den certidumbre, ha quedado corto frente a una realidad que exige mecanismos modernos de mediación, límites claros y soluciones que protejan el interés público por encima de cualquier coyuntura.

Así, año tras año, el resultado es el mismo: estudiantes en pausa, familias en incertidumbre, y una institución debilitada en su esencia.

Y aquí es donde debemos ser claros: el verdadero afectado no está en la mesa de negociación. Es el estudiante.

Es el joven que ve interrumpido su proyecto de vida

 Es la familia que hace un esfuerzo económico, emocional y personal para sostener una formación que hoy queda en el aire.

Es el futuro profesionista cuya preparación pierde continuidad, calidad y certidumbre.

Y, en consecuencia, es Sonora. Porque una universidad detenida no solo afecta a su comunidad inmediata; impacta el desarrollo económico, la competitividad y la estabilidad social de todo un estado.

Frente a esto, la pregunta no es quién tiene la razón. La pregunta es: ¿quién está asumiendo el costo?

Hoy más que nunca, se vuelve indispensable que la sociedad deje de ser espectadora. La educación superior no es un tema interno de una institución; es un bien público que nos pertenece a todos.

Por ello, el llamado es claro, pero sereno:

A la sociedad, a manifestarse a favor de la educación como prioridad.

A los estudiantes, a ejercer su voz de manera pacífica, firme y ordenada, defendiendo su derecho a aprender.

A las partes en conflicto, a entender que la fuerza no está en la imposición, sino en la capacidad de construir acuerdos sostenibles.

No podemos seguir siendo rehenes de ciclos que se repiten.

No podemos normalizar que cada generación enfrente lo mismo.

No podemos aceptar que el costo siempre recaiga en quienes menos poder tienen en la negociación.

La historia ya nos ha dado suficientes advertencias. La diferencia ahora está en si decidimos ser resilientes por fin, aprendiendo de incontable suma de errores.

Porque cuando una sociedad pone en pausa su educación, no detiene un semestre… el estado pone en riesgo su credibilidad e hipoteca el futuro.