Rocha Moya impulsa opacidad en Sinaloa antes de ser investigado por EE.UU

la iniciativa elimina la obligación de los partidos políticos de transparentar contratos, financiamiento y estados financieros.

Por Redacción 

En medio de señalamientos desde Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, promovió una reforma que recorta de fondo el acceso a la información pública en la entidad.

El 2 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia al cargo, quedando como gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, quien firmó el envío de la iniciativa cuando se desempeñaba como secretaria de Gobierno.

La iniciativa, enviada al Congreso semanas antes de que se formalizaran acusaciones en su contra, elimina la posibilidad de consultar vuelos oficiales, endurece los criterios para negar información y abre la puerta a reservar datos sobre el uso de recursos públicos.

El cambio más delicado: los ciudadanos ya no podrían dar seguimiento a casos de corrupción en proceso, solo a aquellos que el propio gobierno determine como concluidos.

Además, la propuesta plantea desaparecer el órgano autónomo de transparencia y trasladar sus funciones al Ejecutivo estatal, lo que, advierten especialistas, convertiría al gobierno en juez de su propia rendición de cuentas.

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa identificó al menos 20 puntos preocupantes, entre ellos la posibilidad de ocultar facturas y comprobantes de gasto público, ampliar los plazos de respuesta y justificar la reserva de información bajo argumentos como seguridad nacional o estabilidad financiera.

También, la iniciativa elimina la obligación de los partidos políticos de transparentar contratos, financiamiento y estados financieros.

Especialistas y organismos civiles advierten que esto convertiría al gobierno en juez y parte en materia de transparencia, en un contexto donde también se han difundido señalamientos sobre presuntos vuelos privados de familiares del mandatario.

Actualmente, la iniciativa permanece en análisis en comisiones del Congreso de Sinaloa y, de ser aprobada, organizaciones ya anticipan la promoción de amparos por considerar que vulnera el derecho de acceso a la información. (Fuente: Infobae)