Sin recursos ni programas para atender a los abuelos de Sonora

Por Gerardo Moreno/

 A pesar de ser un grupo vulnerable y contar con una Ley para mejorar su calidad de vida, los adultos mayores además de sus años, padecimientos y carencias, también tienen que lidiar con un aparato gubernamental reacio a escucharlos

Los recursos presupuestales asignados por el Gobierno de Sonora para la atención de los adultos mayores durante este 2014 apenas se han ejercido y en los hechos, están muy lejos ayudar a mejorar la calidad de vida de los abuelitos. Además pese a la obligación legal, la Ley del Adulto Mayor se une a la lista de leyes que figura como “letra muerta”, dejando en la indefensión a este grupo vulnerable de la sociedad.

La indolencia institucional

La mencionada Ley brinda atribuciones y obliga a todas las dependencias estatales a crear programas y políticas públicas precisas para la atención de los ancianos. Sin embargo no se cumplen o se hacen deficientemente, a pesar de que hay presupuestos etiquetados, específicamente para tal motivo.

La Ley del Adulto Mayor fue propuesta en la LVII legislatura por la entonces diputada Guadalupe Adela Gracia Benítez (hoy de nueva cuenta diputada), pero fue ignorada por esa legislatura y fue hasta la siguiente que se aprobó, el 5 de septiembre del 2007, y solo después que hubo varias propuestas, incluida una del entonces Gobernador Eduardo Bours.

La ley obligaba a todas las instancias del gobierno a procurar el bienestar integral y crear programas de atención, en sus debidas atribuciones, para los adultos mayores, también obligaba crear un consejo del Adulto Mayor; presidido por el Gobernador del Estado y el encargado de coordinar todos las políticas y programas sería el Secretario de Desarrollo Social (Artículo 27, numeral I y II).

Pero el tema fue ignorado y olvidado hasta el 5 de octubre del 2011, casi cinco años después, cuando se instaló el Consejo de los Adultos Mayores siendo Gobernador Guillermo Padrés, quien quedó como presidente del Consejo, integrado por seis vocales más.

Ahí se pensó que por fin se alinearían las estrategias para atender a los abuelitos, pero no; el tema fue olvidado e ignorado una vez más, pues no hay registro público a la fecha que se hayan vuelto a reunir, a pesar que el Artículo 32 de la misma Ley señala claramente que: “El consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada tres meses y extraordinarias las veces que sean necesarias…”.

La única figura que sigue operando, y que no está estipulada en la Ley, es el Consejo Ciudadano del Adulto Mayor que preside el señor Virgilio Arteaga.

¿Y el Procurador de defensa del adulto mayor?

Todos siguieron ignorando la Ley hasta que el año pasado (el 3 octubre) surgió la propuesta de crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor a fin de atender a los abuelitos en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar los derechos humanos de este sector de la población. (La propuesta fue aprobada la madrugada del 13 de diciembre en la sesión donde también se aprobó el Paquete Fiscal para el 2014).

La reforma agrega un capítulo donde explica que la Procuraduría será un órgano administrativo descentralizado subordinado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Sonora). En el artículo 60 señala que “El procurador será nombrado y removido por el Director general del DIF, con la aprobación del Órgano de Gobierno”.

Además que la Procuraduría contará con un reglamento interno, donde se estipulará las unidades administrativas que se crean pertinentes y se marca un plazo de no mayor a 90 días después de su promulgación en el Boletín Oficial (que fue el 9 de enero del 2014) para que el DIF expida el reglamento y nombre al Procurador, pero hasta el momento, con más de 130 días de que entró en vigor, la Ley no se ha cumplido.

Además señala más claro en el artículo tercero de los transitorios, que el DIF asignará el presupuesto necesario para la creación e instalación de la Procuraduría, algo que tampoco ha hecho.

Según los Informes Financieros del Primer Trimestre del 2014 (públicos a través del sistema de Transparencia), no se han ejercido ningún recurso para crear esta procuraduría, ignorando la Ley, a pesar que ya utilizó más de 24 millones 317 mil pesos para “desarrollar programas asistencia social a grupos vulnerables” de un total de casi 145 millones y medio presupuestado para ese rubro.

Sin recursos ni programas eficaces

Existen pocos programas específicos para atender a los adultos mayores a pesar de haber atribuciones específicas en la Ley del Adulto Mayor, en la Secretaría de Salud este año (según Informes Financieros del Primer Trimestre 2014) ha ejercido un millón 341 mil pesos, de casi 56 millones presupuestados en el rubro: “elevar la calidad de vida del adulto mayor, enfermedades crónicas no transferibles”.

Por su parte la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) ha destinado 20.5 millones de pesos al Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) de aproximadamente 91.5 millones que tiene presupuestado.

A su vez la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora —quien debería coordinar todos los trabajos a favor de este grupo vulnerable— ha ejercido solo un millón 309 mil del programa “CreSer con Adultos Mayores” de más de 57 millones 772 mil pesos presupuestados para este año.

Los pocos recursos asignados este año todavía no logran transformarse en una mejor atención y calidad de vida para los ancianos que, lejos de la obligación legal del gobierno de Sonora, revela desinterés e insensibilidad.