Vuelven a morder coyotes laborales

Por Alberto Maytorena/

No hay código deontológico que detenga a estos abogados laboristas, quienes siguen ejerciendo su profesión a pesar de los casos de extorsión en los que están involucrados

¿Quiénes son realmente los que se encargan de ofrecernos protección jurídica?

D. acudió a un bufete de abogados laboristas con la esperanza de que la ayudaran a establecer una demanda por despido injustificado contra Soriana. El bufete estaba integrado por Luis Alejandro Leos Valenzuela y Demis Alberto Romero López, quienes en conjunto llevaron el caso y brindaron apoyo legal a D.

Sin embargo, en los seis años que duró la demanda, la asociación de los abogados se disolvió sin que D. se enterara de ello. Los dos defensores comenzaron a llevar el caso cada uno por su cuenta sin decirle una palabra a D., quien, aunque le pareció raro llevar el caso primeramente con Leos y de repente cambiar a Romero, no dijo nada, pensando que a final de cuentas ambos llevaban el caso en conjunto.

Las últimas veces que D. vio a Demis Romero, éste le dijo que estaba a punto de terminar el caso, que iba a presentar amparo y que firmara pidiendo una cantidad monetaria para que se retirara la demanda.

“Le firmé el documento pidiendo 180 mil pesos y en eso como a los dos días me llama y me dice ‘¿Sabes qué? Fíjate que me dicen aquí en la Junta de Conciliación que Leos ya cobró un cheque por 120 mil pesos en tu nombre sobre el caso Soriana’”, menciona D.

Romero entonces le dijo a D. que llamara a Leos para cobrarle el dinero de ambos, sin embargo, al hablar con Leos, éste fingió ser otra persona y desentenderse del problema. Entonces Romero propuso demandar a Leos por fraude si se seguía negando a pagar.

Una vez acorralado, Leos citó a D. a su oficina para darle el dinero, sin embargo D. acudió primero a la Junta de Conciliación para ver quién de los dos auténticamente había llevado el caso a su término, y ahí fue cuando se dio cuenta que los dos abogados hacían las cosas por su cuenta, sin embargo, Leos fue quien llegó al acuerdo con el abogado de Soriana y cobró los 120 mil pesos; incluso el cheque salió a su nombre.

“En la Junta de Conciliación nos hablaron muy mal de los abogados, que eran unos ‘coyotes’, que inclusive a Demis no se le permite la entrada ahí porque la policía lo está buscando, que sacó su carro de la procuraduría con engaños porque se lo quitaron”, revela.

D. llegó a la oficina de Alejandro Leos acompañada por su esposo, y el abogado les entregó parte del dinero. Al preguntarle por qué se quedó con dinero que no le pertenecía, Leos puso como excusa que no tenía el número de teléfono de D., sin embargo en el expediente del caso estaba su dirección para contactarla.

Al final, de esos 120 mil, D. recibió sólo el 60%, restándole el 30% de los honorarios de Leos y otro 30% para el abogado de Soriana.

“¿Por qué le tienes que dar el dinero al otro? Si en todo caso a ti por los honorarios te toca el 15% porque Demis es el otro 15”, le cuestionó D., pero Leos insistió en que le pagara los dos honorarios a él y le dijera a Romero que si quería el dinero, se lo pidiera a Leos.

“Yo no quería ni siquiera recoger el dinero, todo momento nos estuvimos saliendo para hablar con la abogada amiga de mi esposo para que nos asesorara y nos dijo que nos convenía más agarrar lo que nos diera, porque si metíamos a un tercer abogado, el tercer abogado también iba a querer una tajada de ese dinero”.

D. le pidió a Leos un papel donde se comprometiera en darle su respectiva parte a Romero, sin embargo Leos se negó a hacerlo y, sin interés en seguir soportando los caprichos del abogado, D. decidió darle el dinero y esperar a que Leos y Romero llegaran a un acuerdo entre los dos.

Todo parecía haberse resuelto, hasta que el ocho de julio llegó a casa de D. una actuaria mercantil que venía a embargarla por un pagaré que supuestamente D. había firmado por 30 mil pesos más el 8% mensual por los servicios de Demis Romero.

“Tú no tuviste que haberle dado el dinero a él si ese dinero era para mí”, le dijo el abogado, mostrándole el documento y exigiendo que se le pagara la cantidad establecida en él. Sin embargo, D. asegura que el pagaré no era suyo, ya que en su momento leyó todos los documentos que le fueron entregados y entre ellos no figuró ningún pagaré, no obstante en el papel se encontraba su firma.

Gracias a un abogado recomendado por la consultora legal de D., al final se llegó al acuerdo de que se le entregaran a Romero diez mil pesos y que con eso retiraría la demanda. Sin embargo, el abogado le recomendó a D. que contactara a Leos para que le ayudara poniendo la mitad del dinero, ya que él ocasionó que las cosas acabaran de esa forma.

Leos nuevamente hizo oídos sordos al problema de D., argumentando que si le daba el dinero a Romero, éste iba a empezar a demandar a todos los clientes que tuvieron en conjunto para que Leos le diera dinero, mas esto no lo detuvo de ofrecer de nuevo sus servicios como abogado, así como sugerirle a D. que, dado que su esposo es policía, le pegara “un levantón” a Romero para ponerlo en su lugar, incluso le proporcionó la dirección de su casa.

Ante esto, D., quien estudia Ingeniería Civil en la Universidad, trabaja en un Restaurante y además tiene dos hijos, organizó diferentes eventos de caridad para reunir el suficiente dinero y sacarse a Demis Romero de la espalda, lo cual finalmente consiguió.

No es la primera vez que Luis Alejandro Leos Valenzuela y Demis Alberto Romero López aparecen en esta clase de hechos. Los abogados son conocidos en el gremio como “coyotes laborales”, y estuvieron involucrados en casos de extorsión y delincuencia laboral, como el de Gabriela Dinorah Uriarte Higuera, a quien defendieron y ayudaron a establecer una demanda por supuesto despido injustificado contra la cadena de restaurantes Oriental Express, demanda que terminó por ser un fraude y puso a Uriarte en prisión.