AMIC Sonora: confianza y prestigio que se construye

La ENVIPE 2025 del INEGI ubica a la AMIC dentro del top diez nacional en confianza ciudadana; la confianza pública, especialmente en materia de seguridad y procuración de justicia, es uno de los activos más difíciles de construir y más fáciles de perder

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Pocas instituciones del Estado están sometidas a un escrutinio tan severo y tan exigente como la policía de investigación. Y pocas, también, cargan sobre sus hombros una responsabilidad tan delicada: perseguir el delito, construir casos sólidos, ejecutar órdenes de aprehensión, intervenir en flagrancias, desarticular estructuras criminales y, al mismo tiempo, hacerlo todo dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.

Lo digo no sólo desde la reflexión pública, sino desde la experiencia personal. En mi calidad de exfiscal general de justicia del estado y de procurador general de justicia de Sonora, tuve el privilegio y la enorme responsabilidad de dirigir a la corporación policial y de investigación de la institución. Esa experiencia me permitió conocer de primera mano su verdadera dimensión humana, profesional y operativa.

Conviví con mujeres y hombres de enorme valor, disciplina y lealtad institucional. Vi de cerca su capacidad de sacrificio, su disposición para entrar donde otros retroceden y su compromiso para cumplir con su deber aun a costa de su propia tranquilidad y de la de sus familias. Pero también constaté algo que la opinión pública a veces no alcanza a dimensionar: detrás de cada operativo exitoso, de cada detención legalmente ejecutada y de cada investigación bien integrada, existe preparación, método y carácter. 

Durante mi gestión, con el respaldo decidido de esa corporación, obtuvimos resultados muy positivos en el combate a la criminalidad y en la inhibición de conductas delictivas. No fueron logros producto de la casualidad ni de la improvisación. Respondieron a una convicción muy clara: una policía de investigación eficaz no puede sostenerse únicamente en el valor personal de sus elementos; necesita formación, entrenamiento, dignidad laboral y conducción firme.

Por ello, nos empeñamos en fortalecer su capacitación desde varios frentes. En aquellos años comenzaba la implementación del sistema penal acusatorio, lo que exigía un cambio profundo en la manera de investigar, documentar, detener y comparecer ante jueces. Comprendimos que no bastaba con trasladar inercias del pasado a un nuevo modelo procesal; había que profesionalizar de verdad a la corporación para que sus actuaciones resistieran el escrutinio judicial y respetaran las nuevas exigencias constitucionales.

A esa formación académica y jurídica sumamos una preparación operativa constante. Desde la perspectiva del uso de las armas de fuego, impulsamos prácticas recurrentes y organizamos torneos de tiro tanto para varones como para mujeres integrantes de la corporación, porque la destreza táctica no admite improvisaciones. Del mismo modo, se fortaleció la capacitación en defensa personal policiaca, no para abusar de la fuerza, sino exactamente para lo contrario: para someter con técnica, proporcionalidad y control, en estricto apego a los derechos humanos, a quienes eran objeto de detenciones en flagrancia, en cumplimiento de órdenes de aprehensión o en casos urgentes.

Ese esfuerzo no se limitó a lo estrictamente operativo. También procuramos mejorar sus condiciones económicas y dignificar su función en todos los aspectos posibles. Siempre he pensado que exigir resultados extraordinarios a una corporación sin corresponderle con condiciones decorosas de trabajo es una forma de simulación institucional. La autoridad no puede pedir honor, disciplina y riesgo permanente, y al mismo tiempo desatender la dignidad de quienes encarnan la primera línea de la procuración de justicia.

Debo decirlo con claridad y con reconocimiento expreso: nada de eso habría sido posible sin el apoyo y el liderazgo de un excelente comisario titular de la Policía Ministerial, el comandante Manuel Ángel Barrios Macario. Su conducción fue fundamental para consolidar orden, disciplina, cohesión y resultados. Fue un mando con experiencia, con autoridad moral y con un claro entendimiento de que una corporación fuerte no se construye sólo con mando, sino también con ejemplo.

En más de tres años que estuve al frente de la procuración de justicia en Sonora, solamente un elemento de esa corporación, el joven José Alonso Urqujo Samaniego, fue privado de la vida. Esto sucedió en un enfrentamiento. No hay discurso ni ceremonia que neutralice el dolor de perder a uno de los nuestros en el cumplimiento del deber.

A ese valiente elemento, José Alonso Urqujo Samaniego, le rendimos los honores que merece un héroe. Y no se trató de un gesto retórico ni de una ceremonia vacía. Estuvimos incondicionalmente al pendiente del bienestar de su familia, porque cuando una institución honra de verdad a sus caídos, no sólo despide a un agente; asume una deuda moral con quienes ofrendaron su vida. Ese fue, sin duda, el momento más doloroso de mi paso por la procuración de justicia.

Pero junto al dolor había también una definición institucional que siempre sostuve con firmeza: a nuestros elementos nadie debía tocarlos impunemente. Quedó claro que quien atentara contra ellos enfrentaría de inmediato la reacción operativa e institucional del Estado. No por ánimo de venganza, sino por un deber elemental de autoridad. Cuando se agrede a un policía de investigación, no sólo se ofende a una persona; se desafía al Estado mismo y a su capacidad de proteger a quienes lo defienden todos los días.

Por eso me parece justo decir hoy que esa vocación de servicio, esa disciplina operativa y ese compromiso con los resultados no sólo se han mantenido, sino que han sido profundizados. Bajo la conducción del actual comisario Carlos Alberto Flores, considero que la corporación ha continuado esa ruta de trabajo y ha progresado. Y cuando una institución conserva su esencia, pero además logra evolucionar positivamente, lo correcto es reconocerlo sin regateos.

En ese contexto, no es casualidad el reconocimiento reciente reflejado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI que ubica a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) dentro del top diez nacional en confianza ciudadana. Menos aún lo es que Sonora aparezca en el octavo lugar entre las entidades federativas en ese indicador. Detrás de ese dato no hay magia ni propaganda suficiente que lo explique por sí sola. La confianza pública, especialmente en materia de seguridad y procuración de justicia, es uno de los activos más difíciles de construir y más fáciles de perder. Si se ha alcanzado ese nivel de percepción positiva, es porque existe trabajo real detrás: presencia, resultados, profesionalización, coordinación y una estructura de mando que ha entendido la relevancia de sostener estándares institucionales.

Mi reconocimiento, desde luego, es para el actual comisario Carlos Alberto Flores por su conducción. Pero, sobre todo, es para todas y cada una de las mujeres y hombres que integran esa corporación. Para quienes investigan, ejecutan, comparecen, se capacitan, patrullan, se exponen y regresan a casa con el peso de haber estado, una vez más, del lado correcto del deber. A todos ellos les expreso mi reconocimiento perenne.

Porque al final del día, la confianza no se decreta desde un escritorio ni se fabrica con discursos. La confianza se gana en la calle, en la legalidad, en el profesionalismo y en el valor con el que una corporación cumple su misión. Y cuando la AMIC ha logrado ganársela, lo menos que corresponde es decirlo con todas sus letras.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.

Correo: mdeocasc@hotmail.com