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Acusan abuso de poder contra periodistas

Los periodistas interpusieron una queja ante la CNDH. Fueron atendidos por el delegado Octavio Grijalva.
Los periodistas interpusieron una queja ante la CNDH. Fueron atendidos por el delegado Octavio Grijalva.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores proponen en Sonora crear una iniciativa de Ley 3 de 3, a favor de la libertad de expresión

Por Gerardo Moreno Valenzuela

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, periodistas sonorenses se manifestaron en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que la actual secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Sonora, Wendy Briceño Zuloaga, promueve un juicio penal en contra de los periodistas Hiram Rodríguez y Gerardo Ponce de León, por opiniones vertidas en sus espacios periodísticos y en un caso ya sancionado por la vía administrativa.

A través de una queja formal ante la CNDH, los comunicadores sonorenses informaron que han sufrido hostigamiento institucional, por parte de la funcionaria, ya que han enfrentado a diferentes litigios administrativos y judiciales desde el 2021 cuando Wendy Briceño era diputada federal por Sonora.

En ese tiempo, los acusó ante el INE, el IEE y la FEPADE, de violencia política en razón de género, sin embargo, apoyándose de su influencia la denuncia procedió sin avisar a los periodistas que contaban con un proceso en su contra, y con ese argumento se les declaró en rebeldía y se les impuso sanciones económicas severas y una sentencia, que, a pesar de ser injusta, fue atendida.

Incluso, el periodista Hiram Rodríguez tuvo que pagar hasta en cuatro ocasiones una multa ante el SAT, porque omisamente el SAT nunca informaba al INE que ya estaba pagada y el Instituto le aplicaba de nuevo la sanción. Calculan alrededor de 140 mil pesos en multas. Además de una serie de cursos y disculpas públicas diarias durante un mes, así como borrar de su portal web la información.

Ahora quieren meterlos a la cárcel

Actualmente, la funcionaria, ya como secretaría del Gobierno del Estado, determinó someter a un proceso penal a los dos comunicadores sonorenses y busca llevarlos a prisión, por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

A nombre de los involucrados, la periodista Armida Bernal, leyó el contenido de la queja, donde señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que la protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles cuando la persona ofendida sea funcionario público, por lo que un proceso penal es un exceso y una violación a la libertad de expresión.

“El proceso penal en contra de nuestros compañeros es además de un exceso, una violación fragante a la liberta de expresión, toda vez que Wendy Briceño fue objeto de críticas y señalamientos como parte de las funciones que desempeñaba y no se le cuestionó en temas de índole personal o por sus ideas personales en cuestión de género”.

La exigencia de los periodistas sonorenses es que no se permita utilizar de manera facciosa las leyes y relaciones políticas para hostigar y acusar periodistas.

Proponen 3 de 3 a favor de la libertad de expresión

En ese sentido, el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano Franco, informó que están proponiendo al Gobernador Alfonso Durazo Montaño que envié una iniciativa que sancione a funcionarios públicos que violenten la libertad de expresión.

Explicó que la propuesta es que las personas que se les señale o tengan sentencia como personas que promueven la censura y ataquen el libre ejercicio de la libertad de expresión sean inmediatamente destituidos de su cargo. Pero que tampoco se le permita participar como candidato para algún puesto de elección popular.

“Cuál sería la sanción que estamos pidiendo, primero si es servidor público en funciones que lo cesen del cargo y segundo, si es aspirante a un cargo, que no pueda participar en un proceso electoral, algo así como una Ley 3 de 3, pero para periodistas”.

De igual forma, se propone que el Gobierno del Estado retome la recomendación número 10 de la CIDH y asuma como política propia que ningún periodista deberá ser juzgado penalmente por sus dichos u opiniones, y en caso de agravios quede en sanciones administrativas.

Precisó que el Gobernador Alfonso Durazo ha mostrado solidaridad y voluntad política con los periodistas y representantes de los medios de comunicación, solo que no hay recursos, pero dijo estas propuestas no requieren dinero, solo voluntad política para hacerlo y eso es el llamado que se realiza. Cano Franco explicó que a nivel nacional se han registrado casos de acusaciones penales en contra de periodistas por sus opiniones, comentarios y reportajes, pero en Sonora no se había presentado y la acusación de Wendy Briceño sería la primera y fijaría un mal precedente para el libre ejercicio de la libertad de expresión