Arizona: Discriminación cuesta a contribuyentes

Los contribuyentes de la zona metropolitana de Phoenix tendrán que pagar aproximadamente 21 millones de dólares en el próximo año y medio por los cambios ordenados en respuesta a la determinación de una corte que encontró que la oficina de un alguacil de Arizona discriminaba a los latinos durante patrullajes regulares de tránsito y otros contra inmigración ilegal.

El Condado de Maricopa también deberá recaudar 10 millones de dólares adicionales anuales a partir de mediados de 2015 para pagar personal y otros costos para acatar la orden del juez contra la oficina del alguacil Joe Arpaio.

Intercesores de los derechos de los inmigrantes dicen que los costos del condado ayudan a refutar el alguna vez popular argumento de que las agencias de policía locales debían involucrarse en aplicar la ley de inmigración para disminuir los costos de educación y salud relacionados a la inmigración ilegal debido a que el gobierno federal no ha protegido adecuadamente la frontera sur de Estados Unidos.

«Ese es el precio que se paga por salir y realizar trabajo federal de inmigración», dijo Mary Rose Wilcox, supervisora del condado y añeja detractora de Arpaio, al explicar que es más prudente dejar la aplicación de la ley de inmigración a agentes federales especializados que han sido responsables de esa tarea desde hace mucho tiempo.

Arpaio dijo que no lamenta haberse involucrado en la aplicación de la ley de inmigración y que cree que sus esfuerzos han ayudado a disminuir la criminalidad en el condado. Señaló que la Legislatura aprobó varias leyes de inmigración en años recientes que él está obligado a hacer cumplir. «Valió la pena el dinero, y valió la pena el esfuerzo», agregó.

Hace siete meses, el juez federal de distrito Murray Snow determinó que la oficina de Arpaio se enfocó sistemáticamente en latinos en sus distintivos patrullajes de inmigración y que sus agentes prolongaron sin razón las aprehensiones de personas que fueron detenidas mientras conducían.

Arpaio está apelando el fallo y dijo que éste retrata desfavorable e injustamente a sus agentes.

El costo estimado, el cual fue reportado primero por el periódico The Arizona Republic, fue proporcionado a funcionarios del condado por la oficina del alguacil como parte de un proceso de elaboración de presupuesto que se espera termine en mayo.

Según los cálculos, el condado pagaría 7,6 millones de dólares por el resto del actual año fiscal que termina el 30 de junio y otros 14,2 millones en el siguiente año fiscal. Después de eso, se espera que cueste 10 millones de dólares anuales mientras la oficina del alguacil continúe bajo la orden del juez.

Los costos incluyen la instalación de cámaras de video en cientos patrullas de la agencia, capacitación adicional para asegurar que los agentes no realicen arrestos anticonstitucionales, y los salarios, prestaciones, vehículos y otros gastos de operación de un equipo de siete personas conformado por empleados del alguacil que ayudará a cumplir la orden del juez.

Las personas que interpusieron una demanda civil contra la oficina del alguacil no pidieron una indemnización; en lugar de ello, querían una declaración de que la agencia de Arpaio practicó encasillamiento racial y una orden que le exigiera realizar cambios de política.

El condado ya ha gastado 1,6 millones de dólares defendiendo a la oficina del alguacil en el caso.

Pero los abogados que ganaron el proceso han pedido al juez que ordene al condado pagar 7,3 millones de dólares en gastos de representación jurídica y otros costos en los que incurrieron mientras litigaron el caso, una solicitud que los abogados de Arpaio han calificado como excesiva y escandalosa.

El juez no emitido aún un fallo sobre esa solicitud.

AP