Autoridades ambientales en Sonora, indiferentes ante contaminación tóxica en La Colorada

Por Gerardo Moreno/

Los habitantes del municipio de La Colorada se encuentran en la total indefensión ya que las autoridades que deberían velar por su bienestar y salud solamente buscan evadir responsabilidades y se excusan para dejar a la comunidad sola y a expensas de las compañías mineras, quienes sin importarles nada, contaminan el ambiente y perturban la tranquilidad de los habitantes con sus trabajos de exploración.

La semana pasada, en su edición No. 2185, Primera Plana presentó cómo la mina “La Colorada” que se encuentra pegada a la comunidad que lleva el mismo nombre, trabaja con total impunidad, emite nubes de polvo y contaminantes que cubren completamente el pueblo, con el total apoyo de las autoridades del municipio.

Los habitantes, con miedo explicaban que las máquinas donde separan el oro de la piedra eran utilizadas sin agua, lo que provoca que las emisiones del polvo lleguen al pueblo. Además que están explotando la zona de la mina más pegada al pueblo lo que genera que las fuertes detonaciones retumben en las casas, dañándolas fuertemente y generando gran molestia.

Autoridades estatales pasan la bolita

Sonora, desde el año 2011, cuenta con una Procuraduría encargada de vigilar y regular las actividades que afecten al medio ambiente. El 31 de mayo del 2012 se nombró a Arturo Peinado Barragán como titular de la nueva dependencia y según la Ley que crea la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES), promulgada en el boletín Oficial el siete de noviembre del 2011, es un “órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Urbano (SIDUR)”.

La Procuraduría Ambiental de Sonora cuenta para el 2013 con un presupuesto de 15 millones 600 mil pesos, según se estipula en el Decreto de Presupuesto de Egresos que se encuentra en la página de trasparencia de la Comisión de Ecología y Desarrollo sustentable del Estado de Sonora (CEDES) ―ya que la Procuraduría no tiene página propia―. Paradójicamente, este presupuesto es aún mayor que el del mismo CEDES que es de ocho millones 82 mil pesos.

Por otro lado la misma Ley, en su Artículo Segundo, explica que este organismo tiene por objeto:

I.- Ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y sanción que en materia ambiental se encuentren asignadas al Estado en términos de la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables;

II.- Realizar investigaciones sobre denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al medio ambiente o representen riesgos graves para el mismo;

III.- Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental integral, pronta y expedita;

IV.- Promover una participación decidida, informada y responsable de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la legislación ambiental.

Por su parte en la Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente de Sonora, dice en su Artículo Siete, punto 10, como responsabilidad del Estado “La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación”. En su punto siete también abunda sobre “la prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales…”

Los dos puntos anteriores son los que habitantes de La Colorada señalan como los principales problemas con la mina. En ese sentido, este Semanario trató de conseguir una entrevista con el titular de PROAES, Arturo Peinado, para conocer los alcances de la dependencia en este tema, pero nunca se logró tener la versión del funcionario estatal y la respuesta fue a través del área de comunicación social de SIDUR, limitándose a informar que esta dependencia no tiene atribuciones ni facultades para actuar en este tema ya que las minas son jurisdicción Federal y que el Gobierno de la República, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) es quien debe responder.

Federación dice estar revisando

Por su parte las delegaciones federales en Sonora de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la PROFEPA, informaron a través de un comunicado emitido el lunes 28 de octubre que están realizando la revisión de las más de 100 minas que se encuentran en Sonora como parte del Programa de Inspección y Vigilancia emprendido por el Gobierno Federal desde el mes de abril y que concluirá en diciembre.

A través del comunicado, el delegado de la SEMARNAT, Ulises Cristópulos informó que PROFEPA encontró graves problemas de funcionamiento en algunas empresas mineras y resolvió clausurar a nueve de ellas, entre las empresas detenidas se encuentra una ubicada en el municipio de La Colorada, pero no especificaron cuál.

Explicaron que los inspectores de PROFEPA buscan que las empresas cumplan con los reglamentos ambientales, principalmente con el Manifiesto de Impacto Ambiental, así como el manejo de residuos peligrosos y que cuenten con bitácoras de entrada y salida de estos residuos.

El delegado de SEMARNAT expresa en el comunicado que “vamos a seguir trabajando fuertemente en este renglón, porque es primordial que todas las industrias que manejan residuos peligrosos estén debidamente reglamentadas”.

Mientras la Federación sale al paso argumentando tener bajo vigilancia la actividad minera, las dependencias estatales se lavan las manos. Mientras tanto, los habitantes de La Colorada amanecen todos los días con nubes de polvo tóxico filtrándose hasta sus pulmones. Tienen que seguir viviendo con él, pues ninguna autoridad vela por su salud, pero aún más, desconocen lo que respiran a diario.