Por Imanol Caneyada/
El titular de Salud en Sonora está en la mira la PGR por una demanda de lavado y desvío de recursos, y otra más por incumplir con la asignación de una licitación para la remodelación del Hospital General de Caborca
Mientras Guillermo Padrés, según ha trascendido, envía sus alrededor de 120 caballos a Canadá y negocia su salida del gobierno a cambio de la cabeza de 10 de sus funcionarios, el secretario de los Servicios de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, enfrenta al menos dos demandas; una por desvío de recursos, peculado y lavado de dinero, y la otra por la licitación del Hospital General de Caborca.
Ambas demandas, aunadas a su escandalosa gestión al frente de la secretaría y al enfrentamiento con Roberto Romero, exsecretario de Gobierno, lo hacen candidato a ser uno de los funcionarios importantes que pagará por la innumerable lista de actos ilícitos cometidos por el actual gobierno.
El doctor Carlos González Méndez, secretario general del Sindicato de los Empleados de los Servicios de Salud en Sonora y promotor de la primera demanda, nos comenta que la PGR les ha pedido paciencia y les ha asegurado que en septiembre podrían salir las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la demanda interpuesta en enero de este año contra el mismo Campillo y otros empleados del sector salud.
El sindicato que encabeza el neurólogo, con la colaboración de Sonora Ciudadana, presentó las pruebas que demuestran que los fondos que el Gobierno federal le envía al estatal por concepto de homologación de salarios del sector salud no llegaron a los empleados y fueron desviados.
Uno de los posibles destinos que la investigación arrojó fue el Fondo Crecer, al cual, la Secretaría de los Servicios de Salud otorgó préstamos a fondo perdido por una cantidad millonaria.
La PGR, nos dice Carlos González, está investigando y sigue la ruta del dinero para consignar el desvío de los recursos y el consecuente lavado.
La otra demanda está relacionada con la licitación de la obra de remodelación del Hospital General de Caborca.
El dos de diciembre de 2011, la Secretaría de la Función Pública falló en contra de los Servicios de Salud de Sonora y le ordenó reponer la licitación de dicha obra, ya que se la había otorgado a las empresas LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. y TECNOCONSTRUCCIONES VAL S.A. DE C.V., propiedad de Jesús Roberto Ocho Padilla y César Hugo Valdez Real, ambos personajes ligados estrechamente al Nuevo Sonora.
El monto concertado para esta obra era de 28 millones de pesos.
La inconformidad vino por parte de la empresa VÍAS Y URBANIZACIONES MVP, S.A. DE C.V., la cual participó en la licitación y aportó pruebas suficientes para acreditar que la asignación de la obra había sido irregular y no cumplía con lo señalado por la ley.
El fallo de la Secretaría de la Función Pública asentó:
“En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y fundado, la inconformidad promovida por las empresas VÍAS Y URBANIZACIONES MVP, S.A. DE C.V. y MARTÍN ROSS, S.A. DE C.V.se determina fundaday por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, primer párrafo, 83 fracción III y 92, fracción V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debe declararse la nulidad del fallode la Licitación Pública Nacional 55113002-005-10”.
No obstante lo anterior, el Gobierno del estado hizo caso omiso y la obra del Hospital General de Caborca la llevó a cabo LA GRANDE CONSTRUCTORA.
Todo lo anterior, junto con la presión social que en este momento existe en Sonora para que los funcionarios del Nuevo Sonora rindan cuentas, ponen a Bernardo Campillo como el chivo expiatorio ideal.
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