El combate mundial contra la corrupción y su impunidad y el estado de derecho

(3ª de 4 partes)

Por Héctor Rodríguez Espinoza

“HE CUMPLIDO 95 DE LOS 100 COMPROMISOS”. Casi al término del mensaje, afirmó que ya está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia.

Omisiones: violencia contra las mujeres, caso Lozoya, “aportaciones” a Pío López Obrador, muro de Donald Trump y cambios en el gabinete.

ENTREGA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, tuiteó: “Con mucho orgullo entrego al H. Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cuarta Transformación se consolida por la lucha contra la corrupción y por brindar bienestar, justicia e igualdad a nuestro pueblo”.

Luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, diera inicio a la sesión del Congreso general, para arrancar el tercer año de la LXIV legislatura, se declaró en receso para proseguir con el acto protocolario de recepción. En el salón de protocolos de San Lázaro se dieron cita, además, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

El presupuesto 2021 prevé una bolsa de 3,315.8 millones de pesos para el combate de la corrupción. Por institución, el Consejo de la Judicatura Federal tendrá el mayor porcentaje de ese total; con 45 %, seguido de la Función Pública, con 33.6%. Combatir la impunidad y el abuso serán dos ejes.

Ciertamente el 24 de mayo del 2019 López Obrador dijo: “Era un desorden bien organizado para robar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo orden. Siempre he dicho que, entre otras cosas, la política es poner orden en el caos […] No es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción”. Pero es un error estratégico grave hacer recaer todo el combate de la corrupción en el criterio y honestidad personal del presidente.

Debería ir a parar, además, en los siguientes aspectos:

—La delegación administrativa en cada uno de los secretarios —y exigirles una ejemplaridad ética a cada uno—, “hacia debajo de las escaleras”. Se advierten algunos eficientes y eficaces, pero otros son francamente lo contrario y hasta impresentables.

—La división de poderes dignos, autónomos e independientes.

—El establecimiento de contrapesos y de instituciones autónomas que, según parece, él busca debilitar o eliminar.

—Incorporación y compromiso patriótico de la empresa privada nacionalista.

—Homologar todo lo anterior en los gobiernos locales (gobernadores, Congresos y tribunales de justicia) y municipales (presidente y ayuntamientos).

—Empoderamiento responsable de la sociedad civil.

En pocas palabras, enfatizar la cultura cotidiana de la legalidad y el Estado pleno y constitucional de derecho, como los definen las Naciones Unidas:

[…] un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

Los apéndices describen resultados alcanzados por México en los índices de percepción de la corrupción desde 1995 hasta el 2019.

Segunda parte

3.- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y LA COYUNTURA TRASCENDENTE Y TRANSITORIA DE LA REFORMA JUDICIAL FEDERAL DEL 2021. (Posdata al Prólogo de la edición mexicana del libro El combate mundial contra la corrupción y la impunidad, y el Estado de derecho. Necesidad de implementar la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, Editorial Porrúa, 2021.)

a.- Durante cinco años (1968-72, Juzgado 1° de distrito de Sonora y Tribunal Colegiado del 5° Circuito del noroeste y 1977, Tribunal Unitario del 5° Circuito del noroeste) pertenecí al poder judicial federal. Ahora, desde la academia, he seguido investigando sobre su evolución y  reestructuración, su reforma de 1994 que desapareció la Suprema Corte  de Justicia y conformó una nueva y ahora, en los días que corren, con la  reciente aprobación de siete leyes por el Congreso General de la Unión  que lo reforma, pero marcada por la estridente y unánimemente cuestionada (por juristas constitucionalistas) fundamentación constitucional  de su artículo 13 transitorio, que amplía el plazo, en dos años más, para  el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y la de los seis magistrados que integran el consejo de la judicatura federal, que también  lo preside, en contravención del artículo 97 de la carta magna que, sin  duda, la determina en cuatro años.

Son muchos los episodios y personajes cuestionados dignos de un somero repaso que ofrezco.

4.- No escapa para mi posición el eterno y fascinante tema del conflicto entre el DERECHO —y su expresión positiva de la LEY— y el valor supremo de la filosofía del Derecho, la JUSTICIA y, como corolario, el concepto del ESTADO DE DERECHO.

Pero la naturaleza de esta posdata me limita discernir. Sólo puedo partir de que, en obediencia al principio de SEGURIDAD JURÍDICA, la ley es la única expresión que nos la garantiza. Pero no cualquier ley, sino aquella BUENA LEY, en los términos y sentimientos visionarios del padre de la patria, José María Morelos y Pavón y acorde con la pirámide normativa del padre de la Teoría Pura del Derecho, Hans Kelsen.

5.- Año de 1986. No olvidemos, vgr., el caso del ex ministro Ernesto Díaz Infante que, por aquel célebre caso de El chacal de Acapulco (1986-2006), fue uno de los más sonados por la injusticia, impunidad y corrupción judicial de la Suprema Corte. Extraditado desde Texas, fue condenado por sobornar a dos magistrados del circuito de Guerrero y compurgar su pena en un reclusorio del Distrito Federal y dada su avanzada edad en prisión domiciliaria. Desafortunadamente un año después un juez revocó su sentencia, sus últimos días se la pasó cobrando el 80% de su salario como pensión y murió el 17 de marzo de 2006.

6.- Tampoco soslayar la denuncia del Dr. Arturo Azuela, escritor, académico y periodista y ex presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Reflexiona sobre la circunstancia en el año de 2005, de la Suprema Corte de Justicia, presidida por su primo Mariano Azuela Güitrón.

“Mensaje a la Suprema Corte de Justicia. Se habla de los ortodoxos y los moderados, o sea: los de derecha y los de centro, una elemental geometría muy distante de las realidades sociales del país.  ¿Cómo es posible, en una transición democrática, que no exista un solo ministro de principios progresistas? Pero las más graves informaciones se refieren a sueldos, prestaciones, seguros, opacidad por el secreto fiduciario. Se habla de cantidades estratosféricas, de algo así como 60 mil dólares al mes. Es algo descomunal y, por lo tanto, significa una bomba de tiempo. Esta información, con los números precisos, deben darla a conocer los funcionarios más indicados de la Suprema Corte. Y si lamentablemente es verdad, entonces, de acuerdo con las circunstancias, tienen la obligación —para hoy mismo— de bajarse los sueldos ante la opinión pública. En la escala axiológica, la moral es un valor supremo.  Y si se trata ni más ni menos que de la Suprema Corte, por ningún motivo se puede perder la autoridad moral; sin ella no pueden existir jueces ni magistrados ni ministros. Bien sabemos que la calumnia, hoy más que nunca, es una especie corriente, y por eso mismo las actividades de un funcionario público deben ser transparentes. Si la vileza, la mala fe, las canalladas persiguen a nuestros más altos representantes de la ley, precisamente con la ‘’majestad” de la misma ley tienen el deber de ofrecernos su confianza, de darnos la oportunidad de decirles que efectivamente son honorabilísimos ministros, además de eminencias en el conocimiento del derecho humano. Se ha dicho que la jurisprudencia es la primera ciencia social, que está en un nivel superior al de las ciencias políticas y económicas. Tiranos han sido muchos legisladores; sin embargo, por la sabiduría de los jurisconsultos, se habla de los principios del derecho y de las reglas esenciales para impartir justicia. (Jornada, 28 julio 2005)

7.- ¿Y qué decir de la cuestionada propuesta y designación de la ex ministra Margarita Luna Ramos? En el libro “Derecho de Réplica. Revelaciones de la más grande pantalla política de México”, se describe uno de los más graves de la vida pública mexicana. Carlos Ahumada —empresario mexicano de origen argentino— y editorial Grijalbo cortaron la dominancia informativa de la irrupción del nuevo virus de la influenza, en abril del 2009, con un libro sobre las entrañas de uno de los más graves escándalos de la vida pública mexicana de aquellos últimos años. En el Capítulo III, Ética, Administración Pública y Administración de Justicia, puntos 3., Notas, de este libro expongo este tópico, por lo cual me remito a ellos.

8.- Pasando a la reciente reforma al poder judicial federal aprobada por el Congreso General de la Unión y su anunciada Acción de Inconstitucionalidad por la minoría legal autorizada de congresistas, ofrezco un par de reveladoras entrevistas en Televisión.

¿Reforma de sólo un hombre en la consejería de la presidencia de la república y de y para sólo un hombre en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

9.- Entrevista del ministro Arturo Zaldívar con Ciro Gómez Leyva. Hablándole de “usted”, en síntesis afirmó que, en principio, permanecerá como presidente de la corte “por el plazo para el cual fui electo”; que seguirá actuando con seriedad y responsabilidad. Que hay separación de poderes, el judicial es un poder “independiente, vigoroso y autónomo” y la reforma busca que sea “más moderno, cercano y comprometido”. Respecto a la resolución que la corte tome sobre el artículo transitorio, “se trata de un tema técnico, de método interpretativo”, tengamos confianza en la corte y que estará “esperando y será hasta ese momento cuando volvamos a platicar”. Finalmente que dicho artículo transitorio no debe llevar a un paralelismo con la posibilidad de usar ese método para extender el mandato del presidente de la república, porque aquí se trata de un funcionario electo popularmente.

10.- Entrevista del ministro Arturo Zaldívar con Joaquín López Dóriga. Hablándole de “tú”, escuché dos veces los  24 minutos y, en términos generales, encuentro una gran contradicción:  por una parte dice que “la reforma judicial federal —en la que han trabajado por dos años—, es la más importante en los últimos 25 años, para combatir, de mejor manera, la corrupción y el nepotismo; avanzar en un nuevo perfil de juzgadoras y juzgadores federales y una auténtica defensoría pública”; pero, por otra parte, dice que actualmente “se tiene  un poder judicial federal vigoroso, independiente y autónomo y lo demuestra todos los días con sus sentencias” (entonces, ¿para qué se reforma? HRE).

11.- ¿Quién es el Lic. Julio Scherer Ibarra, cerebro de las reformas y del artículo 13 transitorio? Nació en la Ciudad de México, hijo del periodista y fundador del semanario Proceso, Julio Scherer García. Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y político mexicano pertenece al Movimiento Regeneración Nacional Morena. En 2005, Profesor adjunto en la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos. Desde 2006 es cercano a Marcelo Ebrard. Para el proceso electoral del 2018, nombrado coordinador territorial de Morena en la Tercera Circunscripción Electoral que abarca los estados de Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal desde el 1 de diciembre de 2018. Hasta el 11 de enero de 2019 formaba parte del consejo administrativo de Proceso, cargo al que renunció debido al conflicto de intereses que representa su labor actual en el gobierno federal.

Escritor de profesión e izquierdista de ideología política. Autor de los libros “Impunidad: la quiebra de la ley”, “El dolor de los inocentes” y “La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces”. Es coautor del libro “Compilación de comercialización y financiamiento a la mediana empresa y comercio”. Ha participado activamente en la desincorporación y venta de empresas paraestatales, así como en su planeación, programación y reestructura financiera.

Ex abogado personal de López Obrador, por su oficina han pasado las doce reformas prioritarias, como la del aumento al salario mínimo, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública, la abolición del fuero, que el presidente pueda ser juzgado, calificar de graves los delitos de corrupción, el robo del combustible y el fraude electoral, entre otras…