En el Caso de Tráfico de bebés, padres adoptantes estarían en la mira de PGR

Por Imanol Caneyada/

A pesar de que mediáticamente los padres adoptantes han sido eximidos de culpa, ya que fueron engañados y manipulados, según se desprende de sus testimonios, podrían ser acusados de varios delitos

La Procuraduría General de la República ejerció su facultad de atracción en el caso de la venta de niños en Sonora el pasado 11 de septiembre, aunque por algún motivo inexplicable, la Procuraduría estatal no lo dio a conocer hasta hace apenas unos días.

Lo anterior significa que la fiscalía federal reiniciará una investigación que de momento ha mostrado la debilidad del Estado en toda su expresión, y en la que la corrupción, el tráfico de influencias y el encubrimiento han sido una constante.

La PGR, en un caso también doloroso y plagado de irregularidades, el de la guardería ABC, ha incurrido en dilación, negligencia y no ha respondido a las expectativas ni de los padres de los niños víctimas del incendio ni de la sociedad sonorense, según han señalado las organizaciones civiles involucradas, los abogados e incluso el perito estadounidense David Smith.

¿Será la excepción el asunto del tráfico de bebés?

La fiscalía federal enfrenta varios retos. Uno, encontrar a quienes han sido identificados como presuntos operadores de la red de trata: José Manuel Hernández y Vladimir Arzate, prófugos de la justicia.

Dos, esclarecer si la Procuraduría estatal encubrió a los implicados, tanto a los  arriba mencionados, como al médico Édgar Vázquez Tello y al policía Judicial Ramsés Oliva, señalados en la declaración ministerial por la ex amante de José Manuel Hernández como partícipes de la red, el primero firmando los avisos de nacimiento, el segundo intimidando a las familias biológicas que intentaron reclamar los niños.

Tres, buscar a los familiares biológicos de las víctimas para aclarar la situación en que se encuentran, si incurrieron en abandono, si fueron intimidados, extorsionados o partícipes, y si están dispuestos a consentir en la pérdida de la patria potestad mediante el juicio correspondiente, con el objetivo de regularizar la situación de los niños adoptados ilegalmente.

Y cuatro, el más delicado de todos, decidir si criminaliza o no a los padres adoptantes, ya que tanto mediática como socialmente han sido exonerados, si bien, desde el punto de vista legal, pudieron haber sido cómplices de varios delitos, como el cohecho y el tráfico de influencias.

La ignorancia y la buena fe no eximen del delito

Consultados varios abogados al respecto, todos coinciden en que la ignorancia de un delito y el actuar de buena fe son solamente atenuantes, pero no eximen a la persona de una posible acción criminal.

Es decir, no conocer la ley o haberla quebrado con las mejores intenciones no te hace inocente.

En el expediente judicial incompleto al que tuvimos acceso y del cual guardamos una copia, se consignan varias declaraciones de los padres adoptantes, cuyos nombres dejaremos en el anonimato para proteger la identidad de los menores.

Los testimonios coinciden en una serie de hechos que pudieron haber despertado las sospechas de los implicados sobre el procedimiento de adopción el cual, según sus dichos, de la noche a la mañana se aceleró de manera sorprendente, siempre mediante el pago de una cantidad de dinero que cambia según los adoptantes. Hubo quien pagó poco menos de 50 mil pesos y quien entregó 130 mil pesos.

La razón de ello: José Manuel Hernández a veces, Vladimir Arzate otras, entre la documentación que solicitaban a los interesados, estaba la de comprobante de ingresos, de lo cual se infiere que se basaban en este comprobante para fijar el precio.

Los primeros encuentros con los aspirantes se daban en restaurantes como el VIP´s del bulevar Río Sonora o el Orange Crush, en Hermosillo, o incluso en el restaurante Elba, en Santa Ana. Rara vez en las oficinas del DIF-Sonora o en la Procuraduría para la Protección del Menor y la Familia.

Muchos de los padres adoptantes llevaban dos y tres años en lista de espera del DIF-Sonora, habían cumplido ya con todos los requisitos exigidos en el proceso de adopción y habían perdido la esperanza de recibir un niño. Todos ellos sabían que el proceso no tenía ningún costo, mucho menos las exorbitantes cantidades que les solicitaban José Manuel Hernández y Vladimir Arzate.

La mayoría reconoce que fueron contactados sorpresivamente por alguno de los dos implicados después de haberse resignado a no conseguir una adopción, tras dos o tres años de iniciado el procedimiento.

Los menos declaran que contactaron a estos sujetos por medio de la recomendación de un tercero.

Ansiosos por ser padres, ya que la mayoría confiesa haberse sometido durante años a frustrantes tratamientos de fertilidad, aceptan que la alegría de tener en sus brazos un bebé en cuestión de uno o dos meses les nublaba el juicio, sin embargo, todos admiten extrañarse cuando les solicitaban tan altas cantidades de dinero. Al preguntar a qué se debía el pago, los supuestos responsables de la red de venta de niños contestaban que era para agilizar el trámite.

La entrega del dinero, siempre según los testimonios a los que tuvimos acceso, se hacía en efectivo (alguno depositó el dinero en una cuenta personal a nombre de Hernández), a veces en el domicilio de los adoptantes, a veces en un lugar público, a veces en las oficinas de la Unión Ganadera, en la que trabajaba José Manuel Hernández como asesor legal, y rara vez en la oficina de Vladimir Arzate, en ese momento subprocurador para la Defensa del Menor y la Familia.

Hay un testimonio que señala que, por encontrarse trabajando en Estados Unidos, le solicitó a José Manuel Hernández una cuenta para depositarle la mitad del dinero restante, y éste le pidió que mejor se lo entregara en mano a un amigo, en la ciudad de Phoenix, pero que no le dijera el motivo.

Reconocen los padres adoptantes llevarse otra sorpresa cuando les entregaban al bebé en el Hospital Infantil del Estado de Sonora junto con el aviso de nacimiento a nombre de la madre adoptante. Al cuestionarles el proceder, tanto Vladimir Arzate como José Manuel Hernández alegaban que así era más fácil y menos traumático para el bebé.

Uno de los testimonios señala, por ejemplo, que José Manuel Hernández los citó en el restaurante Elba de Santa Ana y que llegó acompañado de su pareja con un bebé en brazos, el cual les fue entregado en ese momento.

A rasgos generales, de las declaraciones de los padres adoptantes puede inferirse que los presuntos operadores de la red de venta de niños se aprovechaban de la vulnerabilidad de aquéllos por la frustración de no poder tener hijos y el deseo de ser padres; los sensibilizaban diciéndoles que los bebés eran hijos de prostitutas y drogadictas que los habían abandonado a su suerte; los engañaban con la oscura figura de Vladimir Arzate que, en efecto, sí trabajaba en la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia; y los embaucaban poniéndoles un bebé en sus brazos en cosa de un mes, mes y medio, cuando llevaban años esperando una posible adopción.

Pero los padres que se avinieron a declarar, todos coinciden que en algún momento el procedimiento levantó sus sospechas y que eran conscientes de que el dinero era para “agilizar” el trámite, eufemismo para ocultar el posible cohecho y tráfico de influencias.

A causa del principio ignorantia legis neminem excusat (la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley), la PGR enfrenta entonces el dilema entre aplicarlo, con lo que deberá llamar a los padres adoptantes a declarar nuevamente, poner a los niños bajo custodia del Estado y, si encuentra elementos, consignarlos ante el juez; o bien, atender al juicio mediático y social que ha victimizado a los padres adoptantes, con lo que estaría violando los derechos de los parientes biológicos de los menores y el debido proceso.

 Traficante de bebés metió a su familia al Gobierno de Sonora

Además que su esposa tenía un cargo directivo en el Sistema DIF Estatal, el ex procurador de la Defensa del Menor acusado de tráfico de menores, Vladimir Arzate Carbajal, quien obtuvo el cargo por desempeñarse en la campaña para el exgobernador del panista Guillermo Padrés, también había logrado que su hermana ingresara a la nómina del Gobierno de Sonora.

Recientemente, la diputada Federal priista, Sylvana Beltrones Sánchez, logró que se aprobará en el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación por la venta de al menos diez bebés recién nacidos que fueron arrancados del seno de sus familias biológicas y vendidos como mercancía a parejas deseosas de adoptar un hijo; la iniciativa contemplaba también el análisis de los exámenes de confianza de todos los funcionarios del DIF Estatal incluyendo a su ex presidenta y ex primera dama de Sonora, Iveth Dagnino de Padrés.

Sin embargo, Erika Jazmín Arzate Carbajal, hermana del ex funcionario acusado por tráfico de menores, continúa ocupando un cargo directivo en el Gobierno de Sonora, pues según el sitio web de Trasparencia, desde marzo del 2013 logró por designación directa el puesto de Coordinadora de Desarrollo Organizacional del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), donde se hubieran realizado los exámenes de fiabilidad a los ex funcionarios implicados en el escándalo.

Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, fue despedida de su cargo Marisol Espinoza, cónyuge del tratante confesó Vladimir Arzate Carbajal, quien también se desempeñaba en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que depende del Sistema DIF Sonora.

«Ya no labora con nosotros (la esposa de Vladimir), sí era una persona que estaba ahí en el (DIF), sin embargo en cumplimiento al proceso de entrega-recepción, aún estamos tomando acciones con respecto al personal, en donde incluía el tema de esta señorita que desde el día de ayer ya no está laborando con nosotros”, informó Karina Zárate, directora del DIF Estatal.

Cabe recordar que Marisol Espinoza y Vladimir Arzate se encontraban de luna de miel a principios del mes de mayo, cuando el ex Director de la Línea Protege de la Fiscalía de la Defensa del Menor fue localizado en Cancún, Quintana Roo, y llamado a compadecer ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora, a cargo del panista Carlos Navarro Sugich, quien dejó escapar al ex funcionario de Guillermo Padrés a pesar que éste confesó su participación en la sustracción y tráfico de al menos 13 bebés recién nacidos.

Ni la cónyuge, ni la hermana Erika Jazmín Arzate, figuran en el expediente judicial o son señaladas como sospechosas de algún delito, pero ambas lograron cargos directivos en la pasada administración por la cercanía de Vladimir Arzate con el ex mandatario panista Guillermo Padrés, quien protagonizó decenas de escándalos de corrupción durante su sexenio.

*Con información de Daniel Sánchez Dórame.