En Icreson hay nuevas reglas y nuevas mañas

Por Gerardo Moreno/

Aunque la SCJN declaró “inconstitucional” los cobros de registro de documentos, en las recientes disposiciones de la Ley de Hacienda 2014 vienen incrementos a otros montos y servicios de este mismo trámite

Uno podría pensar que al aceptar que un impuesto era inconstitucional, y que se harían los cambios a fin de hacerlo justo para todos, sería lo mejor para los ciudadanos. Pero en la práctica la situación es otra. Como ejemplo está el gravamen por el “Registro de Documentos” en donde se ajustó este año supuestamente para ser “equitativos y proporcionales”.

Pero la realidad, y que es papable al momento de pagar los servicios en las ventanillas del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), fue que los cambios hechos a la Ley de Hacienda sirven para hacer que quienes antes pagaban menos paguen más, debido a conceptos adicionales que el Estado cobra, a fin de recaudar la mayor cantidad posible.

El recuento

En su edición No. 2187 Primera Plana evidencio como la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un resolutivo al Estado de Sonora y al Congreso Local, porque el impuesto sobre “registro públicos de documentos” en la aplicación del artículo 321 numeral I de la Ley de Hacienda vigente en el 2012, era un “inconstitucional” pues iba contra el artículo 31 fracción IV de la Constitución mexicana.

El argumento fue que se cobraba el registro de documentos tomando en cuenta el monto que indicaba el documento a inscribir y en base a una tasa que iba del 5 al millar, cosa que contravenía a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria que pondera la Constitución.

En la propuesta del Paquete fiscal 2014, el Gobierno del Estado, envió una serie de reformas a la Ley de Hacienda donde se proponía cambiar el artículo 321 de dicha a ley para hacerlo un cobro en base a cuotas fijas iguales para todos los ciudadanos, sin elementos que provoquen variaciones en el cobro de un mismo servicio. Con esto ―decía la iniciativa― dejarían de obtener el estado alrededor de 40 millones de pesos.

Cobros indiscriminados

Sin embargo al aprobarse la Ley de Hacienda el día 15 de diciembre, junto con el Paquete Fiscal, se subieron todavía más los montos de los impuestos por estos servicios. Por ejemplo en la ley aprobada (que aún no está publicada en la página del Congreso y que se puede ver en el apartado de “aranceles” de la página del Icreson), en el artículo 321 inciso a): Por el servicio “En que se transmita la propiedad de un bien inmueble o de cualquier derecho real, se cobrará 2 mil 900 pesos”. En la iniciativa contemplaba solo 2 mil pesos.

A pesar de lo anterior todavía se cargan más la mano con “montos” y “servicios adicionales”, pegándole más duro a quienes tienen que realizar registros pequeños, que antes no pagarían casi nada ahora el precio se duplica y hasta se triplica.

Un caso de este tipo fue denunciado a este semanario por Víctor ―nombre que emplearemos para efectos de identificar al denunciante―, un ciudadano que pretendía registrar un terreno para lo cual esperaba le cobrarían un “servicio normal”. El 25 de noviembre del 2013 solicitó le hicieran el presupuesto de cuánto le saldría el impuesto por el registro público de su documento. En ese entonces le costaba mil pesos, más un cobro de 450 pesos, pagando en total mil 450 pesos.

Pero al enterarse que cambiarían las reglas de este impuesto para el 2014 decidió esperarse a que entrarán en vigor con la nueva ley. Sin embargo se llevó una sorpresa, pues por el mismo servicio ahora le cuesta casi el triple.

El registro que está bajo la clasificación 241301056: que según los aranceles de Icreson es de los servicios: “En que se transmita la propiedad de un bien inmueble o de cualquier derecho real se cobrará $ 2,900.00”. Aunque a Víctor le cobrarían solo 2 mil 250.

Pero además le ponen un cobro extra por “sello de registro”, bajo la clasificación 341301076. Que según los aranceles es: “Por la expedición y firma autógrafa o electrónica del sello o constancia de registro de cualquier documento registrado en los archivos físicos o electrónicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Sonora, se cobrará: 216.00 pesos”. Y al denunciante le cobran 150 pesos.

El problema viene en los subtotales, pues además le agregan ―no específica de dónde―, 150 pesos más y el cobro total es de 2 mil 550 pesos, y todavía un adicional de mil 146.00 pesos. Así por un servicio que antes le saldría en mil 450 pesos, ahora le están cobrando 3 mil 696 pesos.

Aunque se suponía que los costos serían fijos, continúan añadiendo montos provocando que los servicios sean más caros que antes, lo cual da como resultado que en el Registro Público de Documentos siguen cobrando a su antojo.