Guardería ABC: Peña prometió justicia

A cuatro años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, y ante un nuevo gobierno federal, los padres de los 49 niños fallecidos y de los más de 70 lesionados mantienen firme la misma demanda incumplida: que se haga justicia.

Agrupados principalmente en las organizaciones Manos Unidas por Nuestros Niños y Movimiento 5 de Junio, los padres de las víctimas piden que las muertes de 25 niñas y 24 niños no permanezcan impunes.

La organización Manos Unidas empuja una nueva línea de investigación que señala que el incendio fue provocado y demanda al presidente Enrique Peña Nieto cumplir el compromiso que firmó con ellos durante su campaña presidencial. Pide la reparación del daño, castigo a los culpables y mantener la atención a los infantes que sobrevivieron al siniestro.

El Movimiento 5 de Junio, por su parte, se prepara para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde buscará la oportunidad de juzgar a funcionarios públicos de alto nivel, que no le ha dado el Estado mexicano.

A pesar de que 29 personas han sido inculpadas por el caso ABC, actualmente sólo dos empleadas de menor nivel en el IMSS purgan una condena por este siniestro: Delia Irene Botello Amante y Yadira Barreras -ambas trabajadoras del área de guarderías del IMSS en Sonora-, quienes son procesadas dentro del Cereso de Hermosillo por no tener dinero suficiente para pagar la fianza que les permitiría -como a los demás impli- cados- enfrentar el proceso penal en libertad. A cuatro de los indiciados nunca se les giró orden de aprehensión y los 23 restantes obtuvieron su libertad bajo fianza.

Destaca el caso de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex «Primera Dama» del país Margarita Zavala y sobrina política del ex gobernador Eduardo Bours. La socia fundadora y presidenta del consejo de administración de la Guardería ABC se encuentra fuera del proceso penal por sobreseimiento, equivalente a una sentencia absolutoria. Esto, a pesar de la petición expresa de los padres a la ex procuradora general de la República, Marisela Morales, para que no fuera exonerada gracias a sus vínculos políticos.

«Nueva» línea de investigación

El lunes 20 de mayo, en una conferencia de prensa para difundir los detalles del documental ABC nunca más (Pedro Ultreras, 2013), que retrata los casos de tres familias afectadas por el incendio, integrantes de Manos Unidas por Nuestros Niños informaron sobre la nueva línea de investigación que compartieron con la PGR el 17 de abril.

Las pruebas recabadas por los padres de las víctimas apuntan a que el incendio fue inducido para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos generada en el sexenio de Eduardo Bours en la aplicación del programa Plan Sonora Proyecta.

Es la misma hipótesis que ese grupo de padres estableció en 2010 a partir del peritaje independiente del norteamericano David Smith -promovido en ese entonces por Fernando Gómez Mont, quien fuera secretario de Gobernación-. La hipótesis del incendio provocado se dio a conocer, curiosamente, semanas antes de que la Suprema Corte emitiera su fallo en torno a la investigación del ministro Arturo Zaldívar sobre violaciones graves a los derechos humanos, cuyos resolutivos apuntaban hacia la responsabilidad política de altos funcionarios en dichas violaciones.

Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos Unidas por Nuestros Niños, asegura que en la reunión que tuvo el martes 28 de mayo con el procurador Jesús Muri llo Karam, éste dio una instrucción directa para que personal capacitado de la PGR se aboque al esclarecimiento de esa nueva línea de investigación.

Será en cuestión de semanas, pronostica Alvarado, para que se esclarezca esa nueva línea de investigación y se puedan fincar responsabilidades a colaboradores del ex gobernador priista Eduardo Bours.

El litigante, sin embargo, aclara que el proceso penal abierto desde 2009 por delitos culposos por omisión contra los otros funcionarios públicos caminará de forma paralela.

«El hecho de que se demuestre que el incendio se produjo como consecuencia de una acción directa y no como una acción fortuita o accidental en manera alguna exime de responsabilidad a las personas que ya se encuentran sujetas a proceso, porque es distinta la hipótesis que se les sigue a ellos», explica.

En tanto, Lorenzo Ramos Félix, representante legal de Movimiento 5 de Junio, manifiesta que el grupo de padres que representa no ha definido una postura respecto a esta nueva diligencia de la PGR, pero anticipa que se apersonarán como parte afectada en esa nueva línea de investigación para que la información les sea compartida.»

REFORMA