Honestidad y eficacia, exigencia más que proclama electoral

Por Jesús Susarrey/

El pluralismo exhibe incompetencia e improbidad y genera alternancias. La ruta de la legitimidad electoral a la legitimidad política

Más que la agitación, las conjeturas y los desencuentros políticos que producen los resultados preliminares del proceso electoral, quizá lo inédito del Sonora de hoy sea la intensidad de la exigencia ciudadana de probidad y de mejores resultados de gobierno. No es que se subestime desde luego la necesaria confiabilidad del conteo de los votos, ni que la sospecha de deshonestidades e ineficacia en el ejercicio de los poderes públicos sea algo nuevo.

El pluralismo exhibe incompetencia e improbidad

Lo significativo es que se trata ahora de un sentimiento más extendido y de mayor ímpetu que tuvo su punto de inflexión en la expectativa de cambio en la manera de gobernar que generó la alternancia partidista del 2000 a nivel federal y la del 2009 en el Estado. Durante los tres lustros transcurridos el tema ha tenido centralidad en el discurso oficial, en las proclamas ciudadanas y en las asambleas legislativas.

El fenómeno no es casual, los estudiosos aciertan cuando afirman que el pluralismo político exhibe incompetencias e improbidad y genera alternancias en el poder.

Además de la gubernatura, mediante el voto la ciudadanía decidió alternar partido en alcaldías importantes como Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Nogales y Guaymas, entre otras. Con cada vez mayor frecuencia los electores deciden no refrendar su apoyo a los partidos en el poder por su deficiente desempeño. Lo mismo ocurrió como sabemos con cuatro gubernaturas más y algunas delegaciones en el Distrito Federal.

El acertado enfoque estratégico de Claudia

Si la candidata Claudia Pavlovich dimensionó el descontento ciudadano con los resultados gubernamentales y centró su propuesta en un gobierno honesto y eficaz, la consecuencia lógica en democracia electoral es el incremento de la probabilidad de apoyo a su proyecto. Si el candidato Javier Gándara compitió por el partido en el poder, sin lograr diferenciar su proyecto del gobierno actual, la consecuencia natural es aumentar el riesgo del voto de castigo aún con las bondades de su propuesta y sus reconocidos méritos cívicos y políticos. Nada nuevo por supuesto pero dimensiona la exigencia colectiva y el tamaño del reto de la próxima administración.

Poco puede abonarse técnicamente al planteamiento de la próxima Gobernadora, los ejes derivados de su propuesta son muy puntuales, lo mismo contempla el problema de financiamiento de las políticas públicas y la pesada deuda que heredará, la ausencia de un plan para el desarrollo regional, que la lacerante desigualdad social. La instrumentación de un nuevo modelo de transparencia y rendición de cuentas es parte central de su propuesta. El listado de las inconsistencias y rezagos que se pretende corregir es enorme.

Adicionalmente de los diagnósticos y las alternativas técnicas que se formulen, una reflexión obligada es la ruta que deberá seguirse para restar intensidad al escepticismo ciudadano y responder con celeridad a la exigencia de ceñir a la ley a los servidores públicos y supervisar su desempeño para traducirlo en resultados satisfactorios. Cierto que los escandalosos excesos del actual gobierno fueron exhibidos y explican el desencanto y la irritación, pero hay que apuntar que los planes de desarrollo de administraciones anteriores, contemplan estrategias para elevar eficiencia y transparencia que tampoco se cumplieron.

La insoslayable ruta de la legitimidad y confianza

Si la filosofía política establece que la legitimidad de los votos no se traduce en legitimidad política si la confianza ciudadana generada durante la contienda electoral no se mantiene durante el ejercicio de gobierno, la interrogante es cómo lograr su continuidad y cómo construir confianza entre quienes apostaron al adversario. Las respuestas seguramente giran en torno a la inclusión, la tolerancia, la participación ciudadana efectiva, el respeto a las libertades y el ejercicio de gobierno estrictamente apegado a derecho.

Cualesquier sonorense medianamente informado sabe que los procesos electorales imponen a los candidatos una dinámica que hace que los parámetros para lograr un buen desempeño electoral disten mucho de los que requiere el adecuado ejercicio de gobierno. Las carencias del Sonora de hoy y la incapacidad institucional para atenderlas motivan una reflexión sobre la naturaleza de las fallas. No es sólo la señalada impericia de un gobierno que no ha estado a la altura de las exigencias y el difícil entorno económico nacional. Las causas sabemos que apuntan también hacia la evidente crisis ética y moral en el ejercicio del poder público.

El compromiso que asumió la candidata triunfadora con su propuesta de un gobierno honesto y eficaz no es menor, generó sin duda entusiasmo y simpatías, corresponde ahora instrumentarla. La honestidad es un valor objetivo y universal que debe ser consustancial al ejercicio del poder. No es sólo un atributo que exige la ciudadanía, es también un deber ético y una obligación legal. Digámoslo con claridad, sin probidad en el manejo de los bienes públicos, sin un férreo compromiso con la transparencia y la efectiva rendición de cuentas, sin congruencia entre el decir y el hacer, difícilmente un gobierno puede ser eficaz. A la candidata Claudia Pavlovich la distinguen determinación, firmeza de propósitos y el electorado apostó a su compromiso.