Intervención ciudadana, irresponsabilidad gubernamental

Por Imanol Caneyada/

Durante 2014, el Gobierno municipal de Hermosillo únicamente ejerció el 17.73% del presupuesto de egresos programado

La idea del contrato social surgió en el siglo XVIII con Jean Jaques Rousseau y fue cobrando forma gracias a otros filósofos como John Locke y Thomas Hobbes. Básicamente expresa el pacto entre el Estado y los ciudadanos (quienes eligen mediante el sufragio a sus representantes) para que la sociedad pueda funcionar lo más civilizadamente posible.

En este contrato, el ciudadano cede parte de su libertad (al acatar reglas, normas y leyes) y entrega un porcentaje de su hacienda (impuestos) al Estado, a cambio de que éste le proporcione principalmente seguridad y protección, además de salud, educación y servicios básicos.

Cuando un ciudadano rompe con el pacto, es decir, deja de acatar las leyes y/o evade el pago de sus impuestos, recibe un castigo en proporción a su crimen.

¿Pero qué pasa cuando el Estado rompe con el pacto? ¿Qué sucede cuando provee de manera deficiente la seguridad, la salud, la educación, los servicios básicos o, de plano, deja de proveerlos?

En los regímenes democráticos, los representantes encargados de hacer valer el contrato por parte del Estado (los gobernantes) son destituidos mediante el sufragio, el referéndum o la consulta popular; en los regímenes no democráticos el camino suele ser la revuelta social.

Cada día en que vamos conociendo más detalles de la gestión del Gobierno estatal y municipal salientes, los hermosillenses confirmamos lo que ya sabíamos: los gobernantes que ostentaron el poder hasta hace un mes rompieron impunemente con el pacto social y dejaron al estado y al municipio de Hermosillo en una grave situación de deterioro y crisis.

En el caso concreto de Hermosillo, la respuesta de algunos ciudadanos ha sido la de organizarse y hacer algo por su ciudad y por ellos mismos.

En estos días, un grupo de jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Hermosillo, inscritos en la carrera de Mercadotecnia, instrumentaron una iniciativa a la que llamaron Bachesquad.

Dirigidos por su maestro de Laboratorio de Medios Digitales, Manuel D´Argent, estos jóvenes quisieron aportar algo a la comunidad diseñando un proyecto para redes sociales. Según ellos mismos dan cuenta, al principio se trataba de que la gente denunciara alguno de los miles de baches que llenan las calles de la capital del estado a través de una foto y señalando su ubicación.

Posteriormente, pensaron que no era suficiente y se lanzaron ellos mismos a las calles a tapar los baches con arena para evitar daños mayores en las llantas y amortiguación de los sufridos automóviles capitalinos. Es necesario aclarar que la arena que utilizan, las herramientas y la mano de obra la ponen los estudiantes.

La acción proactiva de estos jóvenes ha provocado mucha controversia entre los hermosillenses; mientras unos aplauden su iniciativa, otros les recuerdan que es obligación del Gobierno municipal arreglar los baches y pavimentar las calles.

Y en efecto, lo es, pues para eso los ciudadanos pagan impuestos como el predial, la tenencia vehicular y el alto impuesto que la Hacienda federal le aplica a la gasolina.

Bachesquad no es el único proyecto ciudadano en Hermosillo que suple parcialmente las deficiencias de los gobernantes y su violación sistemática del contrato social.

Organizaciones como COAT y Pata de Perro hace ya algunos años que trabajan en pro de la esterilización de las mascotas, el rescate de mascotas abandonadas por amos irresponsables, además de luchar contra el maltrato animal.

De lado del gobierno, el Ayuntamiento no ha aplicado la nueva ley porque no están las condiciones dadas y el Centro Antirrábico carece de la infraestructura necesaria, los programas óptimos para enfrentar un problema que atañe la salud pública y por carecer, carece hasta de comida para los animales que van a dar al lugar.

Mucho más graves son las iniciativas ciudadanas que apuntan a la organización de grupos de autodefensa para proteger las calles de la delincuencia.

Al menos habitantes de seis colonias entre 2014 y 2015 se han organizado para combatir los embates del crimen en Hermosillo: Mesa del Seri, Real del Carmen, Quintas del Sol, Amapolas, Palo Verde y Villas del Real.

En todos los ejemplos anteriores, el denominador común es que los ciudadanos articulan iniciativas para llenar los huecos que el Estado deja, bien por negligencia, bien por incompetencia, bien por corrupción, o por la combinación de los tres factores.

Pero entonces, si los ciudadanos invierten tiempo, dinero y esfuerzo para realizar las tareas del Gobierno, ¿para qué queremos un Gobierno? ¿Para qué destinar un porcentaje de nuestra hacienda a sostener un aparato caro e ineficiente que a todas luces no ha cumplido?

Un Ayuntamiento incapaz de ejercer el presupuesto

Según la información consignada por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo en su II Informe, el Gobierno municipal encabezado por Alejandro López Caballero dispuso de un presupuesto de egresos de 2 mil 318 millones 117 mil 237 pesos con 21 centavos para ejercerlo durante el año 2014.

Sin embargo, de enero a diciembre del año pasado únicamente gastó el 17.73% de dicho presupuesto, es decir, 411 millones 133 mil 318 pesos con 38 centavos; dejó de ejercer el dinero presupuestado por un monto de casi dos mil millones de pesos.

Llama la atención que en el rubro de Inversión Pública (clave 60000), el Gobierno municipal haya programado un presupuesto de 310 millones con 19 mil 155 pesos, y únicamente haya gastado durante los doce meses de 2014 el 7.72%, es decir, 23 millones 943 mil 788 pesos, dejando sin ejercer 286 millones 075 mil 366 pesos.

Llama la atención porque, precisamente, la crisis de servicios públicos en Hermosillo ha llegado a grados nunca antes vistos.

Otro rubro interesante es el destinado al pago de deuda pública (clave 90000). Para el año pasado, el Ayuntamiento fijó un monto de 117 millones 782 mil 608 pesos con el objeto de solventar parte de la enorme deuda que arrastra el municipio; no obstante, únicamente ejercieron el 21.36%, equivalente a 25 millones 162 mil 849 pesos; dejaron de ejercer 92 millones 619 mil 759 pesos.

Las preguntas de por qué y dónde está ese dinero tendrán que responderlas las nuevas autoridades y pronto.

El subejercicio presupuestal, es decir, la incapacidad de administrar y gastar adecuadamente el dinero público disponible en beneficio de la comunidad, es por sí solo un delito administrativo.

Con este panorama, las iniciativas y las intervenciones ciudadanas son bienvenidas, por supuesto, pues habla de una sociedad dispuesta a comprometerse con su entorno; no obstante, el contrato social deja muy claro cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, sus derechos y deberes, y si el Estado en cualquiera de sus niveles no cumple, y no recibe el correspondiente castigo, la impunidad terminará por orillar a los ciudadanos a autogobernarse, con la consecuente ruptura del pacto social y el caos.