Investigan empresas fantasmas y triangulaciones inmobiliarias de Gómez Urrutia

De acuerdo a revelaciones periodísticas del diario “Eje Central” el líder sindical está involucrado en el manejo de empresas fantasmas y triangulaciones inmobiliarias que le permitieron «desaparecer» 3.2 millones de dólares del fondo para trabajadores

Por Redacción

El líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, utilizaría una red de empresas fantasmas ligado a personajes con historial de fraudes, para presuntamente dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea, así lo consigna una investigación periodística del diario “Eje Central”.

Según revelan los reporteros Jonathan Nácar y Tomás de la Rosa, el también senador de MORENA, se apoyó en personajes que ahora forman parte de las expedientes ligados a investigaciones contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Es así que durante nueve años, el líder sindical operó esta red, un entramado similar a los mecanismos empleados por el exmandatario veracruzano, con los cuales desviaba recursos públicos para su beneficio, según las acusaciones en su contra.

“Eje Central” publica que según expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, todo esto según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores.

Histórica deuda a mineros de Cananea  

Como se recordará, después del cierre de la mina de Cananea, los trabajadores exigieron los indemnizaran (el 5% de la compraventa). Fue hasta hace 13 años cuando finalmente lo lograron y Grupo México entregó cerca de 55 millones de dólares al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) a través de un Fideicomiso. Pero los trabajadores históricamente han denunciado que no fueron beneficiados con el recurso.

En estos años han surgido diversas denuncias contra el líder minero, las cuales se reactivaron a últimas semanas. En noviembre del año pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México concedió una suspensión contra el aseguramiento de tres cuentas bancarias del sindicato, por un monto de 340 mil dólares, que habían sido congeladas como parte de las investigaciones sobre el desvío del dinero de los mineros de Cananea.

A continuación, parte del trabajo de “Eje Central” que revela el presunto ‘modus operandi’ de Gómez Urrutia:

Todo comenzó en San Pedro

En una operación que podría considerarse inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia adquirió dos predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292 mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2.

La compraventa de esos bienes fue una operación en regla; aunque el nombre de María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder minero, que permitieron a Napo —como le llaman sus allegados—, y a Héctor Félix Estrella, entonces tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.

Casi tres lustros después, la plusvalía de la zona se disparó cerca de 700% o bien 16% promedio anual, porque actualmente las propiedades aledañas a esos predios se venden en mil 933 dólares el metro cuadrado. Es decir, el predio que adquirió y posteriormente cedió el sindicato minero se cotiza actualmente en unos 19.33 millones de dólares, según el portal especializado en bienes raíces, Metros Cúbicos. Sin embargo, el líder sindical malbarató esas propiedades.

Deuda inexplicable

Seis días después de que María del Carmen Páez Martínez recibió un millón 825 mil dólares por los predios ubicados en el municipio considerado como el más rico del país por su alto PIB per cápita, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos (unos 2.45 millones de dólares), con una empresa que entonces era de muy reciente creación, denominada Inmobiliaria Vajaco, según la escritura que protocolizó el acuerdo entre el sindicato minero y el misterioso acreedor.

“Declara el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, por conducto de su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, que reconoce adeudar a Inmobiliaria Vajaco, S.A. de C.V., la cantidad de 26 millones de pesos, derivada de una cesión de derechos de fecha de 28 de diciembre de 2005, pero que en estos momentos su representada no tiene liquidez para solventar en efectivo, por lo que propone a través de este convenio que dicha cantidad sea cubierta mediante la dación en pago que el sindicato realice a favor de Inmobiliaria Vajaco, S.A. de C.V., de los inmuebles”, señala el acta del Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior Justicia de la Ciudad México.

No sólo era una deuda inexplicable, sino que estaba utilizando dinero que no era propiedad del SNTMMSSRM, sino sólo de los mineros de Cananea.

Sobre el motivo que originó la deuda del sindicato con Vajaco, empresa que originalmente era, en marzo de 2004, como Grupo Alde de Querétaro, filial del Grupo Alde —creada desde 1995 por los empresarios guanajuatenses Eugenio Albo Moreno y su hijo Albo Moreno Urías—, y lo que motivó que ese pasivo fuera avalado por Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato, este semanario consultó al sindicato; sin embargo, no se tuvo respuesta.

Con la dación en pago a Inmobiliaria Vajaco por la deuda de 26 millones de pesos, el sindicato perdió dinero, porque la deuda era mucho más barata que el costo del predio y le hubiera sido más conveniente vender la propiedad ante el crecimiento comercial que estaba mostrando.

Debut y despedida 

Desde su origen en la constitución de Inmobiliaria Vajaco se advierte ciertas irregularidades. No sólo porque según su registro inicial como Grupo Alde de Querétaro S.A., de C.V., se hizo desde enero de 2005, pero el registro quedó protocolizado hasta agosto de 2011, cuando cambió de dueños y de denominación social.

Para todas las operaciones aparece un solo notario el número 230 de la Ciudad de México, Alfredo Bazúa Witte, quien primero fue designado para registrar a Grupo Alde y transformarla en Inmobiliaria Vajaco. En un segundo trámite se utilizó para el reconocimiento de la deuda de los 26 millones de pesos, entre el sindicato y la empresa. También hizo el registro de la demanda que se interpuso contra el sindicato minero y la sentencia que le permitió a Vajaco apropiarse de los predios de San Pedro Garza García.

El nombre de Bazúa Witte además figura en indagatorias que lo vinculan con la conformación de compañías presuntamente simuladoras para desviar recursos en beneficio de Gómez Urrutia y su familia.

Once meses después de haber sido constituida Grupo Alde de Querétaro, en enero de 2005, cambió de denominación y los socios, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, ambos notarios y empresarios guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones en el mismo capital inicial que invirtieron en su conformación. Es decir, la compañía se vendió en un millón de pesos a dos personajes de bajo perfil de quienes no registran operaciones visibles y a quienes indagan las autoridades.

Para protegerse, entre las condiciones que impusieron los empresarios Albo fue que el nombre de Grupo Alde de Querétaro no pudiera ser utilizado tras el cambio de denominación de la empresa a Inmobiliaria Vajaco, que de lo contrario se haría acreedor a una multa de 10 millones de pesos. El socio mayoritario que adquirió las acciones resultó ser un personaje identificado como Daniel Ulises Cinco Zebadúa o Daniel Cinco Zebadúa, y Diego Bermúdez Benavides, supuesto empleado o empresario chiapaneco en el ramo farmacéutico.

Diego Bermúdez Benavides, residente de la ciudad de México adquirió una parte mínima (1/ 100 mil) de las acciones, apenas tiene 23 años de edad y no existe algún otro dato como empresario.

Como parte de esta nueva administración de Inmobiliaria Vajaco fue nombrado Javier Nava Soria comisario, “para el ejercicio fiscal 2011”. Este personaje aparece en los expedientes contra el exgobernador Javier Duarte, como su presunto prestanombres y operador financiero, por lo que fue vinculado a proceso en febrero de 2018, acusado de los delitos de delincuencia organizada y el presunto desvío de más de 223 millones de pesos por ese caso.

De acuerdo con el libro “Fox: negocios a la sombra del poder”, en las empresas de los Eugenio Albo, también participaban familiares del entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Muestra de ello es que el sobrino del expresidente panista Arturo Bernabé Torres Fox, era tesorero de Grupo Alde de Querétaro; en tanto, Eugenio Albo Urías, está casado con Mariana Torres Fox, sobrina del exmandatario.

La virtud de la paciencia

El 11 de agosto de 2011, apenas 10 días después de que el notario Bazúa Witte formalizó el registro de Inmobiliaria Vajaco, la empresa demandó al sindicato representado por Gómez Urrutia, exigiendo el cumplimiento del convenio de dación de pago que el mismo líder y ahora senador reconoció en calidad de representante, a través del instrumento notarial: “testimonio de la escritura de la formalización del convenio privado de dación de pago”, del sindicato en favor de la empresa que fue registrado por el mismo notario público.

De acuerdo con el expediente del juicio mercantil entre el SNTMMSSRM e Inmobiliaria Vajaco, así como la consulta de abogados al respecto, se trató de un juicio en el que los abogados del sindicato, considerados unos expertos en litigio, mostraron un bajo rigor. No sólo porque era mejor comercializarlo y pagar la supuesta en efectivo, sino porque la inmobiliaria resultó ganadora bajo el argumento de que Cinco Zebadúa no contaba con la personalidad jurídica para mantener una deuda con el sindicato minero.

En una aparente batalla legal entre el sindicato y Vajaco, que se resolvió en cinco meses con la organización laboral como perdedora, porque fue el 12 de agosto de 2011 cuando un juez civil admitió la demanda contra el sindicato y el 18 de enero de 2012 se emitió el fallo definitivo. Fue tan mala su defensa que apeló la decisión judicial que se emitió en su contra fuera del periodo establecido por la ley, por lo que fue desechada de inmediato.

Venta y dispersión fantasma

Después de más de dos años de que se hizo de los terrenos del sindicato, Inmobiliaria Vajaco realizó la venta de los predios. El comprador fue Humberto Garza Valdez, uno de los cuatro hijos del fundador y mayor accionista de Grupo Famsa, empresa con más de 800 establecimientos en México y Estados Unidos en el negocio financiero y tiendas departamentales.

El 3 de septiembre de 2014 fue cuando Inmobiliaria Vajaco, representada por Roberto Benjamín Ibarra de Rueda, abogado asociado en el despacho Contreras y Janeiro Abogados SC., firmó el contrato de compraventa de los predios de El Santuario, por un monto de 31 millones 178 mil pesos como ganancia para Inmobiliaria Vajaco, con el ignoto Cinco Zebadúa como titular.

El despacho en el que entonces laboraba Ibarra de Rueda, se definía como “una de las firmas de abogados de mayor relevancia en el país”, creada en enero de 2003 por José Contreras Mantecón y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados como presuntos operadores en el desvío de recursos del gobierno de Veracruz durante la gestión de Duarte Ochoa (diciembre de 2010 a noviembre de 2016). Al menos hasta el año pasado, Janeiro Rodríguez era considerado por las autoridades de Veracruz como testigo colaborador contra el exgobernador.

Por parte del comprador, Garza Valdez, fundador de la empresa que hasta el 29 de enero tenía un valor de mercado de cuatro mil 550 millones de pesos, compró los dos terrenos el 21 de octubre de 2014. Y dos años después de la adquisición, el empresario recibió el visto bueno de las autoridades del municipio de San Pedro Garza García para la construcción de mil metros cuadrados en uno de los predios. Vivienda que tendría además seis cajones para el estacionamiento de vehículos.

En tanto, sobre la ganancia de más de 30 millones de pesos que Inmobiliaria Vajaco recibió por la compraventa de los predios, las indagatorias de las autoridades tienen ubicado que un monto de poco más de 10 millones 153 mil pesos fueron dispersados a través de cuatro empresas señaladas como simuladoras o fantasma por el SAT, todas ellas creadas entre diciembre de 2012 y julio de 2013.