Libertad de expresión sin adjetivos

Por Rafael Cano Franco/

“La libertad de expresión es decir lo que algunas personas no quieren oír” (George Orwell).

No hay democracia sin libertad de expresión.

A ningún político o funcionario, ninguno, le resulta agradable que a través de la prensa se le critique y menos les gusta que los señalamientos los desnuden públicamente y exhiban lo pobre de su gestión, ya en el peor de los casos, dejen constancia escrita de la corrupción en la que pudieron incurrir.

Muchos de los políticos manejan un grado de tolerancia a esa crítica y la aceptan, pero hay otros que se rasgan las vestiduras porque alegan que se les causó un gran daño moral al momento de exhibir sus flaquezas lo que los lleva a demandar al periodista.

Son de una clase muy especial porque además de ser corruptos resultan muy “delicaditos”.

La situación del periodista en México es crítica, nuestro país ocupa el lugar 132, de 197 naciones evaluadas, en materia de libertad de prensa y esto tiene como contexto la situación política, económica y el marco legal que resultan adversos para quienes ejercen el periodismo en cualquiera de sus modalidades.

El lunes 25 de agosto, la asociación internacional Freedom House advirtió que a pesar de que la libertad de expresión en México está incluida en la Constitución y a pesar de recientes reformas legales para apuntalar ese derecho, todavía prevalecen condiciones que limitan el trabajo de los periodistas.

El reporte indica que leyes penales contra la difamación siguen vigentes en 12 de las 32 entidades del país y tanto los Códigos Penales y Civiles son utilizados para intimidar a los periodistas.

En Sonora no es la excepción, los juzgados civiles han abierto sus puertas para recibir todo tipo de demandas, sin mayor análisis y estudio del delito, sólo importa que alguien acuda a denunciar a un periodista para que inicien un proceso legal sin importar en los más mínimo que la acusación vaya documentada y con las pruebas suficientes para abrir un proceso.

Un axioma básico de derecho es que quien acusa tiene la carga de la prueba, pero en Sonora eso no es necesario, basta con copiar y pegar artículos referentes al tema de la libertad de expresión o buscar conceptos legales para llevarlos al papel y a partir de eso armar una demanda.

Esto que sucede en el sistema judicial de Sonora solamente puede entenderse como una forma de intimidación para los periodistas; se entiende que pueden existir verdaderos casos de difamación o calumnias y si se pueden demostrar con pruebas deben llegar a los tribunales; el problema que en las demandas en serie que a últimas fechas aceptan los juzgados civiles al no probar su afirmación y darles curso, es un indicativo de que la nueva forma de persecución pretende disfrazarse de un acto legal.

Los funcionarios y políticos del pasado, los de ahora y los que vendrán serían felices si la prensa no les exhibe sus acciones y los lleva a la palestra pública para que el ciudadano los juzgue en su justa dimensión y no en la que ellos creen tener.

No es casual el dato que aporta la organización Artículo 19, donde indica que las agresiones contra comunicadores (agresiones físicas, hostigamiento, acoso y demandas civiles) crecieron un 59 por ciento en México en este año y la mayoría son cometidas por servidores públicos o ex funcionarios que amenazan o atacan a la prensa.

Lo contrastante es que mientras a los periodistas se les acosa y persigue por cualquier medio, en México nos ubicamos en el séptimo lugar mundial en impunidad de crímenes contra periodistas y entre 2000 y 2013 más de ochenta periodistas fueron asesinados sin mayor castigo que la condena pública y el discurso oficial ofreciendo justicia, pero sin mayores resultados.

La desventaja es grande porque mientras las demandas contra los periodistas proceden y se radican, las leyes no los protegen y menos garantizan el derecho de libertad de expresión, peor aún: cualquiera que se sienta agraviado puede recurrir a la agresión física sin que nadie lo moleste.

Con base en lo anterior, ejercer el periodismo en México y ahora en Sonora, deja a los periodistas en completo estado de indefensión.

Si realmente queremos una sociedad democrática, debemos partir de la base de una auténtica prensa libre, de una defensa irrestricta a la libertad de expresión y eliminar de los Códigos Civiles la difamación y la calumnia para que nadie los pueda utilizar como forma de intimidar a los periodistas.

Es un trabajo que corresponde al Poder Legislativo, pero también a la capacidad de los periodistas para organizarnos y defendernos.