Modificaciones atacan a los derechos humanos

Para el abogado especialista en materia penal y ex fiscal de Sonora, una de las propuestas más preocupantes es permitir a los agentes del Ministerio Público utilizar la figura del arraigo en todos los delitos, porque atenta contra los derechos fundamentales

Por Redacción

Si se logra concretar una reforma al sistema de procuración e impartición de justicia nacional como se filtró a nivel nacional, se aprobarían figuras que son claramente violatorias a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos como la presunción de inocencia, aseguró el abogado Rodolfo Montes de Oca.

El especialista en materia penal, quien además fue Fiscal General de Sonora, explicó que de ser cierta la propuesta de iniciativa filtrada, contempla la medida del arraigo para todos los delitos, lo cual es muy peligroso por el abuso que se puede tener de esta figura.

“En este momento el arraigo existe pero solamente para el delito de delincuencia organizada, entonces lo que quieren es que se amplíe para todos los delitos. A mí me parece que sería atentatorio del principio de presunción de inocencia y es una herramienta en donde, en nuestro país, si está en manos de algún funcionario escrupuloso, se puede prestar para muchas injusticias”.

Precisó que esta propuesta solo estarían de acuerdo los integrantes de las fiscalías generales, porque les da muchas más facultades para perseguir e investigar los delitos de una manera más afectiva, práctica y rápida, pero al resto de los ciudadanos sin duda les afectaría y en general a todo el sistema de justicia.

Nuevo sistema va bien

Montes de Oca recordó que el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con juicios orales, es relativamente reciente en México y mucho más en Sonora. Las modificaciones apenas se aprobaron en 2008 y se dio un plazo de ocho años para que todos los estados se adecuen.

“Fue un momento muy difícil y radical para que nuestra sociedad pudiera, primero permitir que se reformará nuestra Constitución para modificar un sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal inquisitorial, a uno oral acusatorio”.

Sin embargo, en Sonora fue hasta el 2015 que se comenzaron a reformar la constitución y las leyes para implementar el nuevo sistema oral y se realizó una tarea titánica en cuanto a adecuación de espacios y capacitaron de todo el personal que interviene, pero al final se logró implementar en tiempo y forma.

“Desde la perspectiva del postulado 17 Constitucional, que dice que todos los mexicanos tenemos derecho a recibir una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, si lo mejora por mucho la implementación de este sistema acusatorio, porque la justicia se logra más rápido”.

También brinda transparencia, porque los juicios y audiencias son públicas, donde se está viendo el desempeño e intervención de los abogados, los ministerios públicos, a sus ayudantes y al juez.

Sin embargo, dijo apenas nos estábamos acomodando, cada semana se están emitiendo nuevos criterios de actuación y se está perfeccionando y mejorando. Pero ahora pretenden cambiar todo el sistema de nuevo, a algo que no se puede decir que sea lo correcto.

El arraigo, el principal problema

Una de las propuestas que más preocupa dentro de estas nuevas reformas es permitir a los agentes del Ministerio Público utilizar la figura del arraigo en todos los delitos, es decir que si ven que existe “causa probable” que seas culpable te detendrán mientras investigan, algo que dijo es muy peligroso porque atenta directamente con los derechos humanos fundamentales.

“A mí me parece que atenta de manera frontal contra el principio de presunción de inocencia, porque aun cuando sea en un ‘hotelucho’ o en una casa de seguridad, no dejas de estar privado de tu libertad. Y los bienes más preciados que tenemos son primero la vida y luego la libertad”.

Detalló que actualmente está la figura de la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar para garantizar que un imputado llevará completo su juicio, obligando que esté encerrado en una cárcel mientras se lleva el proceso.

Esto, dijo, debería quitarse y solo quedarse cuando realmente sea justificado, que es cuando hay riesgo de fuga, riesgo para los testigos o para la comunidad, o si puede entorpecer el procedimiento.

“Es muy fácil que si la investigación complementaria va a durar seis meses, pues es tiempo en que vas a estar encerrado y para mi esa es una pena anticipada, te están dando una cárcel anticipada y eso choca y es una coalición directa con el principio de presunción de inocencia”.

Aclaró que la misma Ley contempla 14 medidas cautelares que van desde firmar cada semana ante un juez, aseguramiento de bienes o cuentas bancarias, vigilancia policiaca, hasta la colocación de un localizador electrónico, el aseguramiento en su domicilio y hasta el último está la prisión preventiva.

Por eso dijo, si la prisión preventiva no es algo recomendable para el sentido del nuevo sistema de justicia menos será el arraigo, porque esa figura ni siquiera pasará por un control judicial es el mismo Ministerio Público quien la puede dictar.

“Lo más delicado es la presunción de inocencia a la que todos debemos tener derecho, como dice el principio: nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario”.

Contra la intimidad y libertad

Otras de las cuestiones que se incluyen dentro de las reformas que fueron filtradas y que también son muy peligrosas porque no solo invaden la intimidad y la libertad de las personas sino que se presta a caer en falsas acusaciones, es tengan valor probatorio de un delito la evidencia obtenida de manera ilícita.

“Esa sí atenta contra los derechos humanos, porque si tú estás en una conversación telefónica privada, está la pueden intervenir aun sin la aprobación de un juez y si comentas algo que te comprometa esa prueba tiene valor y te puede condenar”.

Aseguró que él solo propondría dos cambios al actual sistema penal acusatorio: uno es que las sentencias e incluso la medida cautelar de prisión preventiva sean dictadas por un Jurado Popular conformado por ciudadanos, y segundo que se permita recabar la prueba anticipada de los testigos.

“A como está ahorita sucede mucho que los testigos el día de la audiencia no llegan o días antes dicen que no quieren ir por temor a represalias… mi propuesta fue y sigue siendo que la prueba anticipada se pueda llevar a cabo siempre y se pueda utilizar en el juicio y tenga valor”.

Por otro lado un punto que dijo si contemplan las iniciativas filtradas y que se debería tomar en cuenta es crear un Código Penal Nacional Único, que sea aplicado de manera igual en todos los estados de la República y así evitar deferencias en la impartición de justicia.

Sin embargo, aseguró que aún este punto debe ser debidamente socializado y acordado entre todas las partes involucrados y que se acepte la opinión de expertos en la materia de la sociedad en general, porque al final todas estas decisiones afectarán a todos los mexicanos.

*Rodolfo Montes de Oca. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Estudiante de la maestría en ciencias penales por investigación en el Instituto Nacional de Ciencias. Ex Fiscal de Justicia de Sonora.